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13 de Noviembre de 2012

Caso sobreprecios: Interior evalúa renuncia de abogado de la División Jurídica por grave conflicto de interés

El profesional fue socio de Sergio Carvajal en el estudio CFC antes de entrar a la subsecretaría del ramo. Este último, en los correos a los que accedió The Clinic Online, aparece asesorando a Hugo Federico y a la empresa Sectrade, quienes en agosto pasado pidieron que se declarara nula la licitación, porque el ganador, Alfredo Giacomán de Tecnodata no había entregado la boleta de garantía habiendo transcurido más de 41 días desde que se firmara el contrato. La decisión del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se basa es que Manuel Cacho nunca informó de este vínculo. Incluso el dueño de Sectrade al ser consultado por este diario también aseguró desconocerlo.

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La subsecretaría del Interior se encuentra investigando un grave conflicto de interés de un abogado en ejercicio de la División Jurídica -y que podría derivar en su renuncia en las próximas horas- en el llamado caso sobreprecios. Sucede que el profesional Manuel Cacho –quien integró la comisión que aprobó la licitación de los detectores de droga, por los cuales el gobierno pagaría un 400 % demás- fue socio de Sergio Carvajal en el estudio CFC y nunca lo hizo presente a la autoridad. En este caso, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN).

El problema se produce porque Carvajal aparece asesorando a Hugo Federico, el empresario nortemericano de origen argentino que intentó a mediados de agosto anular la licitación que ganó Alfredo Giacomán para surtir los aparatos para el plan Frontera Norte del otrora titular Rodrigo Hinzpeter, tal como lo publicó este diario.

La información aparece en una serie de correos electrónicos a los que accedió The Clinic Online, que revelan que Cacho tuvo conocimiento, al menos desde el 29 de junio de esta situación, fecha en la que el empresario de Sectrade, Fernando Cordero (hijo del ex general director de Carabineros del mismo nombre) le envió un mensaje a Felipe Baeza, el jefe de proyectos, hoy renunciado cuando se descubrió el escándalo a principios de octubre. Los mails donde aparece también el nombre de Sergio Carvajal, lo recibió el funcionario de la cartera Rodrigo Muñoz Toledo, otro de los que integró la comisión evaluadora que adjudicó la licitación a Giacomán.

Sectrade es la empresa que representa en Chile a Hugo Federico, quien a su vez fue socio de Giacomán antes de participar en la licitación de los densímetros, la cual fue adjudicada a este último el pasado 6 de julio.

Ocurrido este hecho pasaron 41 días sin que Giacomán presentara los documentos para asegurar la seriedad de la empresa frente a la licitación, por lo cual Federico –a mediados de agosto- envió una serie de correos reclamando por esta situación junto a un análisis jurídico de porqué debía anularse el concurso. Dentro de la serie de correos electrónicos abogando por la ilegalidad del procedimiento, una parte importante llegaron al correo de Cacho. Este último enterado del reclamo inició rápidos contactos con Giacomán para que enviara la boleta de garantía y terminar el trámite de licitación, que ya estaba atrasado con los plazos.

De hecho, la carta de reclamo que envió Federico desde Estados Unidos, fue respondida por el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Víctor Hugo Merino, quien indicó que cualquier presentación debía hacerse por escrito en las oficinas de la cartera, con lo cual se ganó tiempo para arreglar el problema administrativo.

Fuentes de Interior indicaron que en agosto, cuando se recibieron estos mails de Federico, Cacho ya sabía de la situación y habría llamado al estudio para bajar el “brochure” con la información de los socios que integraban CFC. Dicho documento fue conseguido por este medio que lo publica íntegramente.

Las sospechas

Hay que recordar que tanto Giacomán como Cacho se encuentran querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por los delitos de cohecho, revelación de secreto y fraude al fisco. Junto a ellos también lo están los otros miembros de la comisión evaluadora Felipe Baeza, César Saavedra, Rodrigo Muñoz Toledo, Chrystian Urzúa Bilbao y los empresarios Roberto y Daniel Weinberger, tal como lo publicó este medio.

La información recabada por The Clinic Online, le permitirá al fiscal reconstruir el otorgamiento de la licitación y determinar cómo se desarrolló el proceso administrativo de la misma, donde podrían existir faltas a la probidad relacionadas con los ilícitos indagados. En ese sentido, tanto en Interior como en el Ministerio Público saltan las dudas sobre el actuar de Cacho. Lo anterior porque al haber sido socio de Carvajal bien podría haber entregado información reservada a Giacomán de las licitaciones, ya que los documentos pasaron todos y cada unos por su escritorio. O bien entregarle datos a Carvajal para que Sectrade, a través de Hugo Federico pidiera la nulidad del concurso. Las chances aún están abiertas.

Este diario consultó a Fernando Cordero, dueño de Sectrade, si conocía el vínculo de Cacho con Carvajal. Al respecto indicó: “no tenía idea”.

También se intentó contactar a Carvajal, pero en el estudio se indicó que se encontraba fuera de Chile y, al menos hasta el cierre de esta edición, ninguno de los actuales socios de CFC quiso contestar preguntas.

Lea el “brochure” donde Cacho aparece como socio

Brochure del estudio donde trabajaba Manuel Cacho

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