Cerca de la medianoche del 21 de marzo de este año, los subcomisarios detenidos Godfrey Gamboa y José Márquez Areyuna informaron al fiscal de turno que poco antes de las 22 horas recibieron una llamada anónima procedente del penal de Colina II que alertaba de una entrega de droga en una población de Pudahuel.

Con esa supuesta información, los detectives movilizados en dos carros policiales llegaron hasta la dirección indicada y se dispusieron a hacer un control de identidad en la vía pública a dos sujetos que en esos momentos hacían una transacción.

Estaban en eso, según lo informado en el parte Nº985 cuando uno de los sujetos identificado como Víctor Reyes comenzó a golpear a los policías, momento que aprovechó el segundo sujeto, de identidad desconocida, para darse a la fuga en un vehículo cuya marca, color y modelo los policías no tuvieron tiempo de apreciar.

Uno de los carros policiales habría iniciado la persecución del auto que había escapado, pero al poco tiempo regresaron al lugar, al no poder dar alcance al vehículo fugado. Por ello, como señalaron, en la vía pública y frente a una casa, los policías usaron la “fuerza racional” para inmovilizar a Reyes y contener verbalmente a una mujer embarazada que llamaba a gritos a otras personas que estaban dentro de la casa.

Aprovechando esa situación de desorden, la mujer embarazada identificada como Paula Gamboa sacó un cuchillo y apuñaló en cuatro oportunidades al detective Fabián Arévalo, luego ingresaron a la casa y encontraron droga consistente en marihuana y pasta base de cocaína.

El jefe de la Bicrim Pudahuel, subprefecto Denise Williams, informó a la prensa , al día siguiente de los hechos, que el policía herido hacía labores de “infiltrado” (figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico) y que la institución presentaría una querella por homicidio frustrado para dar “una fuerte señal a los delincuentes que no pueden atacar a funcionarios de la PDI”.

Información falsa

Tras pasar cuatro meses en prisión preventiva, la defensa de Paula Gamboa, encabezada por el defensor público Cristian Mardones, pidió la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario. En un hecho inédito, por tratarse de un cargo tan grave como homicidio frustrado contra un funcionario policial, la Fiscalía no se opuso y el tribunal en el mes de julio accedió a la petición de la defensa decretando su libertad.

Había muchas incongruencias que la fiscalía había detectado previamente, mediante intercepción telefónica a policías. Los detectives estaban bajo sospecha.

Lo primero en comprobarse fue que nunca existió la llamada anónima que supuestamente se había hecho desde Colina II. Además, que la información de la existencia de la droga en el domicilio de Gamboa había sido proporcionada por otra mujer que, momentos antes de los hechos, había sido ilegalmente detenida por los policías y coaccionada bajo amenaza de meterla presa junto a su familia para que “marcara” un domicilio donde hubiese droga.

También se estableció que el procedimiento no se llevó a cabo en la vía pública, sino dentro de la casa, a la cual entraron los policías sin orden judicial y que nunca existió el vehículo que se dio a la fuga donde supuestamente iba un comprador de drogas.

Según testigos, víctimas y las diligencias ordenadas por la Fiscalía, algunas de ellas a instancias de la defensa, lo que ocurrió fue que los policías irrumpieron violentamente al interior del domicilio preguntando dónde estaba la droga, golpearon a las mujeres que estaban en el lugar, incluida Gamboa, quien se encontraba en un período de gestación de 6 meses.

De acuerdo al relato de esta última, ella acuchilló al detective Arévalos, de 22 años, creyendo que se trataba de una “mexicana”, o sea una quitada de drogas.

Además de la droga, los detectives se llevaron dinero en efectivo y diversos artículos electrónicos, como equipos de videojuegos que no declararon.

Apremios ilegítimos

Antes de ingresar al domicilio, los policías imputados detuvieron a la pareja de Gamboa, Víctor Reyes, cuando se dirigía a su casa.

Las declaraciones de múltiples testigos sostienen que Reyes fue brutalmente golpeado en el suelo. Ya en la comisaría, además, habría sufrido vejaciones como cubrirle la cabeza con bolsas plásticas a punto de la asfixia, ponerle libros en el cuerpo donde golpeaban para no dejar marcas e incluso le habrían introducido un objeto contundente por el recto, todo seguido de amenazas de que lo matarían si es que el funcionario herido perdía la vida producto de las puñaladas.

Veinte días después de las agresiones, mientras se encontraba preso en Colina II, Reyes fue conducido a constatar lesiones al Servicio Médico Legal, donde los forenses confirmaron las lesiones anales y su correspondencia con la fecha del episodio de tortura.

Declaración de la PDI

A través de un escueto comunicado la PDI señaló esta mañana que “el Departamento V Asuntos Internos el día de hoy, dio cumplimiento a diez órdenes de detención emanadas del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de personal institucional, por los delitos de allanamiento ilegal, obstrucción a la investigación y abuso contra particulares”.

Tras lo anterior explican que “el personal aludido fue alejado de sus funciones, y se instruyó por el mando regional un sumario administrativo, con el fin de determinar eventuales responsabilidades”.

La institución aseguró en el documento que “no tolerará acciones de su personal que estén reñidas con los valores institucionales y reitera su compromiso más absoluto con el Estado de Derecho y la
seguridad y justicia de todos los chilenos”.