A tres días de fecha límite por desalojo de toma de San Antonio: Gobierno se reúne hoy con dueños de terrenos para presentar última oferta

En tres días, la masiva toma de San Antonio deberá ser desalojada, según determinó la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras una serie de fallos y aplazamientos de una determinación de la justicia que comenzó en 2023, cuando el recurso de amparo de los dueños fue acogido.

Y es que este jueves 27 de febrero, a las 10 de la mañana, es el plazo final para que las familias desocupen el predio, mientras personeros del Ejecutivo buscan a contrarreloj llegar a una solución que les permita obtener más tiempo para regularizar. Por ahora, la apuesta es que, a través de cooperativas, los vecinos puedan participar de un proceso de compra a los dueños.

Reunión clave por toma de San Antonio

Pero además hoy se realizará una importante reunión al mediodía en las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Hasta ese lugar llegarán los dueños de las 250 hectáreas en las que está emplazada la toma, en la que habitan más de 10.000 personas, para iniciar una mesa de negociación con el Gobierno, representado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Si hoy no hay humo blanco para llegar a un acuerdo que evite el desalojo, La Moneda enfrentará su peor escenario. Esto, porque en primer lugar no cuenta con una alternativa habitacional para los pobladores y se arriesga a un escenario violento, pues una fracción de la toma asociados a grupos anarquistas y de izquierda está dispuesta a defender las viviendas irregulares que ocupan desde 2019. “Se arriesga una crisis humanitaria”, reconoció la semana pasada el titular de Vivienda en entrevista con La Tercera.

Según ha trascendido, la aspiración del Ejecutivo es que los propietarios accedan a venderles los terrenos a los pobladores a través de cooperativas. Se trata de un sistema que las autoridades estiman que se puede convertir en una política pública para enfrentar la problemática de los asentamientos irregulares en el país.

Hasta el viernes recién pasado, el conteo del Gobierno apuntó a 35 cooperativas constituidas que podrían ofertar un monto inicial de $640 millones.