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Opinión

21 de Octubre de 2012

“Son distintos grupos que intentan operar acá”

A las pocas horas que CIPER filtró los correos electrónicos que daban cuenta de relaciones entre encargados de la licitación de Frontera Norte y privados, Hermosilla fue llamado por el ministro y el subsecretario del Interior para que se aplicara al caso. Lo que se ha visto, dice, es solo el comienzo.

Pablo Vergara
Pablo Vergara
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Foto: Alejandro Olivares

¿Qué se encuentra en este caso cuando llega?
-Lo que empiezo a ver es que lo que hay es la punta de una hebra, y que al empezar a jalar esa hebra, a tirar de ella, uno no necesariamente sabe lo que se va a encontrar. Entonces, lo que le indico a Ubilla y a Hinzpeter es que no tengo ningún inconveniente en participar de ese proceso, siempre y cuando tenga la independencia concreta para poder tirar la hebra hasta el final, sea lo que hubiera al final; uno o varios finales, porque lo que empieza a aparecer a partir de ahí es un proceso vertiginoso de antecedentes e información que involucran a personas de unidades distintas. Y también me formo una impresión, que tiene que ver con mi experiencia, en que no es un solo grupo de personas, sino que son probablemente distintos grupos que, simultáneamente, intentan operar en esta área.

Varias máquinas.
-Varias máquinas. Entonces, no hay una sola explicación, como quien dice un “alto mando del mal” desde el cual se digitan procesos de cooptación de funcionarios públicos para obtener ventaja en licitaciones públicas. No, me da la impresión que aquí hay un procedimiento que a estas alturas puede tener una cierta característica en el tiempo, una data larga de venir operando, desde el mundo de los proveedores a los intermediarios, a los funcionarios públicos. Una cadena que es probablemente fabricantes-proveedores-comisionistas-representantes, distintas personas que van interviniendo, con tal de ir acercándose a los funcionarios públicos que tienen que licitar.

¿De cuánto tiempo estamos hablando?
-En mi opinión, puedo estar equivocado, a estas alturas de la investigación, por lo incipiente que es, la politización desmesurada del conflicto -sin perjuicio de ser legítima- puede afectar el que se pierda el foco. No hay que perder el foco, no hay que intoxicar al órgano persecutor respecto de cuál es el centro de la investigación. Y el centro es el Plan Frontera Norte. Ahora, respecto a la pregunta específica: efectivamente hay antecedentes, a lo menos iniciales, de que en los años 2007, 2008, 2009, habrían licitaciones de los mismos equipos pero con tecnologías más antiguas, correspondientes a esas épocas, en que los valores nominales de asignación de esos equipos, o de adjudicación de esos equipos, son los mismos, con lo cual el tema del sobreprecio empieza a dejar de ser el centro del punto. ¿Pero por qué hablo del tema de la politización? Porque no quiero que se entienda que afirmar que existe esa realidad de precios pagados, equivalente, el 2007, 2008 y 2009, del punto de vista nominal o iguales a los actuales; no quiero que se entienda, ni por un segundo, como un intento de empatar, de llevar las cosas para atrás y justificar con que esto se venía haciendo desde antes. Si ocurre que, como consecuencia de la investigación se establece que este conjunto de personas que desde el mundo privado rodean estos procesos de licitación de cierto tipo de equipamiento son los mismos y han participado con anterioridad, bueno, es tarea del Ministerio Público determinar hasta dónde existen responsabilidades. Lo que me importa es que todo lo que tenga que ver con el Plan Frontera Norte sea revisado por el Ministerio Público minuciosamente, para que cualquier elemento de orden delictivo que exista sea limpiado de una manera drástica.

Ahora, esto es acotado a la subsecretaría del Interior, concretamente al departamento de estudios.
-Es la unidad de estudios dentro de la Subsecretaría del Interior. Pero si en el curso de la investigación aparecen antecedentes referidos al Plan Frontera Norte que involucren a otros funcionarios públicos, estén donde estén, vamos a pedir que esa investigación se extienda a ellos, sin ninguna duda.

El ex fiscal y ex director, Alejandro Peña, se fue diciendo que lo que hay era una colusión de las empresas en sus precios. Eso no es la querella que se presenta.
-Prefiero, sobre Alejandro Peña, no hacer referencias particulares respecto de lo que son sus afirmaciones, especialmente sus afirmaciones públicas. Aquí lo que sí digo es que lo que manda es su comportamiento en la carpeta investigativa. Y quienes tienen que determinar responsabilidades y la ocurrencia o no ocurrencia de ciertos hechos, son los fiscales. Él ya ha prestado declaración; prestó declaración como testigo. Pero esta es una investigación que está empezando. En términos de un partido de fútbol, no han pasado cinco minutos de juego.

¿Y la gestión del señor Peña en este tiempo?
-Para estos efectos, lo que corresponde hacer es una cosa que quisiera explicar, que es muy simple: en la subsecretaría, el señor Ubilla lo que ha hecho es un rastreo completo de información. Más allá, incluso, de la información que los fiscales han requerido. Los fiscales han solicitado la entrega de equipos y se ha entregado inmediatamente de manera voluntaria los equipos. En alguna ocasión, entre que ellos solicitaron la entrega de un computador en particular y se firmara el acta de entrega y lo retiraran, transcurrió una hora. Lo mismo ha ocurrido respecto de correos electrónicos y sus respaldos. También han sido retirados de los servidores de la subsecretaría. Pero hay información adicional que la ha producido el propio subsecretario Ubilla.

Los llamados telefónicos.
-Por ejemplo: listados de llamados telefónicos. Por ejemplo, puedo hablar de una caja grande de documentación entregada al Ministerio Público para los efectos de poner a disposición de ellos antecedentes que den cuenta de cualquier vínculo sospechoso por parte de esa subsecretaría con gente ligada a estos procesos de licitación.

¿Puede ser más preciso?
-Por ahora, no.

¿Nunca le hizo ruido a Ubilla esta situación?
-Hay que distinguir en el tiempo. Hay dos licitaciones inicialmente adjudicadas respecto de las cuales el subsecretario Ubilla ha puesto los antecedentes a disposición de la Fiscalía para que sean revisadas. Ahí ya está pagado, terminado el procedimiento. Y ¿por qué se hace eso? Porque se repiten nombres. Y, en consecuencia, si ahí hay delitos, hay delitos consumados que serán, en su momento, sancionados por los tribunales. Está la operación actual, cuyos contratos no se alcanzaron a firmar y no se movió ningún peso del Estado afortunadamente, en donde lo que aparentemente ocurre es que hay una intervención indebida en el proceso de licitación por parte de gente que tenía información y nexos que eran espurios con funcionarios que tenían que participar en los procesos de adjudicación. Pero existe una tercera licitación, que entiendo corresponde a tres ítems distintos, que estaba en pleno proceso todavía, y respecto de la cual el subsecretario Ubilla, a fines de septiembre, pidió que se le hiciera una presentación; presentación, en la cual participa también el señor Peña. Y el subsecretario tiene una percepción de lo que se le expone -estamos hablando de septiembre, antes de la denuncia de Ciper-, que interrumpe la presentación y dice que es insostenible lo que le están presentando.

Esta es la licitación que pasa de 4 a 8 millones.
-Exactamente, pero no sólo por el tema del presupuesto, sino del punto de vista de la inconsistencia de lo que él ve.

¿En qué sentido inconsistencias?
-Puedo llegar solamente hasta ahí. El resto es materia de investigación. Por eso es que digo: se va a investigar todo el Plan Frontera Norte, lo licitado en el pasado; lo que estaba en proceso de licitación, al borde del contrato, fibroscopios y densímetros, y lo que estaba en carpeta para ser adjudicado y licitado de aquí a fin de año.

LA LÓGICA

¿Cuál es la lógica de este caso?
-Creo que lo grave que hay es cómo funcionan en la relación con el Estado ciertos proveedores de ciertas áreas.

Del área de seguridad.
-Estoy hablando del área de seguridad, que provee de estos servicios no solo al gobierno central, sino también a otras unidades del aparato estatal: Aduanas, Ministerio Público, policías, probablemente Agencia Nacional de Inteligencia. Es decir, a todos los que tienen que ver con seguridad interior y orden público. Algo parecido uno puede percibir en las informaciones que emanan de las investigaciones respecto a cómo se proveen materiales respecto de la defensa exterior del país y las FF.AA. Hay un mundo acá, una zona…

Muy gris.
-Es que más que gris, diría que es opaca; un área en que todavía el Estado chileno, pese a los esfuerzos que ha habido de madurar, de generar institucionalidad que permita hacer que los factores de corrupción no avancen, todavía no hemos avanzado lo suficiente. Creo que puede haber acá un antes y un después.

Una oportunidad de modernizar. O transparentarlo.
-Ni siquiera de transparentarlo. Sino de dejar sumamente claro que en Chile las licitaciones que hace el Estado tienen y deben ser particularmente rigurosas y sujetas a los controles suficientes, para impedir que particulares que no tienen escrúpulos puedan aprovecharse de las debilidades humanas.

FRONTERA

“Hay muchos oficiales de ambas instituciones policiales que tienen legítimamente un acceso y han colaborado en la construcción de este plan. Respecto a la investigación de la participación de funcionarios policiales en actos de revelación de secretos o de eventuales cohechos, como fraude al fisco, ese es una de los temas que está cerca del núcleo de lo que se tiene que investigar. Basta leer el primer mail que da origen a esta investigación, y que aparece en CIPER: la existencia de estos amigos en la comisión que están en San Pedro de Atacama. Y respecto a esto prefiero quedarme hasta ahí, porque el resto es información que manejan los fiscales”.

¿Cuál es la lógica de esto? ¿Enriquecerse o controlar la frontera?
-Si bien el camino de recorrido es desde lo público hacia los privados, también hay un camino que uno puede seguir desde los privados hacia aquellos actores públicos con los cuales se vinculan. Y en ese sentido la investigación está funcionando como una pinza, y las líneas de investigación deberían juntarse en un punto. Quienes y respecto de qué instituciones han participado en actividades irregulares. En general, lo que uno ve es prácticamente, en muchos, colaboración. Espero que no haya actos de interferencia, actos de obstrucción. Porque eso sería agravar la falta.

Se ha focalizado todo a Ubilla. ¿Por qué él no tiene que irse?
-Irse o no irse tiene que ver con una decisión presidencial, y por consecuencia es del ámbito político. Pero sí puedo transmitir la experiencia mirada desde la Fiscalía: el señor Ubilla tiene la calidad de un testigo y además la calidad de denunciante. Pero además tiene la calidad de un testigo privilegiado, que ha sido -diría- por lejos el mayor y mejor colaborador que ha tenido el Ministerio Público. Lejos. Un testigo que llega con cajas de antecedentes nuevos, que ha agregado a lo menos tres denuncias nuevas. Es la persona que ha encabezado el proceso de establecer la verdad.

Algunos critican la contratación de un abogado externo.
-Bueno, el derecho de crítica me parece que es sagrado. Lo otro que puedo decir es que, independientemente que sea yo la persona que asume una responsabilidad que es más una carga que un privilegio, se debería entender el sentido final de una decisión como ésta, que es nombrar a alguien que por un lado no tenga ningún nivel de dependencia del subsecretario -no soy subordinado del subsecretario-; y, segundo, que tenga el suficiente carácter y personalidad como para conjugar el trabajo profesional con una independencia absoluta.

De los casos de corrupción que uno conoce, creo que es uno de los más complejos. ¿Opina algo parecido?
-Hay casos que solo he seguido por la prensa. Pero tengo la impresión que hay temas en relación con compras de armamento o de proveedores de las FF.AA. que han sido complejos. Todavía es muy temprano para decir. Pero sí creo importante relevar es que si llegara a ser un evento importante, va a ser entre otras cosas por el trabajo que estamos haciendo: la instrucción que tengo, y el mandato, es para dejar un legado de limpieza acá. En esta materia no van a poder existir licitaciones truchas. Aquí, si existen una o más mafias de proveedores, de personas que se juntan con otras y que pasan de lo privado a lo público y de lo público a lo privado información, dinero, prebendas, ventajas, deben ser sancionadas de manera ejemplar.

Ud. decía que podíamos ver varias máquinas acá.
-Esa es mi impresión. Mi impresión es que no están todos actuando de común acuerdo, que son…

Sin un director de orquesta.
-Claro. Es como si a una bencinera llegara un grupo de asaltantes, se fuera y después llegara otro. No necesariamente son los mismos que volvieron. Pueden ser otros.

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