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16 de Diciembre de 2025Contraloría detecta que apenas el 12% de las cárceles tienen inhibición de celular y miles de internos recibieron visitas pese a prohibición
Contraloría hizo una radiografía a la seguridad pública, el control de armas y municiones, la incautación y destrucción de drogas para el periodo de enero 2023 a julio de 2025, encontrando decenas de irregularidades y deficiencias en la administración.
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La Contraloría General de la República, organismo dirigido por Dorothy Pérez, en su división de fiscalización, elaboró su primer Consolidado de Resultados de Auditoría. Una radiografía a la seguridad pública, el control de armas y municiones, la incautación y destrucción de drogas, durante el periodo de enero 2023 a julio de 2025.
A raíz de los hallazgos, Contraloría instruyó tres procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales, nueve informes remitidos al Ministerio Público: uno de ellos al Consejo de Defensa del Estado y un informe remitido a la Fiscalía de Aviación.
En el ítem de seguridad pública, se detectó que 70 de 79 establecimientos penitenciarios no planificaron allanamientos ordinarios durante el 2024. Y que hay equipamiento adquirido sin utilizar en los centros penitenciarios.
También revela que 1.279 internos del sistema recibieron visitas cuando tenían prohibición para ello. Además, 1.539 ciudadanos visitaron internos mientras se encontraban con prohibición de acceso, y que ingresaron 479 personas categorizadas en el sistema como “abogados privados” de los cuales no se pudo acreditar la profesión.

FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS
Respecto de la inhibición de señal de celulares, de los 79 recintos de régimen cerrado que hay en el país, solo 10 (12%) cuentan con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular, de los cuales solo tres bloquean señal 5G.
Pese a que los teléfonos móviles estén bloqueados por el sistema, estos pueden conectarse a internet vía Wifi.
Control fronterizo, orden público y vehicular
Respecto a las labores de control fronterizo, se pudo verificar que los funcionarios del Ejército y Carabineros desplegados en labores de control fronterizo con capacidades médicas limitadas, sin contar con el examen para labores en altura, y sin las certificaciones relacionadas con habilidades de combate.
Además, Contraloría constató que no se realizó la totalidad de las visitas a los hitos fronterizos según la frecuencia establecida en su normativa y tampoco los patrullajes de soberanía en algunos límites fronterizos.
No existe un registro centralizado que individualice a las personas que son sorprendidas ingresando al país por pasos fronterizos no habilitados, menciona también el informe de Contraloría.
Y sobre el control del orden público, se evidenciaron videocámaras instaladas en 25 vehículos policiales que no estaban operativas. Funcionarios asignados sin examen sicológico, otros con resultado “No apto” y otros sin certificación para el uso de armamento menos letal.
También se plantea que 144 personas con órdenes judiciales pendientes por diversos delitos, tales como abuso sexual, tráfico de drogas o porte ilegal de arma de fuego, fueron sometidas a controles vehiculares por Carabineros de Chile, sin ser detenidas en dichas fiscalizaciones, pese a mantener órdenes judiciales vigentes.
Así como que en 145.715 procedimientos de control de tránsito efectuados por Carabineros de Chile, no consta la realización de consultas de las placas patentes en el Sistema Unificado de Encargo de Vehículos. Además, se emitieron 869 infracciones que debían derivar en el retiro de circulación del vehículo, sin embargo, no fueron efectivamente retirados.
Control de armas y municiones
Respecto del control de armas y municiones, se identificaron deficiencias en procesos de incautación de armas, en el proceso de municiones dadas de bajas, así como en la institución militar, como la falta de reportabilidad del armamento que las dependencias poseen.
Y en las autoridades fiscalizadoras “se identificaron armas asociadas a personas condenadas que no fueron incautadas, ni se denunciaron al Ministerio Público. Además, algunos tenedores de armas con condenas no fueron encontrados durante las fiscalizaciones, y no se realizó la denuncia correspondiente. Adicionalmente, armas registradas a nombre de personas fallecidas sin evidencia de que se hubiera realizado su transferencia”.
Así también en PDI y Gendarmería se observó ausencia de registros y trazabilidad de los sistemas que soportan el proceso de recepción, control y distribución de armamento, mientras que en la Armada de Chile no hay un sistema informático para registrar la asignación y devolución de armamento. Además, se verificó que funcionarios desvinculados de la PDI aún mantenían armas asociadas en el sistema.
Y en el sistema de Dirección General de Movilización Nacional se evidenciaron personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas. Adquisición de municiones por sobre el límite permitido. También se detectaron personas fallecidas con trámites activos en el sistema y armas registradas sin la documentación correspondiente.
Incautación y destrucción de drogas: retrasos en Servicios de Salud y deficientes condiciones de seguridad
También la Contraloría detectó salas de custodia policiales que se utilizan indebidamente como bodegas para objetos comunes, careciendo de procedimientos formales que regulen su infraestructura, seguridad y control de acceso.
Respecto del manejo que tienen los Servicios de Salud, se registran condiciones deficientes para la recepción, custodia y gestión administrativa de drogas incautadas, así como retrasos de hasta 189 días en la supervisión del proceso de destrucción.
Además, se detectaron diferencias de peso entre lo informado por las instituciones que incautan drogas y lo registrado en las actas de recepción, con variaciones entre -2.100 hasta 32.999,5 gramos.
Respecto del control de estupefacientes y psicotrópicos, se detectó una serie de falencias, tanto en el recuento de medicamentos y la falta de profesionales en algunos centros de salud, como medicamentos caducos, vencidos y/o en mal estado.
Incluso, Contraloría pudo constatar que en el sistema de gestión de farmacia de un centro hospitalario se registraban 741 RUN asociados a profesionales no registrados en las bases de datos de funcionarios y 11 RUN de profesionales fallecidos registrados como “activos” y autorizados para emitir recetas en dicho sistema.



