El imputado

Yo no lo sabía, pero desde una década que Carabineros de Chile me estaba buscando por cielo, mar y tierra. Más que al finado Osama Bin Laden. O al peñi Jason Bourne. En el intertanto egresé de periodismo, fundé dos periódicos, salí del país una veintena de veces, abrí mi cuenta de Tuiter, expuse en medio centenar de seminarios, me volví columnista del The Clinic y tuve mis quince minutos de fama en Tolerancia Cero. Ah, también fui padre de una hija, publiqué un libro y planté un canelo. Una década. Toda una vida. Fue el tiempo en que estuve prófugo de la justicia. De ello me enteré el pasado fin de semana, cuando regresaba, ya caída la tarde del sábado, de un paseo familiar en la localidad costera de Mehuin. Fue en un control carretero -check point se les llama en Israel- a la altura de Teodoro Schmidt. Al principio pensé se trataba de un mal chiste. O de una cámara indiscreta. Lo pensaron también mis acompañantes, Inti, Amankay y Ayelen, de peligrosos 11, 7 y 4 años respectivamente. “Por favor, bájese del vehículo y entregue las llaves. Usted figura con orden de detención pendiente”, fueron las palabras del funcionario de Carabineros tras chequear mis datos en su computadora. Me bajé. También lo hicieron, al rato, ya caída la noche y cuando el frío calaba los huesos, mis tres pequeños cómplices de fechorías.

Ya en el cuartel la broma se transformó en pesadilla. En concreto, se trataba de una causa judicial del año 1999. La Rol 22.530, del Juzgado de Letras de Traiguén, caratulada como “Forestal Mininco contra Pascual Pichún y otros”. En aquel entonces estudiaba leyes en la Universidad Católica de Temuco y era compañero de albergue con Juan, el hijo mayor del lonko. Junto a él visité la comunidad y conocí de su reclamo. Me identifiqué totalmente con su lucha. Hasta un informe jurídico elaboramos en aquel entonces, ello junto a Aliwen Antileo y José Huenchunao, ambos por entonces líderes de la CAM. Lo presentamos en todos lados. Incluso en Suiza, en la sede de la ONU, hasta donde llegué enviado por el lonko Pichún y otros notables viejos de aquel tiempo. “¿Eres el estudiante de leyes? Mala idea juntarte con estos indios comunistas”. Fueron las palabras con que fui recibido por la PDI en el aeropuerto a mi regreso de Ginebra. En mis tres semanas fuera de Chile, Pichún y una veintena de dirigentes de Traiguén y Lumaco habían sido puestos tras las rejas. Y sobre mí pesaba una surrealista orden de captura internacional. Cuento corto, aquel año fui procesado como “encubridor” de los delitos de “usurpación de tierras” y “hurto de madera”. Tras una temporada en la cárcel con los lonkos, decir adiós a mi carrera de leyes, pasar cinco años con arraigo nacional y firma periódica en tribunales, fui condenado a 41 días de reclusión nocturna. Cumplí la sentencia alojando con borrachitos y “papitos corazón” en la cárcel pública de Traiguén. Viajaba todos los días desde Temuco. Ello el año 2005.

De ello trataba la Causa Rol 22.530. De la lucha de las comunidades de Temulemu, Didaico y El Pantano por recuperar los fundos Chorrillos y Santa Rosa de Colpi, usurpados en la década de los 40 por colonos a los mapuches y vendidos más tarde, ya en tiempos de Pinochet, a la naciente industria forestal sureña. Algo de razón debieron tener las comunidades. Sobre todo los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, emblemáticos líderes de aquel proceso y que pagaron con apaleos policiales varios, largas condenas de prisión, acusaciones de “terrorismo” –ello en tiempos del estadista Ricardo Lagos- y dobles juicios propios del régimen sirio su bendito atrevimiento. Así al menos lo estableció la CONADI, que en 2010 compró a Forestal Mininco en una millonada ambos predios en disputa. Una década y tres gobiernos de la Concertación debieron pasar para que dichas tierras, por fin, pudieran ser devueltas a sus legítimos dueños. Como periodista me tocó acompañar muy de cerca aquella lucha. Nunca dejé de visitarlos. Innumerables veces entrevisté al lonko Pichún. En su comunidad, durante los numerosos juicios que debió enfrentar, en sus largos años de reclusión. Recuerdo especialmente el día que fue liberado. Fue el 3 de marzo de 2007. Una multitud lo esperaba en las afueras de la cárcel. Dio un discurso en la puerta del penal. Habló de los antiguos, de la justeza de la lucha, de la democracia chilena en deuda con sus pueblos originarios. Cero rencor. Ni una gota de resentimiento. “¿Cómo está nuestro peñi “casi” abogado?”, me saludó, sonriente, cuando me vio aquella jornada. Era su “chiste interno” preferido.

Si aquella vieja causa judicial se encontraba archivada y de seguro apolillándose en alguna bodega del Juzgado de Letras de Traiguén, ¿qué hacía yo detenido el pasado fin de semana en Teodoro Schmidt? La respuesta, por cierto, resultó ser muy chilena: el Tribunal jamás informó al Registro Civil del cierre del proceso y el cumplimiento de la condena. Y allí estaba yo, el 24 de noviembre de 2012, entregando celular, billetera y cordones al cabo de guardia, ante la mirada atónita de mi pequeña hija y dos de mis sobrinos. “Se trata de un error. Incluso por la fecha esa orden no podría estar vigente”, argumenté a uno, dos y tres carabineros que se turnaban para pedir mis datos. Fue inútil. “Usted está detenido por un tema de tierras, será llevado al hospital a constatar lesiones y luego a Traiguén. Mañana será su control de detención”, me repetían. “¿Qué sucederá con los niños?”, preguntaba yo, no creyendo lo que pasaba. “Alguien debe venir por ellos. Lo mismo por su auto”, fue la respuesta. “Y tiene derecho a guardar silencio”, agregaron, malas pulgas. “Y también derecho a llamar a mi abogado”, respondí de vuelta, recordando con nostalgia mi breve paso por la Escuela de Leyes. Y eso hice, Por suerte Rodrigo respondia su teléfono. Le conté la situación y tampoco lo podía creer. Pensó que bromeaba. “Llamaré a la magistrado”, me señaló. Una, dos, tres horas de retención. Firmando papeles, entregando mis cosas, una novela de Kafka. Visita bajo fuerte custodia al hospital. El joven doctor de turno que me examina como si tuviera lepra. Regreso al cuartel. Solo faltaron las balizas encendidas y el personal del GOPE custodiando fuertemente armados al Bin Laden mapuche de turno.

“¿Sabe usted quién fue Teodoro Schmidt?”, pregunté, para romper el hielo, al cabo que me custodiaba mientras sus jefes planificaban el operativo de traslado. “Un Presidente”, me respondió, dubitativo. “No, no fue un Presidente. Fue un ingeniero alemán que llegó a esta zona junto al ejército de ocupación, ello en la guerra de Chile contra los Mapuche”, le explico. “¿Cuál ejército? ¿Cuál guerra con los Mapuche?”, me pregunta intrigado. “La guerra de ocupación de La Araucanía”, le digo. “Don Teodoro Schmidt fue contratado por el Estado para trazar ciudades, líneas férreas y repartir, ordenadamente, las tierras quitadas a los mapuches a los colonos recién llegados. Fue quién trazó el plano de la ciudad de Temuco. Su hijo, del mismo nombre y también ingeniero, trazó ya en los años 20’ la parte sur del Toltén. Ambos hicieron fortuna trazando el despojo de nuestros abuelos. En su honor esta comuna lleva su nombre”, le cuento. “¿Es usted profesor?”, me pregunta. No, periodista. “¿Y dónde trabaja?”, me interrogó. “Soy director de dos periódicos y escribo regularmente en The Clinic y Diario Austral de Temuco, entre otros medios. El próximo jueves compre el Clinic, le gustará mi columna, se lo aseguro”, le propuse. “También acabo de lanzar un libro: ‘Solo por ser Indios’, se llama. Y trata básicamente de cosas como ésta”, agregué. “Mi sargento, acá el joven dice que es periodista y escribe en varios medios. También tiene un libro”, le cuenta el cabo a su jefe. “Pues repítale al imputado que debe guardar silencio”, fue su respuesta. “El imputado”. Corta.

Cuando había perdido toda esperanza, un milagroso llamado de la jueza de Traiguén puso las cosas en su lugar. Se comunicó con el cuartel y ordenó mi liberación inmediata, ello pese a los intentos de Carabineros por dejarme detenido y presentarme ante un fiscal a toda costa. “Es una situación recurrente”, me señaló el suboficial a cargo minutos más tarde, a modo de disculpa y mientras me servía nervioso un café en su oficina. “Los tribunales nunca informan al Registro Civil del cierre de las causas y estas cosas pasan… Esto no es culpa de una gorra verde, imagino lo tiene claro”, agregaría con un tono digno de Vito Corleone. “Perdóneme, pero también existe el criterio. Y aquí brilló totalmente por su ausencia. Toda esta situación ha sido un abuso de autoridad tremendo”, le respondí, largándome en cuanto pude. ¿Cuánta gente sin abogados y sin contactos termina encarcelada por este tipo de situaciones? ¿Cuánta de nuestra gente en comunidades es víctima cotidiana de este tipo de abusos y descriterio policial? Es lo que reflexionaba a mi regreso a Temuco, a medianoche y mientras los niños dormían en el auto. A la hora de los recuentos, una cosa me deja tranquilo. Días antes de mi arresto, el ministro Andrés Chadwick anunció una mejora en el “equipamiento y la tecnología” de Carabineros en la zona mapuche. Imagino busca el gobierno evitar este tipo de abusos. O aquellos otros, mucho más graves, que sufren decenas de comuneros en prisión preventiva por la acción de Fiscales y Carabineros inescrupulosos. Ministro, un gran primer paso sería mejorar la comunicación entre tribunales y el Registro Civil. Mi hija y dos sobrinos pequeños se lo agradecerían. Y mucho.

Kumei Pani Akun, “Bienvenidos” en Mapudungun, es la curiosa consigna bilingue de recibimiento en el retén de Teodoro Schmidt