La defensa de Carlos Montes al Plan de Emergencia Habitacional: “Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad”

El exministro de Vivienda Carlos Montes se presentó esta mañana ante la comisión respectiva en el Senado, luego de que hubiera arduas críticas a su gestión, las cuales salieron a la luz a raíz de un informe de Contraloría que apuntó que en el Plan de Emergencia Habitacional de Gabriel Boric se adquirieron terrenos con eventuales sobreprecios.

La polémica incluso escaló al punto que desde el oficialismo en su minuto se evaluó (y aún no se descarta) presentar una acusación constitucional contra el exministro Montes.

En ese contexto es que el extitular del Minvu acudió a la Comisión de Vivienda del Senado para manifestar su defensa ante las acusaciones, donde comenzó diciendo que el informe de Contraloría no utilizó la palabra sobreprecio, y que por el contrario, las adquisiciones correspondieron a terrenos de alta calidad urbana, bien localizados y destinados a una política pública de largo plazo para enfrentar el déficit habitacional estructural del país.

Argumentó que las observaciones de Contraloría corresponden principalmente a aspectos procedimentales y no a cuestionamientos de probidad, fraude o perjuicio fiscal, y que “interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal”.

“Lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva, compleja y de largo plazo”, afirmó Montes.

Además, dijo el ex secretario de Estado, el informe concluye indicando medidas administrativas a tomar a futuro, sin que se remitan antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, descartando, por tanto, ilícitos o irregularidades.

“Todos los terrenos fueron adquiridos con tasaciones Serviu vigentes y, cuando correspondía, con tasaciones adicionales. Hablar livianamente de sobreprecio desconoce cómo funciona el mercado del suelo urbano y desconoce también el objetivo de esta política: evitar seguir expulsando a las familias más vulnerables a la periferia”, agregó.

Montes explicó que una de las principales innovaciones de esta política, y que la razón del precio en que se adquirió, es que correspondían a terrenos bien ubicados, cercanos a servicios, transporte y equipamiento urbano, superando décadas en que el Estado solo podía construir donde el suelo era más barato.

“Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo. Cuando se construye lejos de la ciudad consolidada, el Estado después debe gastar enormes recursos en transporte, conectividad, servicios e integración urbana. Eso ya lo vimos en experiencias como Bajos de Mena”, sostuvo el exministro.

El exministro enfatizó además que la política de gestión de suelo no fue improvisada ni exclusiva de una administración determinada, sino una política de continuidad del Estado.

“Esta política comienza a estructurarse durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y se profundiza en el gobierno del presidente Gabriel Boric, especialmente tras la aprobación de la Ley 21.450, que entregó herramientas permanentes al Estado para gestionar suelo. Lo importante es entender que aquí hay una mirada de planificación urbana de largo plazo y no una lógica de corto plazo asociada únicamente a una meta anual de viviendas”, señaló.

En esa línea, Montes aclaró que parte importante de los terrenos adquiridos no estaban vinculados a proyectos inmediatos porque precisamente el objetivo era constituir un banco de suelo para el futuro.

“El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir. Esta política busca anticiparse, asegurar suelo estratégico y dejar capacidad instalada para futuras administraciones. No se compra solo para cumplir una meta del Plan de Emergencia Habitacional, sino para enfrentar el déficit estructural de vivienda del país durante los próximos años”, afirmó.

En esa línea, concluyó que lo que se hizo fue una política pública innovadora, y que “lo relevante es que hoy el Estado queda con un banco de suelo de miles de hectáreas, herramientas institucionales nuevas y mejores estándares para continuar una política que Chile necesita”.