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Opinión

6 de Septiembre de 2012

Controvertida ciudad privada en Honduras tendrá sus propias leyes, impuestos y policía

Será un territorio con sus propias leyes, su sistema tributario, su política de inmigración y su policía. Será una especie de isla dentro de un país soberano. Se llamará “ciudad modelo”. Y quedará en Honduras. Este martes, el gobierno de esa nación le dio luz verde al polémico proyecto, con que espera impulsar el desarrollo. […]

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Será un territorio con sus propias leyes, su sistema tributario, su política de inmigración y su policía. Será una especie de isla dentro de un país soberano. Se llamará “ciudad modelo”. Y quedará en Honduras.

Este martes, el gobierno de esa nación le dio luz verde al polémico proyecto, con que espera impulsar el desarrollo.

Para ello firmó el memorándum de entendimiento, que servirá de marco para la creación de la primera de tales ciudades, en un lugar todavía no definido.

Sus críticos hablan de nada menos que de privatización del suelo hondureño: las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma.
Sus defensores desmienten esta versión.

“El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio”, dijo el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.

De qué se trata

En efecto, la jurisdicción de Honduras sobre la “ciudad modelo” abarcaría muy poco fuera de estos dos campos. Lo otro que quedará “sujeto al gobierno nacional” son “los temas electorales y emisión de documentos de identidad y pasaporte”.

Más allá de eso, la ciudad modelo o Región Especial de Desarrollo (como se llama en los documentos oficiales) será, para algunos, como un país creado dentro de otro país.

El estatuto y las leyes que la regirán, así como los convenios que firmen, deberán ser refrendados por el gobierno de Honduras. Es lo que consta en la reforma Constitucional de 2011, que fue necesaria para allanar el camino al polémico proyecto.

Pero una vez establecido este marco legal, la ciudad quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta “contratar sus propias deudas internas o externas, siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras”.

La ciudad no tendrá que transferir recursos a Tegucigalpa como no sea para “financiar becas de estudio o en caso de catástrofes nacionales”, según indicó la prensa local.

A favor y en contra

Para el ex fiscal de Defensa de la Constitución, Oscar Cruz, la verdadera catástrofe está en la autorización de un modelo que, en su opinión, constituye una “burla al Estado”.

Según Cruz, con éste “se cede parte del territorio nacional y la población adscrita sin ponerle límite ni en el número ni en la extensión”.

El exfiscal redactó el recurso de inconstitucionalidad contra las ciudades modelo, que actualmente cursa ante la Corte Suprema de Justicia.

También el relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank la Rue, las considera “una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los Derechos Humanos que tiene el Estado con la población en su territorio”, según escribió en un informe tras una visita en agosto de este año.

Otra fuente de debate es dónde serán construidas las polémicas ciudades. Organizaciones de defensa de los derechos de pueblos indígenas temen la expropiación de territorios para su establecimiento.

Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el proyecto enmascara la intención de entregar “100 kilómetros cuadrados del territorio nacional al capital financiero internacional”, para permitir todo tipo de ilegalidades, como el lavado de dinero.

Pero según los promotores de iniciativa, nada más lejos de la verdad. Según señala la reforma constitucional, su objetivo último es promover el desarrollo, a través de la creación de oportunidades y empleos.

“Para 2013 podríamos tener al menos 13.000 nuevos empleos; 30.000 para el año 2014 y 45.000 para 2015”, afirmó el presidente del Congreso.

De dónde salió

O como dijo el presidente de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, creada por el gobierno para manejar las “ciudades modelo”, éstas son “la potencia que puede convertir a Honduras en un motor de riqueza”.

El proyecto está inspirado en la idea de la charter city del economista estadounidense Paul Romer.

La charter city empezaría como “un pedazo de territorio deshabitado del tamaño de una ciudad, y una carta o constitución que especifica las reglas que aplicarán ahí”, explicó Romer en una entrevista con el blog Freakonomics.

“Si la Constitución contiene buenas reglas (o, como decimos profesionalmente, buenas instituciones), millones de personas se unirán para construir una nueva ciudad”, añadió.

Según Romer, una ciudad bien manejada promete beneficios para todos. Y mientras más personas vivan en la ciudad, mayor será la productividad, y más extendidos estos beneficios.

“La evidencia sugiere que muchas sociedades están atrapadas por reglas deficientes. Moverse hacia mejores normas puede ser mucho más difícil de lo que cree la mayoría de los economistas. La construcción de una charter city es una sugerencia acerca de cómo podemos cambiar la dinámica de las reglas”, sostiene.

Es el tipo de mecanismo de activación que las autoridades hondureñas esperan poner a funcionar con su primera ciudad modelo.

Hasta ahora, el país ha recibido US$4 millones de Corea del Sur para los trabajos iniciales de una primera ciudad modelo. Se espera una inversión adicional de US$15 millones para la infraestructura básica, según dijo el presidente del Congreso.

El camino a seguir parece estar marcado y no ser muy largo: se espera que los trabajos comiencen en octubre.

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