Los 5 puntos de la reforma constitucional de Kast en seguridad inspirados en la rechazada propuesta de Constitución de 2023

“Gracias por cuidar a Chile”, fueron parte de las palabras que emitió este lunes el Presidente José Antonio Kast a las Fuerzas de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas, desde el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, en la ceremonia que lideró y en la que dio firma al proyecto de reforma constitucional que plantea modificaciones en el tratamiento de temas de seguridad en la Carta Magna.

Lo anterior en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) de la que la semana pasada anunció su inicio en cadena nacional.

El jefe de Estado señaló que si bien “ninguna cifra que mejore (en materia de seguridad) cambiará el dolor de perder a un ser querido“, sí era necesario que se gestionara de mejor manera el “enfrentar el crimen organizado”.

Aunque señaló que con su llegada al Gobierno “cambió la mano” en esa tarea, sostuvo que “esto requiere herramientas legales, requiere llevar ese combate al crimen organizado, al terrorismo, a nuestra Carta Fundamental. Por eso planteamos esta reforma”.

Kast señaló que esta generaría discusión —”es evidente“, afirmó—, pero que aquella sería “absolutamente necesario” y contaría con la coordinación de otro poder del Estado, el Legislativo, donde en adelante, para impulsar los cambios que propuso el mandatario, se deberá contar con el respaldo de 4/7 de los diputados de la Cámara (89 votos) y lo mismo para los integrantes del Senado (29 apoyos).

Las propuestas contenidas en la reforma constitucional “inspiradas” en el Consejo Constitucional.

De acuerdo a lo comunicado por el Gobierno del Presidente Kast, el proyecto de reforma constitucional que firmó esta mañana contempla cinco aspectos, todos ya contenidos en la pasada propuesta de Constitución Política que hizo el Consejo Constitucional de 2023, que contó con mayoría republicana.

El primer aspecto es el que consagra “expresamente” en la Constitución Política la seguridad pública como un deber del Estado. De momento, sólo se establece la seguridad nacional, entendida como la defensa del Estado frente a otros agentes que a juicio de algunos no contempla el resguardo interno, a nivel de delincuencia, del país.

En 2023, el artículo 9 numeral uno de la propuesta señalaba expresamente como “deber del Estado” el “resguardar la seguridad de la población”, mientras que el artículo 1.1 señalaba que el respeto y garantía de los derechos firmados, en el que ya estaba la seguridad, “es el primer deber de la comunidad política“.

Como segunda medida de la reforma constitucional se contempla la creación de un nuevo estado de excepción “para enfrentar las graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas”. Así, el mandatario en ejercicio podría decretar la medida según barrios, polígonos o territorios que sean “capturados por organizaciones criminales“.

Según se considera, tendrá una “duración acotada“, podrá ser renovada por el Congreso e incluye la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías “en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico“. La idea también considera controles de desplazamiento y reunión, la requisición de bienes y el acceso a telecomunicaciones.

En la propuesta constitucional de los republicanos, el artículo 31 facultaba al mandatario para declarar estado de sitio en casos de “grave conmoción interior o acto terrorista“. En ese escrito también se declaraba el deber del Estado en garantizar la protección efectiva contra la “violencia criminal organizada“.

Como tercer punto, en el marco de la reforma de Kast, se crea un registro para reconocer a determinadas organizaciones como criminales o terroristas, en las que el Estado, a través de una “decisión fundada del Ejecutivo con control del Senado“, podrá calificar a determinados grupos en base a criterios objetivos.

En 2023 ya había un mecanismo similar en el artículo 15 apartado 4, en el que se sostenía que agrupaciones que realizaran actos terroristas “serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional“, pero no solo eso, sino que también se establecía la prohibición de asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado.

El cuarto eje propone unos regímenes penitenciarios diferenciados para quienes lideren organizaciones criminales y terroristas, mientras que como última medida se contempla la facilitación de la incautación liquidación de los bienes del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

La propuesta constitucional de los republicanos, en cuanto a regímenes diferenciados, en su artículo 16 numeral 8, impulsaba la creación de un proyecto de ley para regular la potestad disciplinaria y la “protección de derechos y beneficios de los internos“.

Por último, el quinto punto de la reforma constitucional de Kast propone la facilitación de incautación y liquidación de bienes que provengan del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. La reforma constitucional de los republicanos propuso en el artículo 16 numeral 8, el “comiso en los casos establecidos por las leyes“, aunque prohibía la confiscación general de bienes.

De todos modos, se dejaba expresado que quienes fueran responsables de terrorismo debían indemnizar al Estado por los daños causados.