Cárcel de San Miguel: El líder de los prisioneros

Todos los días César Pizarro llega a un paradero en La Pintana y atraviesa seis comunas en Transantiago para llegar a una villa militar. Usa el pelo corto a los lados, partidura al lado y jopo: un look de evocación punk que le permite trabajar como conserje sin perder su identidad. Es enero y el calor está pesado. Parado sobre un tierral que espera ser urbanizado en la zona cordillerana, se escucha nítida la voz rabiosa de Evaristo, el ex vocalista de La Polla Records que interpreta Ok portal, una canción contra la sumisión social que usa de ringtone.

Las llamadas que recibe César vienen de las cárceles. Los presos le hablan de tragedias pero no para estafarlo con el cuento del familiar involucrado en un accidente de tránsito. Son las miserias verdaderas que viven en el precario sistema carcelario chileno. Hace días lo llamaron del Centro Penitenciario de Llancahue. Gendarmería había realizado un allanamiento antimotines y un contingente de guardias entró con perros a las celdas dejándose caer con una lluvia de palos. “Los mordieron y les pegaron hasta orinar sangre”, cuenta.

A César Pizarro lo llaman porque es el presidente de 81 Razones, una agrupación formada por familiares de los presos que murieron en el incendio de la Cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010. Hoy no sólo lucha por hacer justicia en el proceso judicial contra Gendarmería por la tragedia, sino que es la única esperanza de los presos que denuncian apremios ilegítimos dentro de las cárceles chilenas.

-Desde que creamos la organización he recibido cien denuncias desde 8 cárceles del país y son 88 en total, así que imagínese, no es nada. Antes me mandaban a la cresta, los gendarmes me decían ‘sale de acá, que andai defendiendo hueones’. Pero ahora me escuchan. Las condiciones en muchas cárceles están dadas para que quede otra cagada y no quiero que otras familias pasen por lo que yo pasé- reflexiona César.

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A LA CANA

César creció en una población de La Pintana, rodeado de delincuencia, sin padre y a cargo de cuatro hermanos chicos. En su adolescencia prefirió los bototos a las zapatillas de 50 lucas. Pudo ser un flaite pero eligió ser punk, garrero y presidente de curso. En Los Drogos, una facción de la Garra Blanca liderada por el “Comanche”, conoció el anarquismo. Durante sus años de garrero se ganó el respeto en la población Pablo de Rocka, mientras en el colegio organizaba marchas y campeonatos de pimpón.

Si bien nunca ha estado preso, a César el mundo penitenciario le es familiar. En los sectores marginados de la sociedad la delincuencia no tiene secretos y durante su vida ha visto enfilar a la cana a muchos vecinos. Él mismo alguna vez “mecheó” champú en el supermercado. “Encontraba que era justo”, recuerda. Lo más cerca de la cana que estuvo fue un día que lo pillaron robando, se cambió el nombre y la policía se lo llevó por usurpación de identidad. A la cárcel de Puente Alto llegó con sus bototos de milico sin cordones. “Estaba haciendo la práctica, ahí caché que tenía que dejar de huevear”, recuerda.

Al final nunca encontró trabajó en su oficio, la computación, y terminó como reponedor y guardia en una tienda. “No me avergüenza porque yo cambié porque quise, además conocí los procesos, las golpizas, las detenciones, los abusos. Me pasaba agarrando con otros guardias”, advierte. A pesar de las contradicciones de su trabajo, le sirvió para irse a vivir con su polola y su hijo a la Población Yungay.

Aunque su camino cada vez se distanciaba más de la cana, una imagen nunca dejó de acompañarlo: el rostro de una persona que había muerto tras las rejas, enmarcado en una foto en la casa de una vecina, sonriendo, formando con sus dedos el signo de la paz. Nunca se la sacó de la cabeza. Le provocaba tristeza. Hoy tiene una igual en su casa, pero de su hermano Jorge.

LA CHISPA

“Jorgito”, así lo recuerda, cayó por asaltar, pistola en mano, un camión de cigarrillos. Durante el tiempo que estuvo preso, César conoció en serio la cárcel. Aunque adentro su hermano rápidamente se ganó el cariño de los internos, bailando raeggeton, todas las semanas le contaba sobre las golpizas entre reos y los abusos de los gendarmes. “Por pasar copete te cobran 30 o 40 lucas, mandabas celulares y te robaban uno, son guiñas los gendarmes, se desesperan con la plata”, dice César.

La madrugada del 8 de diciembre de 2010, mientras César pintaba un jardín infantil, su hermano se transformaba en una de las 81 víctimas del incendio de la cárcel de San Miguel. Aquel infierno, donde las personas afuera gritaban que los de adentro estaban bien muertos, hizo que César supiera de inmediato cual sería su destino. A los pocos días ya estaba infiltrado con una cámara de video en la cárcel. Cuando lo pillaron, el alcaide le dijo que quedaba con prohibición de volver a entrar a una prisión. César piensa que sería bueno que lo metieran preso para conocer mejor ese mundo. Parte de su grabación fue emitida en Informe Especial.

Un mes después del incendio César ya era el líder de 81 Razones. Se lo pidieron los abogados Winston Montes y Jaime Gatica, para reclutar a los familiares que aún no se inscribían en el juicio penal. La necesidad de justicia los llevó a extremar medidas. En la primera acción lanzaron pintura roja sobre las paredes del penal y luego apedrearon durante diez minutos la cárcel.

-Ahí se nos acercó gente de la Pastoral Penitenciaria para calmarnos, eso nos ayudó a darnos cuenta que no era el camino y empezamos a hacer las cosas bien. Ahora llega un carro policial pero para cerrar la calle y que no pasen autos mientras estamos en la velatón- cuenta César.

Después de dos años de juicio por el incendio aún no hay sentencia para los responsables. El martes se realizó la audiencia de cierre y se dio paso a la preparación del juicio oral, fijada para el 7 de mayo. Se trata de una etapa donde querellantes, defensores, y fiscales filtran los medios de prueba. Según el abogado de las familias, Winston Montes, “buscaremos que se establezca debidamente por qué ocurrió y aunque se vislumbra la negligencia de Gendarmería, esa convicción estará asentada cuando haya una sentencia que la haga suya. Lo importante es que el proceso entra en tierra derecha”.

Paralelamente, hay una demanda contra el Estado ante los tribunales civiles. Los querellantes piden 10 mil millones de pesos para las 81 familias, pero en la agrupación dicen que gente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya está tanteando las sumas de la indemnización. César Pizarro tiene su teoría: “Si lo pensamos políticamente, se está tirando el juicio para el otro gobierno: que sean otros los que les den la plata a los familiares de los delincuentes que murieron. Hay familias que piden $ 500 millones, otros $ 350 millones, pero informalmente el CDE está ofreciendo 40 millones, lo mismo que a los familiares de Antuco”.

VA A QUEDAR LA CAGÁ

En dos años pasan muchas cosas. Por ejemplo, se está tramitando legalmente el carácter de ONG de la agrupación. Hay un directorio de once personas, entre ellos el artista visual Francisco “Papas Fritas”, quien como vecino de la cárcel, sintió el llamado a mejorar el sistema penitenciario, desde la capacitación de los gendarmes hasta la reinserción verdadera de los reclusos.

Además de las velatones, algunos miembros de 81 Razones participaron en una obra de teatro, Torre 5, que sigue girando por el país bajo la dirección de Jacqueline Roumeau. César, quien era uno de los protagonistas, hoy no puede estar porque tiene que trabajar como conserje, seguir liderando 81 Razones y gestionar -en alianza con la ONG Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco)- mejoras para la situación de los internos en Chile.

Es abril y han pasado tres meses desde que Pizarro envió a Gendarmería -con copia a otras instituciones, incluido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- un email con fotos y los antecedentes de la golpiza en el Centro Penitenciario de Llancahue, donde los reos acusan que quedaron orinando sangre. Hace unos días la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de amparo, presentado por la directora del INDH, Lorena Fries.

La noticia dejó contento a César, aunque a veces pierde la fe. Se siente pobre en su trabajo: gana poco, recorre mucho y no le queda tiempo para estar con su familia. A veces le gustaría ser el aludido de la letra de la canción de su ringtone (“Tú, tú eres normal y yo el puto alienígena de este puto portal”, canta Evaristo). Después se consuela pensando en trabajos peores –“como los guardias”, dice- y saca fuerza de la gente que se ha sumado voluntariamente a 81 Razones: anarquistas, psicólogos, abogados, artistas. Pero tiene una razón más urgente para seguir. César tiene una lista con más de 100 denuncias en los penales más peligrosos para la integridad de los reos. “La Peni y Colina 2 son ollas a presión. Valdivia, Concepción, Temuco y Puerto Montt, son cárceles donde trasladan a los reos más conflictivos, los sacan de su ciudad, de sus familias. Además torturan a los presos, les han botado dientes, quebrado costillas. En Santiago 1, un interno perdió la audición a palos, se supone que al gendarme lo dieron de baja pero el mismo reo se lo encontró en la Peni después. En Quillota empujaron a un preso en silla de ruedas por las escaleras”, dice César en un recuento macabro.

Su lista sigue con los penales precarios y hacinados. Cuenta que en La Serena no tienen platos, que los presos comen en latas, como los perros. Que en Antofagasta viven en condiciones infrahumanas, peor que San Miguel antes que se quemara. En Puerto Montt y Valparaíso, dice César, el queso, la mantequilla y el pollo que les tienen que dar, se los venden. Los gendarmes no dejan entrar azúcar a los familiares para que no metan cocaína, pero ellos, dice César, venden el azúcar a luca.

Una de las denuncias de mayor violencia le llegó del penal de Quillota. El 23 de febrero se generó una pelea entre internos del modulo 4 y los gendarmes entraron con bastones, les tiraron la comida caliente en el cuerpo y, según dice la denuncia, un cabo de apellido Osorio, disparó balines de goma a quemarropa hiriendo a muchos internos en la cara.
“Hemos conseguido traslados, pero Gendarmería no quiere ser fiscalizada. Hay que mejorar las cárceles, porque hay muchas que están peor que San Miguel antes del incendio. No han hecho nada, no han aprendido nada, en cualquier momento va a volver a quedar la cagá”, advierte.

César sueña con tener una sede gigante, con asesoría para todas las familias, con piezas para recibir a quienes vienen de otras ciudades a la dominical, con luchar por los derechos penitenciarios para rescatar 50 de 100 presos, y bajar la delincuencia. Como dice el dicho, sugiere César: “educa al niño para no castigar al hombre”.

Pero la realidad es más fuerte. La última denuncia llegó desde el penal de Valdivia, a fines de marzo, el mismo lugar donde se aceptó el recurso de amparo a favor de los reos golpeados por Gendarmería. César cuenta que el teniente Vásquez, el capitán Arriagada y un sargento, más un grupo de funcionarios, ingresaron al modulo 31 con extrema violencia amenazando a 13 internos que habitan el lugar. La razón: que no siguieran con la denuncia interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si no lo hacían, le contaron a César, no saldrían vivos de la cárcel. El teléfono de César vuelve a sonar.