CDE pide investigar misteriosa reunión en club “Pelancura” de la PDI

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al Ministerio Público que investigue las alternativas y los asistentes policiales y privados a una reunión que se habría realizado en 2008 en el Club de Campo de la PDI, llamado “Pelancura”. En dicho lugar distintas empresas presentaron tecnología y productos y se habrían “repartido” a Carabineros e Investigaciones, con el fin de evitar que todos participaran de las licitaciones.

Así consta en la querella de once páginas que ayer el organismo ingresó al Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, a la que tuvo acceso The Clinic Online en fuentes judiciales.

La acción legal busca que el fiscal Jaime Retamal, a cargo del caso, interrogue a Hugo Federico, el empresario norteamericano que vendió los detectores de drogas a la firma chilena Tecnodata, cuyo dueño Alfredo Giacomán elevó su precio en más de 400 por ciento.

El libelo, interpuesto por los delitos de cohecho, revelación de secreto y fraude al fisco fue dirigido en contra de los ex funcionarios de Interior, de Felipe Baeza Prieto, César Saavedra Robles, Rodrigo Muñoz Toledo, Chrystian Urzúa Bilbao, Manuel Cacho Gálmez. Todos los anteriores participaron en la comisión evaluadora de la licitación de los detectores. De estos mismos, la Contraloría deberá enviar todos los actos administrativos por los que fueron nombrados en el gobierno.

Al mismo tiempo apunta a determinar las responsabilidades de los empresarios Giacomán, como también de los hermanos Daniel y Roberto Weinberger Elberg, quienes habrían operado junto al primero para ganar la licitación.

En la querella el CDE estimó que Giacomán actuó concertadamente con Daniel Weinberger gracias a que tenían acceso a información privilegiada de las licitaciones de Interior. Apunta en este sentido a varios correos electrónicos donde el primero le indica al segundo que tiene “amigos” dentro de la comisión evaluadora de la licitación. En la acción legal, y de acuerdo a la declaración del propio Weinberger que prestó ante la fiscalía el pasado 5 de octubre, esos “amigos” eran precisamente Baeza de Interior, como también dos funcionarios de la PDI y dos de Carabineros, a quienes no menciona. Todos se habrían conocido en una presentación de productos en San Pedro de Atacama.

El CDE además apunta a otro mail, donde Giacomán asegura que del total de las ventas de los aparatos, debe pagar un 8% de “comisiones”, lo que a juicio del organismo constituye una coima y un soborno, aunque no establece a favor de quién.

Préstamo misterioso

Dentro de los antecedentes que contiene la querella del CDE también pide que la Fiscalía Centro Norte indague porque el gobierno regional de Los Lagos accedió aprestar un densímetro a la empresa Tecnodata para que realizara una prueba técnica para una licitación en la que participaba. Para ello solicita que se determine bajo qué procedimiento administrativo se dictó una resolución en tal sentido.

Hay que recordar que recientemente la Contraloría ordenó un sumario administrativo en el Ministerio de Obras Públicas por un hecho similar, ya que se le facilitó un medidor a un participante de una licitación, quien además era ex funcionario de la cartera. En dicho informe, el organismo fiscalizador determinó que “prestar” un bien del fisco a un privado constituye una grave irregularidad.

El CDE solicitó además los nombres de todos los funcionarios de Carabineros y la PDI que participaron de la licitación, “en las cuales se definieron los requerimientos técnicos con los que debía contar” los aparatos, como también “los informes que se hubieren emitido al efecto y que habrían servido de sustento para definir las beses técnicas de las licitaciones”.

Hay que recordar que por este caso, debió renunciar el ex fiscal Alejandro Peña. El propio Baeza y el ex analista de la ANI y parte de la Unidad de Crimen Organizado de Interior, Carlos Álvarez.