Cuatro 7,0, un 6,9 y un 6,3. Esas fueron las notas que se llevaron los seis fiscales que estuvieron en el equipo del caso Bombas durante el año pasado, según consta en el informe con el detalle de las evaluaciones de fiscales adjuntos y regionales del año pasado, remitida a la comisión especial mixta de presupuesto del Congreso en junio de este año y a la que The Clinic Online tuvo acceso.

Con excepción del ex fiscal Alejandro Peña -quien no entró a evaluaciones por no haber cumplido los 180 días mínimos para ello, aunque ese corto tiempo igual le bastó para ganarse una amonestación del Fiscal Nacional Sabas Chahuán- los otros seis fiscales que llevaron adelante uno de los fracasos más grandes del Ministerio Público en los últimos años tuvieron notas destacadas.

Esto, a pesar de que el caso no encontró culpables y terminó con la absolución de los 14 imputados e incluso con un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó el pago de una indemnización de 520 millones de pesos a seis de ellos.

La lista de los fiscales que estuvieron en el caso la lideran Víctor Nuñez, Marcelo Apablaza -uno de los persecutores que el lleva el caso de la red de explotación sexual infantil-, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork, quien desde agosto de 2011 es fiscal regional de Los Lagos. Todos ellos obtuvieron la nota máxima y, por ende, el bono que corresponde al monto de un sueldo extra por su desempeño.

La tabla la completan el fiscal adjunto Francisco Rojas con un 6,9, y finalmente el fiscal regional sur que asumió la dirección del bullado caso, Raúl Guzmán, el más castigado del grupo con una nota final 6,3.

Cabe recordar que de los anteriormente citados, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán sobreseyó a los fiscales Emilfork, Sabaj, Rojas y Núñez, de un sumario administrativo iniciado en noviembre del año pasado a petición de un grupo de parlamentarios, aunque sí reprochó “actitudes” del ex fiscal Alejandro Peña cuando éste estaba a cargo del caso.

El sistema de calificación se hace de manera autónoma por cada unidad en el sector público. En este caso, Chahuán evaluó a Guzmán como fiscal regional, y éste a su vez evaluó a los miembros de su grupo.

Críticas pobeshitas

Las evaluaciones del Ministerio Público, detalladas en el informe que fue enviado al Congreso por Pedro Bueno, director ejecutivo nacional de esa entidad, estiman que en el caso de los calificados con nota 7,0 su trabajo “excede los requerimientos del cargo y función”, “satisface las metas y estándares fijados” y “no requiere de supervisión y guía en la ejecución de su trabajo”.

Para los calificados con 6,0, la nota -calculada con una tabla de factores que incluyen desempeño de funciones, condiciones personales, cumplimiento de normas, capacidad de gestión y cumplimiento del convenio de desempeño institucional- significa que el trabajo realizado satisface los requerimientos del cargo, las metas y estándares comprometidos y requiere “un mínimo de supervisión y guía en la ejecución de su trabajo”.

Todo esto, en medio de la polémica por el supuesto lobby interno al interior de la Fiscalía para modificar las metas de gestión de los mismos. Incluso el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quién obtuvo un 6,9 de evaluación por su desempeño durante 2011, fue designado para investigar y esclarecer eventuales irregularidades administrativas.

El tema adquiere especial relevancia al tomar en cuenta el conflicto protagonizado por la administración Piñera, la Corte Suprema y el Ministerio Público durante el año pasado, personificado en las múltiples críticas que el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter realizó hacia el ente persecutor, al que incluso le dedicó un karaoke en las cenas de fin de año en La Moneda.

La controversia ocasionó varios roces entre el gobierno, jueces y fiscales, con comentarios como el del mismo Presidente Sebastián Piñera diciendo “no hacen su trabajo con la suficiente dedicación y preocupación” y, por su parte, el entonces presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, haciéndole el quite a las críticas señalando que la presión del gobierno se debía al “fracaso de su promesa de seguridad”.

Otra de las notas que llaman la atención en el informe son las del fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, quien en junio del año pasado fue reprendido por el propio Sabas Chahuán luego que este declarara que en la zona del conflicto mapuche “operaba una guerrilla rural”. De todas formas Ljubetic recibió un 6,9 de nota.

La misma nota recibe el presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, quien en diciembre pasado recibió una “amonestación privada” luego de un sumario administrativo que se abrió en su contra luego que se sorprendiera al persecutor vendiendo corbatas y parcelas de agrado a través de páginas en Internet, contestando el teléfono para ese negocio durante sus horas laborales.