La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó las indemnizaciones a los dueños de las casas Copeva de Puente Alto que sufrieron daños con las lluvias de 1997.

La Sala Constitucional del máximo tribunal del país ordenó al fisco pagar indemnizaciones por daño moral y emergente a diez familias que sufrieron al ver sus viviendas casi destruidas por el efecto de las lluvias registradas en junio de 1997.

Fueron tres días de precipitaciones que afectaron al conjunto habitacional El Volcán 2 que había sido recientemente inaugurado.

Las paredes se filtraron por todos los costados, y sus dueños no tuvieron otra opción que cubrir sus propiedades con nylon.

Se trataba de 1.700 departamentos básicos de 40 metros cuadrados y una sola habitación, de un costo aproximado de 250 unidades de fomento, de los cuales ya han sido demolidos cerca de 900.

El dictamen de la Corte Suprema establece la responsabilidad directa del Serviu Metropolitano por negligencias en la fiscalización de la construcción que realizó Copeva en aquella oportunidad “el daño antes detallado es una consecuencia directa de la falta de servicio en que incurrió el Serviu Metropolitano, como quiera que si hubiera planificado o normado la construcción de viviendas sociales con materiales de calidad aptos para lluvias, exigiendo a los privados que participaron en la construcción, el respeto irrestricto de tales planes o normas, el daño no se habría materializado”.

El fallo determina que el monto de la indemnización se divide en $ 1.130.000 por concepto de daño emergente y $ 1.800.000 por daño moral.

El abogado que representa los dueños de las llamadas Casas Copeva, Ciro Colombara, dijo que en total son 600 los demandantes que se verán beneficiados y que la indemnización del Fisco se eleva a $1.758 millones de pesos, ya que los restantes beneficados se sumaron a las primeras diez familias demandantes.

Colombara resaltó que “este es un caso grave de violación de derechos, donde se ha establecido la responsabilidad del Estado, y será el Estado el que deberá responder e indemnizar a estas 600 personas. Es cierto que ha pasado mucho tiempo, quince años, la verdad que esta sentencia que reconoce las responsabilidades, tiene un efecto reparador en las personas afectadas”, resaltó el jurista.

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