Alerta gremial: “El fallo del Tribunal Ambiental está modificando los estándares de evaluación para las desaladoras futuras, no solamente en Collahuasi”

Preocupadísimos están en la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) por el fallo del Tribunal Ambiental contra la Resolución de Calificación Ambiental en Collahuasi.

De partida es la primera vez que se falla contra una obra que está 95% construida, comentan. La RCA fue aprobada en 2021, ratificada por el Comité de Ministros en 2023 y anulada este 14 de mayo en el marco del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi para aumentar su vida útil por 20 años, por un monto que supera US$3.200 millones.

La empresa solicitó una aclaración, y el Tribunal indicó que el fallo estaba acotado a materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano. “Pero Collahuasi cuenta con esa agua para seguir operando.Un proyecto minero sin el suministro de agua de una planta desaladora, no puede operar, lo cual  tiene una consecuencia económica que es muy cuantiosa no sólo para la empresa sino que impacta directamente en en PIB”, indica el vicepresidente ejecutivo del gremio, Rafael Palacios.

—¿Les sorprendió la resolución del Tribunal Ambiental por la reclamación contra el proyecto de Collahuasi para extender la vida útil de la minera?

—Nosotros estábamos en conocimiento de la reclamación, pero claramente nos sorprendió el resultado del fallo. No lo esperábamos.  El fallo impacta completamente sobre la desaladora porque la cuestiona, contempla un cuestionamiento más sistémico o sectorial.

—¿En qué sentido?

—El fallo está modificando los estándares de evaluación para las desaladoras futuras, entonces no se refiere solamente a la desaladora de Collahuasi, sino que a todas las desaladoras que puedan venir. Hay un pipeline de 51 proyectos más o menos de este tipo de infraestructura y todos ellos se pueden ver afectados por lo que se resuelva en esta materia.

—¿Puede ser explicar por qué ustedes consideran que va más allá?

—La revisión que debe hacer el Tribunal Ambiental es de legalidad, si lo que resolvió el SEA y el Comité de Ministros se apegan a la legalidad. En este caso, el Tribunal fue mucho más allá, se pasó varios pueblos, porque cuestionó el estándar de evaluación ambiental con el cual se han evaluado hasta hoy todas las plantas desaladoras en cuanto a captación de agua de mar, medio marino, y otras materias técnicas. El Tribunal dijo ´no me gustó el estándar que utilizaron, tienen que utilizar un estándar distinto´;  a eso en jerga jurídica se le denomina activismo judicial. El tribunal está proponiendo otra forma de evaluar cuando solo tiene potestad anulatoria…

—¿Qué forma de evaluar está proponiendo?

—Están diciendo que no les pareció suficiente. La pregunta es ¿el tribunal puede decir eso o no? El tribunal puede decir si hay un acto ilegal porque hay un vicio esencial que anula su contenido pero no puede decir si le gustó o no el método de evaluación determinado por la administración para los proyectos de desalación.

—Como ese proyecto se evaluó hace cinco años, ¿ha cambiado la forma de evaluación, se solicitan más antecedentes para que el tribunal haya impugnado la metodología?

—No, no se ha modificado.  En Medio Marino no hay una guía nueva de descripción de proyectos; había una guía que dejó de estar vigente, que era muy exigente y fue la que se utilizó para efectos de la evaluación. Y ese es el estándar, o sea, si nosotros ingresáramos un proyecto hoy día de desalación, probablemente lo hubiésemos hecho bajo ese mismo estándar.

—Al solicitar la aclaración, Collahuasi informó que el tribunal les dijo que podían seguir operando, pero no la desaladora. ¿Qué acciones se pueden seguir?

—Hay diferentes acciones tanto judiciales como administrativas. El SEA tiene que retrotraer el procedimiento y volver a evaluar lo que compete a la planta desaladora, dictando un acto administrativo incorporando los estándares que le está pidiendo el Tribunal. Dependiendo de las decisiones que adopte Collahuasi, también podría impugnar o buscar alguna alternativas, el camino que debiese seguir para impugnar contra la sentencia es casación ante la Corte Suprema, pero esto no suspende los efectos.

En desacuerdo con indemnizar por anulación de RCA

¿El fallo del tribunal no está, de alguna manera, también impugnando el trabajo del SEA que evaluó el proyecto?

—Sí, eso es bien importante. Acá Collahuasi se hace parte porque tiene un interés evidente en mantener la legalidad de su RCA, pero el reclamado acá es el SEA. Habiendo sido cuestionado el SEA en cuanto al estándar que aplicó, lo que debiese hacer sería correr muy rápido para establecer un nuevo estándar que los deje satisfechos, para no entrar a en un loop infinito porque podríamos ver una nueva Dominga… porque el SEA podría insistir en lo mismo y volver al Tribunal.

—¿Existe un estándar de aprobación más alto en otros países que haya revisado o deslice de alguna forma el fallo del tribunal ambiental?

—No. Hoy día todas las plantas desaladoras, primero proyectan un determinado impacto en función de la ingeniería, se obtiene la RCA, se construye, y después, cuando está operando, llega la fiscalización. El Tribunal está cuestionando incluso eso, diciendo no quiero que usted modele y después la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalice. Esa lógica no puede cambiar, con el fallo se pretende cruzar una línea, dando al SEA un rol fiscalizador, cuando hay órganos distintos que cumplen ese rol. Se extralimitó, lo cual es muy complejo para la certeza jurídica y por supuesto, para los inversionistas.

—¿Qué proyectos específicos se podrían ver afectados a raíz de esta resolución, o puestos en duda?

—Lo relevante es el posible retraso en los proyectos que están por ingresar al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que podría sumar tres a seis meses adicionales de proceso si es que tiene que incorporar otros temas en su diseño, por lo que puede tener un impacto sistémico en los proyectos.

—Ahora, ¿Qué esperan ustedes de la autoridad política que tiene como objetivo disminuir la tramitación de los proyectos?

—Hay una norma en el proyecto de reconstrucción nacional relacionado como es la indemnización. Pero más que eso, creo que aquí acá hay un error de diseño, hay un forado institucional y debiera volver a discutirse como mejorar la institucionalidad ambiental en el Congreso a propósito del proyecto de reconstrucción.

—¿Qué le parece la propuesta de indemnizar cuando la RCA de un proyecto es impugnada?

—Me parece que es una mala estrategia desde el punto de vista regulatorio incorporar una norma de indemnización. Hay otros mecanismos que permiten mantener eficiencia y no generar incentivos al rechazo de proyectos. Este es un incentivo directo a un funcionario público frente a un RCA que puede generarle uno, responsabilidad funcionaria y dos, responsabilidad al Estado patrimonial. Entonces puede que tengamos más rechazos que los que actualmente tenemos como consecuencia de una política que está pensada para responsabilidad patrimonial del Estado por actos lícitos. Me parece que es una mala figura.

—¿Qué debiese indemnizarse en este caso: los costos del estudio de impacto ambiental de la desaladora; la construcción de la misma cuya inversión bordeó los US$ 3.000 millones o el impacto sobre la minera de no poder aumentar su vida útil en 20 años más?  

—Hay un problema de diseño en la norma propuesta

—¿Y qué figura sería mejor a su juicio, en vez indemnizar?

—Levantaría una discusión respecto si el director ejecutivo o el comité de ministro pueden establecer condiciones a la ejecución de una medida; o si el Tribunal Ambiental no sólo tuviera la potestad de anular sino que además pudiera corregir o proponer una forma de subsanar. Así se ampliaría la posibilidad de que los proyectos salgan mejorados en la instancia judicial y no necesariamente con la nulidad. Ese es un mejor camino que el camino de la indemnización.

—Ustedes como gremio ¿van a conversar con las autoridades, están pidiendo algún tipo de entrevista para revisar este tema?

—Nosotros estamos trabajando en un nuevo estándar de evaluación ambiental a través de un acuerdo de producción limpia. Tenemos una audiencia con la Ministra de Medio Ambiente mañana martes, fijada hace mucho tiempo atrás porque es algo en lo cual venimos trabajando. Tenemos una propuesta muy robusta que queremos conversar con todas las instancias técnicas, Superintendencia del Medio Ambiente, Superintendencia Servicios Sanitarios, y todos los actores de la industria.  Se puede cambiar el estándar, se pueden hacer propuestas, pero eso es política pública y no puede discutirse en el marco de una RCA de un proyecto específico.