Caso sobreprecios: fiscalía pide tráfico de llamadas de La Moneda

El fiscal Centro Norte, Jaime Retamal, ordenó que La Moneda entregue el tráfico de llamados de la central telefónica de todos los imputados en el caso que investiga el millonario sobreprecio que estuvo a punto de pagar el gobierno por detectores de droga en un programa de la subsecretaría del Interior encabezada por Rodrigo Ubilla.

La diligencia busca determinar las llamadas entre los inculpados que trabajaban al interior de Palacio, principalmente en el Ministerio del Interior y la unidad de seguridad pública y los proveedores para presuntamente filtrarles información sobre el proceso de licitación.

Hasta ahora se encuentran en calidad de imputados los ex funcionarios públicos Manuel Cacho, quien era el encargado jurídico de la compra de los detectores de droga y que debió renunciar luego de una publicación hecha por este diario que daba cuenta de sus vínculos con el estudio jurídico de una de las empresas que intentó participar en la licitación.

A él se suma el jefe del proyecto, Felipe Baeza, así como Christian Urzúa, Rodrigo Muñoz y César Saavedra y el ex analista de la ANI y funcionario de Interior, Carlos Álvarez.

En tanto los empresarios indagados son Alfredo Giacomán, dueño de Tecnodata, la empresa ganadora de la licitación de los aparatos y que habría recibido más de 800 millones por sobre el valor de mercado de los detectores si el caso no se hubiera descubierto a tiempo. En la misma situación están Daniel y Roberto Weinberger, dueños de inversiones Santa Isabel, con quien mantenía contactos Giacomán.

La empresa

Fuentes que conocen del caso indicaron a este diario que el gobierno aseguró que carecía de la información de la red telefónica ya que pertenece a la empresa Movistar, que es la proveedora del servicio.

Por esta razón, Retamal ofició a la firma de telecomunicaciones para obtener los datos, los que debieran llegar materialmente en las próximas semanas.

Hay que recordar que la compra de los detectores de droga se harían en el marco del llamado proyecto Frontera Norte, y se enmarcaba en una licitación que fue otorgada a la empresa Tecnodada a agosto pasado.

Según la primera investigación de Ciper Chile que destapó el escándalo, Giacomán cobraría un millonario sobreprecio, en circunstancias que había otras alternativas para adquirir equipos similares a menor precio.

La información derivó en que presentara la renuncia el jefe de la División de Estudios, el ex fiscal Alejandro Peña, Baeza y Álvarez. Una semanas después lo haría Cacho.