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Opinión

3 de Junio de 2013

El liberalismo pone sus fichas: La propuesta laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez

Si a usted le interesa el debate laboral, coincidirá conmigo en que éste, una vez más, se ha empezado a mover. Si no le interesa, sería bueno que espabilara, porque en esas discusiones que a veces parecen tan ajenas, se cuecen las determinantes que por aquí o por allá van a impactar directamente en su […]

Felipe Ossandon Saball
Felipe Ossandon Saball
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Si a usted le interesa el debate laboral, coincidirá conmigo en que éste, una vez más, se ha empezado a mover. Si no le interesa, sería bueno que espabilara, porque en esas discusiones que a veces parecen tan ajenas, se cuecen las determinantes que por aquí o por allá van a impactar directamente en su vida, su sueldo y el uso de su tiempo.

El caso es que, ad portas de un proceso de elecciones todos comienzan a ordenar sus propuestas, sus iniciativas y sus argumentos. Los sindicatos, los partidos políticos, los académicos y también ese entramado difuso pero efectivo de pensamiento liberal que durante la última década ha logrado instalarse como un grupo de presión y acción política en ambas coaliciones principales, mediante el expediente de construir una red de relaciones personales que trasciende las instituciones políticas y que desarrolla una intensa agenda política que no corre por el lado de los discursos, debates y movilizaciones, sino que se despliega en la idea del conocimiento especializado y en la ostentación de una “neutralidad técnica” apuntando a la formulación específica de las políticas y reformas.

Y en el debate laboral, dicha red ya tiene su propuesta de reforma al Código del Trabajo. Porque, reconozcamos los méritos, hicieron la pega. Escribieron su ladrillo y, desde 2011 han ido predicando con él. El documento se llama “Hacia una nueva Legislación Laboral” y fue escrito en la Universidad Adolfo Ibáñez por, fíjese bien, Andrés Allamand, candidato de RN a la Presidencia de la República; Marcelo Albornoz, ex Director del Trabajo y abogado asesor de algunas de las mayores empresas del país; Francisco del Río, asesor legislativo del Ministerio del Trabajo; Andrea Repetto, economista, académica de la UAI, integrante de Expansiva e incorporada del comando de Michelle Bachelet y, finalmente, Ricardo Solari, ex Ministro del Trabajo.

Es una propuesta donde los trabajadores están bastante ausentes y responde en sus contenidos más bien a la instalación de una agenda de corte empresarial en el ámbito laboral.

Partamos por el diagnóstico. La propuesta asume como propia la idea de la regulación laboral como una rigidez que entraba el desarrollo de la economía, ya que “limita las capacidades de las partes para negociar cambios y adaptabilidades que beneficien a todos”. No está en la base la idea del derecho como herramienta para proteger a los trabajadores en el contexto de una relación desigual. El objetivo central de la propuesta es la flexibilidad laboral, denominada adaptabilidad, específicamente en materia de jornadas y despidos, generando como compensación algunos cambios menores en el ámbito de la negociación colectiva.

Revisemos algunos aspectos relevantes de la propuesta:

Respecto de la Dirección del Trabajo, buscan una institucionalidad que “promueva ambientes de colaboración y acuerdos”, y para ello proponen terminar con la actual Dirección y separarla en instituciones (a ellos les gusta decir “agencias”) distintas. Una que fiscalice, otra que certifique buenas prácticas, otra que genere soluciones alternativas a los conflictos en base a la mediación y fiscalización y otra que interprete la ley.

En este último punto que reemplazaría a la actual facultad de la Directora del Trabajo de evacuar Dictámenes interpretando el Código, ellos proponen una institución que antes de interpretar, “consulte a trabajadores y empleadores”, es decir que abandone la interpretación en derecho y someta a revisión los dictámenes con los gremios, con el evidente beneficio para los empresariales que con su legión de abogados y lobistas podrán frenar las interpretaciones que les sean inconvenientes.

Respecto del manido concepto de empresa, que uno de los autores (Allamand), impidió modificar en el Senado y cuyo fraude (multirut y suministro) no pudo ser atacado por la DT en 2007 gracias a las acciones judiciales que CODELCO presentó, bajo la atenta mirada de Andrés Velasco, han decidido dar una vuelta más de tuerca. Y proponen establecer un mecanismo que reemplace las ya mermadas facultades de la DT por un Panel de Expertos (todos economistas e ingenieros si nos atenemos a las propuestas que en su momento circularon) y reduce a los Tribunales a un mero rol de segunda instancia frente a este Panel.

En lo que toca a Jornada Laboral, el diagnóstico es claro “La ley limita la capacidad de las empresas para enfrentar fluctuaciones en demanda y productividad”. Es decir, la regulación de jornada no es vista como una protección al trabajador y trabajadora, para que su vida diaria no quede sujeta a las veleidades del patrón, sino que como una traba para la productividad.

En este punto es importante detenerse. Hace rato que en muchos sectores, como el retail, la discusión no es “cuánto” se trabaja (duración de la jornada), sino “cuándo” se trabaja (En qué horas se trabaja). Los empresarios no quieren necesariamente gente que trabaje más, sino que trabaje cuando ellos quieran, pagando el menor sobretiempo posible. Esto implica que le pueden decir a la trabajadora que este lunes no venga a vender, pero que el viernes se quede 12 horas, sin pago adicional, porque es el momento de mayor clientela. ¿Y a mis niños como los llevo al jardín?, dirá la trabajadora. Es que la certeza y predictibilidad en materia de jornada y remuneraciones son elementos cada vez más sentido por los trabajadores y trabajadoras. Las políticas de flexibilidad propuestas van directamente en sentido contrario.

Para ello proponen ampliar la actual jornada semanalizada (es decir con máximo semanal y diario), por jornadas mensualizadas y anualizadas. Es decir, mientras no se pase un tope mensual y otro tope diario, distribuya como quiera y cambie esta distribución como desee. Si quiere páctelo con el sindicato, o bien sólo con el trabajador (con el escaso poder de negociación que tiene éste frente a la empresa). Es la flexibilidad laboral, que nos vienen vendiendo como panacea para la empleabilidad de jóvenes y mujeres desde hace un rato ya. Respecto de la anticipación, la propuesta establece que los empleadores deberán avisar con 10 días de anticipación de los cambios de jornada. En el caso de los trabajadores de jornada parcial, serán 3 días.

En materia de negociación colectiva, donde claramente está la mayor falencia actual, con una ley que permite el reemplazo en huelga, un conjunto de procedimientos que hace muy complejo negociar, con algunos sindicatos sin titularidad y con los trabajadores amarrados a negociar con su empleador formal, aunque este no sea más que un papel en una notaría; la propuesta construida en torno a la Adolfo Ibáñez nos proponen crear una “Negociación colectiva como instrumento de diálogo, productividad y mejores condiciones laborales”.

Para ello, proponen mantener el derecho a reemplazo de trabajadores en huelga, pero a contar del día 10 de la misma. Asimismo, permiten que la empresa se autodeclare como “esencial” o pida a la DT que declare determinadas funciones como tales, en cuyo caso se prohíbe la huelga. Esta declaración amplía la restricción actual, asociada a los equipos de emergencia, que no aluden a lo esencial de los servicios prestados, sino que limita su uso a evitar daño a las instalaciones, la comunidad o el medio ambiente, con lo que no pretende mantener la producción, como sería el caso de una definición de esencialidad del servicio.

Ni hablar de eliminar los grupos negociadores, abrir la negociación a los sindicatos interempresa, generar negociación ramal, prohibir la extensión unilateral del empleador o simplificar el procedimiento.

Pero como contraparte sí se proponen legalizar una de las prácticas antisindicales que hoy son sancionadas por los tribunales en el marco de las negociaciones, consistente en la transmisión directa de información de la negociación dese la gerencia a los trabajadores saltándose a las directivas sindicales. La propuesta de este grupo propone asumirlo como un derecho de las empresas, previo a la votación de la huelga. Al parecer esto no implica que los Sindicatos puedan ir al Directorio de la Empresa a contar las pellejerías de sus gerentes en la negociación.

Estas propuestas, entre muchas, están contenidas en este documento. Lo o la invito a leerlo. Lo puede encontrar en la web de la universidad.

Pero la invitación principal es a involucrarse, a informarse, a debatir. A evitar que en esta campaña, la formulación de las propuestas concretas sea nuevamente el terreno donde la transversalidad de los “expertos” que el liberalismo ha sembrado en todas las canastas, vuelva a refugiarse en la técnica para escamotear los legítimos anhelos que surgen de la política y la democracia.

*Felipe Ossandón Saball es Profesor de Historia y Geografía, Asesor Sindical, socio de Desarrollo y Trabajo Consultores.

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