Florianópolis bajo el fuego narco: 100 ataques en 17 días

Vía Clarin.com

Por segunda vez en medio año, el Estado de Santa Catarina –y en especial su capital, Florianópolis, balneario preferido por muchos argentinos– está literalmente bajo el fuego de los grupos narcos. Pero la nueva ola de violencia, que estalló el 30 de enero, superó la capacidad del gobierno local para hacerle frente y fue necesaria la intervención federal paradominar una situación fuera de control. Desde el viernes, 350 soldados de la Fuerza Nacional Seguridad vigilan las calles de la ciudad y de otras localidades. El objetivo inmediato es impedir más incendios de autobuses públicos y atentados con bombas de fabricación casera.

Hasta ayer, no habían cedido las acciones de los traficantes. Se arrojaron molotov contra oficinas públicas y algunos ómnibus fueron el blanco de incendios intencionales. Según las autoridades policiales, en los últimos 17 días se produjeron más de 100 casos, lo que terminó por aterrorizar a la población. El jueves último los choferes decidieron interrumpir la circulación nocturna: el transporte se redujo al horario diurno, entre las 7 y las 19 horas. Esto no solo atemorizó sino que también indignó a los habitantes de Florianópolis, que no consiguen desplazarse al trabajo. Según relatos de los comerciantes, las ventas se desplomaron: “La población está con miedo de viajar al centro y sufrir un atentado o quedarse sin ómnibus para volver. Para esto hay solución, pero no quieren tomarla” declaró el dueño de un restaurante.

Con la llegada de la Fuerza Nacional de Seguridad, se inició en simultáneo la llamada “Operación Frontera”, con la que se pretende“asfixiar” económicamente al tráfico de drogas, liderado según se afirma por una organización llamada Primer Grupo de la Capital (PGC), una denominación que puede esconder un parentesco con las facciones delictivas de San Pablo, comandadas por el Primer Comando de la Capital o PCC. En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, informó que el operativo implicará la “instalación de cercos policiales por aire, tierra y mar”. Por de pronto, sostuvo, habrá barreras fijas en las autopistas y rutas provinciales. El nombre que se le adjudicó a esta acción de las fuerzas de seguridad no es casual: de acuerdo con el ministro, también controlarán la frontera con Argentina. Cardozo prometió el despliegue de un intenso patrullaje en la región.

Ayer, en un cerco tendido a los traficantes, la policía catarinense detuvo a 25 personas, entre los que se encontraban varios abogados, sospechosos de estar involucrados con los grupos delictivos. Algunos de los allanamientos practicados dieron resultados negativos, debido a que un comisario cuyo nombre no trascendió les habría avisado a los delincuentes; lo que claramente sugiere que la red delictiva en ese estado provincial no se limita a los presidios y favelas.

Sus líderes mantienen sólidos lazos con abogados y miembros de los cuerpos policiales.

Otra medida adoptada ayer por las fuerzas de seguridad fue el traslado de cabecillas del PGC a prisiones de alta seguridad fuera de Santa Catarina. Según las fuentes policiales, desde el interior de los presidios, quienes comandan las bandas enviarían mensajes a los miembros de la banda en libertad con instrucciones para los atentados. Se afirma que utilizaban inclusive chips de celulares, simples de disimular entre las ropas.

El gobernador catarinense Raimundo Colombo ayer rechazó las críticas por las demoras en pedir el auxilio federal. Argumentó que por cuestiones de seguridad de la población se había decidido aguardar hasta después del Carnaval. Sostuvo que “el proceso que nos llevó a la ofensiva fue hecho en tiempo récord y dentro de un gran secreto”.

En los medios brasileños afirman que la violencia contra la población ejercida por el PGC es una forma de “protestar” contra las condiciones que se viven en las prisiones de Santa Catarina. Los prisiones alegaron haber sufrido torturas sistemáticas. Y dijeron que no recibían ni atención médica ni tampoco un abastecimiento regular de agua. Esto fue confirmado en 2012 por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Este año trascendieron filmaciones realizadas por los detenidos en los que se observan golpes y choques eléctricos practicados por los agentes policiales.