El abogado Luis Felipe Ocampo, quien patrocina al clan Ossandón Larraín ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de un juicio tributario que los descubrió evadiendo la carga impositiva por 220 millones de dólares, asegura que sus clientes son inocentes.

En una entrevista concedida vía cuestionario a La Tercera, el profesional explicó que la familia, a través de sus distintas sociedades, siempre canceló los gravámenes, aunque declinó señalar cuál era la cifra amparándose en el secreto tributario.

Hay que recordar que este lunes The Clinic Online reveló que el tata fisco le ordenó a esta familia ligada a la elite político, religiosa y empresarial de Chile, pagar 220 millones de dólares que evadió a través de la sociedad panameña Real State Golden Investment (RSGI), a donde fueron a parar los activos de una serie de sociedades chilenas. RSGI, en tanto, creó una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes llamada BLV con acciones al portador.

En suma, la determinación del SII instaló a los Ossandón Larraín como los mayores evasores de impuestos de la historia chilena.

Algo de historia

La decisión de liquidar el SII comenzó luego que Manuel Ossandón Larraín se querellara en contra de su hermano Bernardo por estafa y apropiación indebida en la Fiscalía Centro Norte, información que llegó al tata fisco, iniciando una evaluación impositiva a RSGI y una investigación por fraude tributario. En ella, Manuel Ossandón Larraín acusa que mediante engaños, Bernardo le arrebató los 200 millones de dólares que le corresponden para administrarlos a su gusto.

Ocampo insistió en que la “reorganización tributaria” que hizo la familia de todas las sociedades, se debió a que se buscaba evitar conflictos familiares por la herencia de Larraín Vial.

“La familia Ossandón tiene dos frentes muy importantes, el primero es el quiebre con un hijo, y el segundo, que se haya convertido en un tema público un sinnúmero de querellas y acusaciones sin fundamento jurídico”, le dijo al diario de Copesa

El profesional cuestionó la decisión del servicio de “liquidar” a sus clientes, porque a su juicio el pago de impuestos debía ser cancelado una vez que se recibieran los dineros de las sociedades que estaban pactadas a los dueños, con plazos que iban desde los 30 a 60 años.

Sin embargo, la entidad estimó que una vez hecha la operación en 2009 debió haberse ingresado 51 mil millones a las arcas fiscales y no después. De allí que le aplicaron altos reajustes, intereses y multas que –en plata chilena- suman más de 105 mil millones de pesos que, a modo de ejemplo, es casi todo el presupuesto del Ministerio Público.

Ocampo opina lo contrario: “De esta forma, no se discute si deben o no pagarse impuestos, sino sólo el momento en que debe realizarse dicho pago. Y nuestra postura es la que ha primado en Chile por años”.

Demora

¿Cuántos años podría durar esta causa en los tribunales?, le preguntó La Tercera. Ocampo respondió: “Frente a la liquidación emitida por el SII, se interpuso una reclamación tributaria, la que debe ser conocida por los Tribunales Tributarios, Corte de Apelaciones y Corte Suprema, por lo que dicho juicio puede durar unos cinco a seis años”.

Respecto a la decisión de Manuel Ossandón Larraín de querellarse contra su hermano y exigir su parte de la torta, Ocampo aseguró que sigue teniendo los mismos derechos: “La pregunta que vale la pena hacerse es por qué ninguno de sus cuatro hermanos se siente defraudado, en circunstancias que se encuentran exactamente en la misma situación patrimonial que él”.