Las modificaciones al Plan Regulador que triplicaron el valor del terreno que Pereira arrienda a Cencosud en Las Condes

Reportaje de Ciper Chile

Aunque en la esquina de las avenidas Francisco Bilbao y Padre Hurtado, en Las Condes, Cencosud construyó un enorme mall, el terreno no es del holding de Horst Paulmann. Como lo reveló un reportaje de revista Qué Pasa el viernes 25 de enero, el empresario de origen alemán es sólo el arrendatario de ese enorme paño de 5,1 hectáreas frente al Parque Intercomunal San Alberto Hurtado. Sus dueños son dos sociedades de la familia Gandarillas que comparten la propiedad en partes iguales. Una de ellas es Inversiones Caburgua Ltda., donde participan las hermanas María Luisa y Josefina de la Cerda Gandarillas. La otra es Inmobiliaria Molino Viejo Ltda., cuyos socios son el actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira Gandarillas, y su hermano Francisco Javier; todos primos hermanos por lado materno.

Esa relación contractual se convirtió en una de las últimas manchas que comprometen la gestión de Julio Pereira a la cabeza del SII. Él asumió el cargo en marzo de 2010, nombrado por el Presidente Sebastián Piñera. Un año después, la institución condonó a Johnson’s cerca de $59.000 millones en intereses y multas originados por deudas tributarias, una decisión en la que Pereira participó de forma directa a pesar de que tanto él como el subdirector jurídico del servicio, Mario Vila, deberían haberse inhabilitado por haber sido asesores tributarios de la multitienda antes de pasar al sector público. Una resolución de la Contraloría confirmó que tanto Pereira como Vila realizaron esa asesoría tributaria y determinó que se investigue si incurrieron en conflicto de intereses al realizar la condonación. En ese dictamen, la Contraloría “dispuso instruir sumario administrativo en el SII y en los demás servicios públicos pertinentes, a objeto de determinar la existencia de eventuales irregularidades en el proceso de condonación de intereses y multas del grupo Johnson’s”. El futuro de Pereira al mando del SII depende en gran medida del resultado de ese sumario, que debería acabar en los próximos días.

Un grupo de parlamentarios de oposición exigió su renuncia, pero el gobierno lo blindó a la espera de lo que dictamine la Contraloría. Sólo un par de semanas después, con el reportaje de Qué Pasa, el director del SII volvió a las primeras planas de los diarios, generando al gobierno un nuevo problema vinculado al conflicto de intereses. Como el millonario “perdonazo” despejó el camino para que el holding de Paulmann adquiriera la mayor parte de Johnson’s –hoy controla el 85,5% de las acciones–, el conocimiento público de ese contrato vino a complicar aún más la cuestionada situación de Pereira.

Cuando se firmó el contrato de arriendo en febrero de 2000, la relación de Pereira –entonces socio de Price Waterhouse Coopers– con Cencosud no era más que un muy buen negocio entre privados. El contrato estipulaba que la empresa de Paulmann cancelaría a los dueños del predio unas 47.000 UF al año al menos hasta 2032, cuando venciera el acuerdo. Y en caso de que las ventas netas de IVA del centro comercial superaran ese monto, el arriendo correspondería a un porcentaje de poco más del 1% sobre esas ventas. Para la fecha en que se firmó el documento que entregaba en arriendo el terreno sin construir, a los hermanos Pereira Gandarillas les correspondía al año un pago de $355 millones. Actualmente, ese monto equivale a casi $536 millones.

En todo caso, el ajuste de las unidades de fomento durante los últimos 13 años no ha sido el único motivo que ha hecho del acuerdo entre los primos Gandarillas y Cencosud un negocio millonario. El terreno forma parte de las zonas que han sido modificadas desde 2000 en el Plan Regulador Comunal de Las Condes (PRC), siendo beneficiado con normas más permisivas de construcción, otorgando una mayor plusvalía al terreno y, en consecuencia, multiplicando el valor patrimonial de las sociedades de los hermanos Pereira y de la Cerda. De acuerdo a los registros del mismo SII, la tasación fiscal de esas 5,1 hectáreas ha aumentado 3,6 veces su valor desde la firma del contrato. Su avalúo fiscal actual supera los $36.235 millones. Y en eso, mucho tiene que ver su relación con Cencosud.

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