Fiscal Nacional está preocupado porque bienes y dineros de decomisos no están llegando al Estado

Esta mañana el Fiscal Nacional Sabas Chahuán llegó a los Tribunales de Justia para expresar su preocupación por los problemas que está teniendo el sistema en el decomiso de bienes e inmuebles, cuyos dineros no llegan al Estado, imposibilitando que los organismos que trabajan en el tratamiento con adictos a las drogas puedan recibir dichos dineros.

Chahuán le entregó a Rubén Ballesteros un informe diagnóstico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto de los bienes decomisados en el país y a los nudos críticos de dicho proceso en el que están involucrados varios poderes del Estado.

La autoridad le manifestó al máximo representante del Poder Judicial su preocupación por el estancamiento de bienes no rematados, pese a estar en comiso, y cuyos fondos no llegan a manos de SENDA, organismo competente para la rehabilitación y prevención del tráfico de drogas, dependiente del Ministerio del Trabajo.

“Nos reunimos porque hay una cantidad de bienes que son decomisados como sanción accesoria de los condenados por lavado de dinero y narcotráfico. La Fiscalía ha obtenido que los Tribunales en más de 46 casos hayan condenado por lavado de activos y hay bienes que están decomisados, y que deben ser rematados para poner los fondos a disposición del SENDA para la prevención del tráfico de drogas y rehabilitación sobre todo”, explicó Chahuán.

En una causa por lavado de dinero, tráfico de drogas o crimen organizado en general, tanto el dinero como los bienes -casas, vehículos, entre otros- son incautados por la Fiscalía hasta el final de la investigación.

Si los involucrados son condenados, se solicita que tales bienes pasen a comiso, o queden decomisados, es decir, que los dineros reunidos sean traspasados al Estado, y mediante remate, sus fondos lleguen a SENDA. Sin embargo, la ejecución de esta sanción accesoria no se está cumpliendo a cabalidad, de acuerdo al informe del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina.

Lo anterior significa que muchos de los inmuebles que fueron decomisados a narcotraficantes, después de años, siguen siendo ocupados por ellos, sin que los dineros lleguen a manos del Estado. Algo similar ocurre con los automóviles decomisados a narcotraficantes. Estos no son rematados, produciéndose una devalúo de ellos, y además implica que instituciones como la Fiscalía debe pagar el arriendo en corrales municipales.

“Nos preocupa que son recursos que deberían estar a disposición del Estado, por lo que hay que generar las coordinaciones necesarias toda vez que la ley restringe las competencias de la Fiscalía para lograr estos remates. Entonces estamos obligados y tenemos toda la disposición de colaborar con el Poder Judicial y la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP) para que se rematen estos bienes y se pongan a disposición los recursos. Estamos hablando de 42 sentencias. Hay cerca de 100 inmuebles y 650 millones de pesos en automóviles y nos preocupa que se cumpla la ley”, dijo Chahuán.

Informe de la OEA

Entre los documentos presentados por el Fiscal Nacional ante el poder Judicial, se encuentra un informe de la Comisión Interamericana de la Prevención del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), deducido del taller realizado en Chile en agosto pasado para promover la ejecución y administración de los bienes decomisos, además de un informe anterior del mismo tenor desarrollado en 2009 en el marco del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL).

Entre las principales conclusiones del taller que analizó la situación chilena, destaca la carencia de un sistema que organice efectiva y eficientemente el manejo de los bienes incautados. La desarticulación de las instituciones del Estado en el combate a las drogas, sin perjuicio de los importantes esfuerzos que se realizan.

Además de mayor capacitación para determinar las especies o bienes a incautar, para diferenciar claramente las evidencias de otros bienes de valor económico.

Mejorar la gestión de control de los bienes, a fin que se encuentren debidamente detallados e inventariados.

La investigación patrimonial debe hacerse a fondo para privar a los delincuentes de los bienes que realmente tiene un valor económico.

Finalmente, se destaca necesaria la asignación de más recursos humanos, materiales y tecnológicos, y avanzar en un registro de bienes incautados y decomisados, así como de un organismo especializado en la administración, disposición, mantenimiento, conservación o distribución.