“Entendemos ese anuncio como una advertencia al movimiento estudiantil y eso nos dice algo: el gobierno ya se está despidiendo”. Esa es la respuesta que da un miembro de la mesa Confech 2013 al reimpulso que le dio el Presidente Sebastián Piñera a la denominada Ley Hinzpeter introduciéndole una indicación que propone penas más severas para encapuchados en manifestaciones públicas, aún sin que cometan delitos.

Si bien no es un tema que les compete y afecta directamente porque han hecho un llamado desde el inicio del movimiento estudiantil a manifestarse de manera pacífica y con el rostro descubierto, con la aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación Harald Beyer, el anuncio del Mandatario fue visto como una clara provocación a la marcha convocada desde hace ya varias semanas para este jueves 11 de abril.

Una marcha que coincidirá con un paro nacional convocado por los trabajadores de Codelco desde Calama, una preocupación más para el gobierno que desde el jueves pasado vislumbra nuevamente un sombrío panorama y que ya desde los pasillos del Congreso preveía un difícil escenario para esta semana.

Antiencapuchados

Antes de la votación favorable a la acusación constitucional contra Beyer, el propio Presidente anunció los detalles del reimpulso de la “Ley Hinzpeter” con una indicación que endurece las penas a quienes cometan delitos graves en manifestaciones públicas estando encapuchados.

En palabras del propio Piñera, la nueva indicación –aún no ingresada- crea una nueva falta que permitiría a Carabineros “detener a aquellas personas que en medio de actos públicos estén encapuchados u ocultando su identidad, de forma tal de poder tener un elemento que va a permitir retirar a aquellos que en forma encapuchada se están preparando para cometer los delitos que antes mencioné”.

Tras esto, estudiantes y expertos en el tema no vieron con buenos ojos este reimpulso. “El gobierno está intentando hacer más peligroso ir a las marchas y a nosotros nos preocupa porque no sabemos cuál es la definición de encapuchado, cuando hoy existen compañeros que sin hacer nada son reprimidos o detenidos por carabineros”, dice el presidente de la Fech, Andrés Fielbaum.

“Hoy lo que entendemos es que el enemigo del gobierno no es la oposición ni la concertación, son el movimiento estudiantil y el movimiento social en general. De alguna manera identifica que la presión viene por ahí, de la situación de los compañeros de la Universidad del Mar, la Confech y de cómo vienen a tensionar la posición del gobierno. Y son ellos justamente los que han puesto en entredicho los temas claves para este año electoral”, dice Mario Domínguez, secretario general de la Federación de la Universidad de Valparaíso.

El texto original, antes de las indicaciones anunciadas por Piñera la semana pasada ya preocupaba por las definiciones sobre los encapuchados y lo que se entendía por desórdenes. “Eso incluye una marcha pacífica o incluso una persona con un cartel que interrumpa el tránsito un momento, por tanto, nos preocupa que haya un efecto en el ejercicio del derecho humano”, dice Ana Piquer, de Amnistía Internacional Chile.

A su juicio, lo que hace la ley es dar una señal en términos de que la protesta social es como una especie de foco natural de comisión de delitos, por tanto, también “una muestra de que lo que se quiere es en verdad eliminarla”. “Este no es solo un tema de seguridad ciudadana, es también un tema de derechos humanos”, dice Piquer.

Motivos suficientes

La semana pasada el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, habría seguido de cerca el avance del conflicto en Calama, tomando en cuenta la reciente movilización y bloqueo en la división Radomiro Tomic, que terminó con la salida de su gerente general.

En la Confech es un análisis compartido: esto es un síntoma de que el gobierno siente haber empezado a enrrielar la agenda a su favor y se encontró con varios focos críticos para asegurar que no hayan estallidos sociales durante el 2013 como los vividos en los dos años anteriores.

“Hay motivos suficientes para coartar aún más la manifestación pública, que es la que hoy vuelve a tener en entredicho la capacidad de este gobierno de enfrentar conflictos sociales y que entiende que ellas pueden polarizar aún más el debate electoral y presidencial de este año”, dice otro miembro de la mesa ejecutiva Confech.

“Nosotros haremos una convocatoria pacífica y amplia y queremos responder a ella de una buena manera. Por ahí va el gallito. Si somos capaces de instalar este tema en el debate político, vamos a hacer que eso resulte. Lo que nos interesa es la adherencia mayoritaria porque así podemos instalar definitivamente a la educación como eje principal de preocupación de este y el próximo gobierno”, dice Domínguez.

De todas maneras, la convicción de seguir movilizándose existe ya que el gobierno no ha dado muestras de abandonar la agenda legislativa, que tiene varios proyectos de ley en camino con la gestión de Beyer. El más emblemático de ellos, justamente el que vendría a frenar lo que motivó la acusación del ministro, la creación de una Superintendencia de Educación Superior.

“Desde septiembre del año pasado que no tenemos comunicación con el gobierno, aunque lo cierto es que respondieron en octubre. Ahí se comprometieron a revisar varios puntos de los proyectos, que nosotros les hicimos ver, y no hemos visto avance. Se dijeron varias cosas y no se ha cumplido ninguna”, dice Fielbaum.

Con todo, los trámites con intendencias y gobernaciones para este jueves aún no rinden frutos. En Santiago, esta mañana los estudiantes tendrían una confirmación del recorrido oficial, aunque los dirigentes ya adelantaron que al menos no permitirán que comience en otro punto que no sea Plaza Italia.

En Valparaíso, en tanto, los estudiantes están pidiendo volver al recorrido histórico de las marchas en la ciudad –por Avenida Pedro Montt, hasta pocas cuadras antes del Congreso-, lo que tampoco ha sido confirmado.

De todas formas, con recorridos históricos o no los universitarios evaluaron en el último Confech -celebrado este sábado en la sede Reñaca de la Universidad del Mar- que es el momento de dar el golpe al y confirmar el empoderamiento para incidir de manera más efectiva en el debate público en año de elecciones clave y presionar para que la denominada Ley Hinzpeter se quede solo en un proyecto de ley.