El Ministerio Público de la IV Región impidió que la Brigada de Delitos contra el Medioambiente (Bridema) pudiera ingresar a la minera Los Pelambres -de propiedad de los Luksic- para determinar el nivel de contaminación en el tranque El Mauro.

La información consta en un informe policial –que publica íntegramente The Clinic Online- donde el subcomisario Gonzalo Aljaro Lapolla, se queja de la actitud de la perseguidora María Soledad Salazar de no conseguir la orden judicial que les habría permitido establecer la profundidad del daño ecológico en el pueblo de Caimanes.

Los hechos ocurrieron a fines de junio pasado, luego que la misma fiscal les otorgara una orden de investigar, donde precisamente se incluía la diligencia.

Sin embargo, cuando los detectives de la Bridema llegaron hasta la minera, los empleados de la misma se opusieron al ingreso, argumentando que faltaba la orden judicial. Los policías, de acuerdo al documento, le solicitaron a la fiscalía dicha autorización, pero les fue negada.

“Dicha diligencia a realizar en el lugar eran necesarias de ser efectuadas con peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para poder evaluar el posible daño ecológico y ambiental a partir de la construcción del tranque”, escribió Aljaro Lapolla.

En el informe también se da cuenta de los diversos problemas que tuvieron con la fiscalía, ya que las reuniones de coordinación se suspendían inexplicablemente, toda vez que la falta de autorización judicial no les permitió cumplir con la orden de investigar en su totalidad. Es decir, indagar también otros delitos, se lee en el documento, relativos al daño al patrimonio cultural y derechos de agua.

La versión de los detectives es relevante, ya que el informe es contrario a las pretensiones de la fiscalía, en el marco de una indagatoria que llevan contra un grupo de abogados y pobladores a quienes Los Pelambres los acusa –bajo los delitos de asociación ilícita, de presentación de pruebas falsas de contaminación. Y todo con el fin de engañar a los pobladores, obtener beneficios económicos y paralizar el relave en el tranque, de acuerdo a la postura sostenida por Los Pelambres.

Al respecto, el pasado 6 de septiembre, el presidente de Antofagasta Minerals, en una entrevista concedida al diario La Segunda abogó porque los proyectos eléctricos y mineros no se judicialicen.

Igual Pascual

Independiente de estos problemas, los detectives de la Bridema recorrieron distintos puntos del tranque hacia el prueblo de Los Caimanes y las sospresas no fueron menores: el agua para consumo humano estaba contaminada con arsénico, cobre, manganeso, mercurio y otros minerales nocivos para la salud que superaban ampliamente lo permitido por la ley.

El Comité de Agua de Caimanes, luego de conocer estas conclusiones resolvió cortar el suministro del vital elemento, dada la peligrosidad del consumo como también para el regadío.

A tanto llegó la polémica con el informe de la PDI enviado a la fiscalía, que las autoridades de Salud, por si y ante sí, le encargaron poco antes de las fiestas patrias, un contrainforme al Instituto de Salud Pública (ISP) que coincidentemente contradijo el de la Bridema.

Hace pocos días el seremi del ramo, Osvaldo Iribarren visitó el pueblo de Caimanes, con el objetivo de explicar esta contramuestra del ISP, señalando que el agua podía ser consumida por los humanos.

De acuerdo al semanario Tiempo de Coquimbo, Iribarren fue duramente increpado por los habitantes y debió salir con escolta de Carabineros. No contentos con la explicación, los pobladores se tomaron las rutas de acceso a Los Pelambres, pero no hubo mayores incidentes.