Perfil de Gabriel Silber y Eduardo Lagos: los Muñecos Bielorrusos

Eduardo Lagos -exdiputado de la República- confesó ante la fiscalía que en 2023 su socio, el abogado Mario Vargas, le dijo en que quería organizar una reunión. Ellos compartían bufete junto al exdiputado DC, Gabriel Silber. 

El invitado sería Eduardo Miguelez, la pareja de la entonces toda poderosa jueza de la Suprema, Ángela Vivanco. 

Vargas le dijo a Lagos que “el guatón” -Miguelez- podía conseguirle prebendas de su mujer, la suprema Vivanco, a cambio de suculentos “honorarios”. Lagos cuenta que Silber, ante tamaña oferta, respondió “encantado”. Lagos agrega que les preguntó a sus socios: “¿Tú crees que este guatón chanta va a lograr algo así?’”.

Todo muy elegante.

Todos los mencionados fueron formalizados por el Ministerio Público. Vivanco, Migueles, Lagos y Vargas cumplen prisión preventiva. Silber zafó porque cantó. Todos son protagonistas de un escándalo sin horizonte definitivo, el peor que ha vivido el Poder Judicial desde el retorno a la democracia. Un agujero negro que succiona todo y que se originó el 14 de noviembre de 2023 cuando la abogada Leonarda Villalobos decidió apretar el play de su teléfono y grabar a la mala una conversación con el abogado Luis Hermosilla.

Sí hay plata

La “Muñeca Bielorrusa” es una trama -o una farsa- barriobajera.

Abogados conspicuos mezclados con los de medio pelo, conservadores y notarios de lenguas viperinas y billeteras generosas, políticos en ejercicio y otros retirados, jueces corruptos.

Vulgar pero no banal.

Los exhonorables Eduardo Lagos y Gabriel Silber son protagonistas de la mala fama. Ellos -junto a Mario Vargas- eran los abogados del consorcio entre la empresa chilena Movitec y los bielorrusos. 

La empresa tenía un litigio con Codelco. Para asegurar el triunfo de su cliente, dice la fiscalía, los abogados habrían coimeado, vía Migueles, a Vivanco.

Según los testimonios conocidos esta semana en la formalización, los Movitec estaban dispuestos a gastar el dinero que fuese necesario para ganar el litigio. “Vargas y compañía se dedicaban a perseguir clientes con dinero”, me dice un abogado que conoce el caso.

Quiénes son

Eduardo Lagos nació en 1967. A los 17 años ingresó al Partido Radical. Siguiendo a sus correligionarios, deambuló por distintos cargos en el Estado. Además, participó en las campañas presidenciales de Eduardo Frei y de Ricardo Lagos.

En 2001 se inscribió como candidato a diputado por el distrito 57 (Región de Los Lagos). El Servel lo impugnó: no tenía el certificado de cuarto medio, requisito para ser parlamentario.

Lagos quedaba fuera. Pero no. Un error gigante en la inscripción de la lista de la Democracia Cristiana, que los dejaba fuera de la elección, motivó un acuerdo político -hoy impensado- para darle una semana más de plazo a los candidatos con problemas.

Entonces Lagos, presto y oportuno, llegó no con uno, sino con dos certificados de cuarto medio.

Ganó la elección con primera mayoría.

En julio de 2003, la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por falsificar dicho certificado de estudios. Lagos lo negó. “Llegué hasta segundo año medio en el Instituto Nacional, llevaba cursos bastante bien, y tuve que dejar de estudiar por una cuestión personal, económica; (tuve que) salir a trabajar y después estudié fuera de Chile”, explicó. 

También contó que cursó en España una licenciatura en Economía en la Universidad de Zaragoza y administración en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense. 

Los periodistas le preguntaron cómo había cursado estudios de posgrado sin tener cuarto medio. “Son programas especiales para continuar estudiando”, respondió.

El nombre de Lagos también fue investigado por la justicia en el llamado Caso Coimas, uno de los primeros escándalos de corrupción desde a la vuelta de la democracia: políticos que cobraban dinero para facilitar la obtención de certificados para instalar plantas de revisión técnica.  

Más tarde sería absuelto por la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Gabriel Silber nació en 1976. Su madre, Carmen Romo, fue alcaldesa de Quilicura. Estudió Derecho en la Universidad Diego Portales. Muy joven se enroló en la JDC.

Entre 2006 y 2018 fue diputado.

En 2017, la prensa denunció a 40 diputados que habían pagado informes que eran un copy paste de internet. Silber era uno de ellos.

En 2019, cuando su nombre aparecía como el más probable presidente de la Cámara, un mail anónimo lo sepultó: “Es un secreto a voces, pero muy controlado por la cúpula de nuestro partido, que Cristina Orellana, nuestra vicepresidenta y esposa de Gabriel Silber, fue y seguramente seguirá siendo víctima de violencia intrafamiliar. Tal vez silenciada por su misma calidad de víctima no ha denunciado públicamente, pero sabemos que pronto lo hará”.

La acusación fue desestimada por Orellana.“No caeré en desmentir anónimos. Estas prácticas no van conmigo. Los anónimos son peligrosos y sin validez cuando no tiene rostro. Sólo denigran”, dijo Silber.

Más tarde se supo que el mail era un invento del marido de una de las asesoras del parlamentario René Alinco. Jaime Varas lo hizo porque Silber “le caía mal”.

El mecanismo

Los “teléfonos delatores” -con las “huellas dactilares” que conllevan los WhatsApp- han revelado amistades peligrosas de los abogados con miembros del Poder Judicial. Por lo pronto, viajes grupales bien onerosos con pasajes financiados por los penalistas a los señores jueces.

En su declaración a la Fiscalía -luego se desdijo-, Lagos contó que, ante la oferta de venta de fallos por parte de Migueles, él partió a averiguar si el milagro era cierto o no. “Yo lo pude corroborar consultando con un colega conocido que esto era verdad, que él lo había hecho, y que era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco”.

La práctica es antigua: abogados de distinto pelo que pululan en los tribunales, a la vista y sobre todo a hurtadillas, operando para conseguir información y granjearse “amistades”. Los mismos transitan non stop por los pasillos de la política, palabreando a parlamentarios para conseguir adhesiones para los candidatos a notarios, conservadores y jueces.

Y luego cobran por los favores concedidos.

“Me parece claro que habiéndose descubierto primero cómo actuaba el señor Luis Hermosilla, y luego este segundo grupo de Mario Vargas y Eduardo Lagos, sería bastante ingenuo pensar que estos son los únicos abogados que utilizan malas artes, ya sea influencias indebidas o derechamente el pago de coimas. Es interesante además porque estos tres casos están circunscritos básicamente al ámbito penal, pero sería interesante ver siestas conductas también puedan replicarse en otro tipo de materia. Estoy pensando obviamente en ámbitos más civiles”, me dice un destacado abogado de la plaza.

Otro abogado dice que “puedo pecar de ingenuo, pero creo que la venta de fallos es tremendamente excepcional… eso quiero creer”.

Época de cuchillazos

Lagos y Silber firmaron acuerdos de “cooperación eficaz”, algo así como delación compensada: yo hablo para que me rebajen las penas.

El 6 de enero Lagos contó con detalles cómo operaba el aceitado mecanismo de coimas con Vivanco. Pero el 7 se desdijo.

Un abogado de la plaza tiene una hipótesis: “Tiró la piedra y escondió la mano. Le dio información clave a la fiscalía y luego se desdijo para que no quedara estampada su traición”.

Silber, en cambio, no está en prisión. Él ha explicado que su labor en el bufete era “contactar buenos clientes” -por sus redes y su pasado de diputado -y litigar en los tribunales porque ni Vargas ni Lagos lo hacían.

También se ha defendido del motejo de delator: “No se trata de eso, sino de que no me puedo hacer cargo de delitos de otros”.

Un abogado que conoce bien el caso me dice que el fuego cruzado entre los formalizados es suma cero. “Uno acusa al otro y viceversa. Dichos testimonios no hacen más que confirmar el delito. La diferencia entre ellos es quién es el culpable, no sí existieron las coimas”.

“La cooperación eficaz es una norma aprobada el 2024. Creo que en este caso la fiscalía está logrando obtener información importante sobre la base de ofrecerle a los imputados beneficios procesales”, me dice Carlos Gajardo.