Municipios paralizan uno de tres proyectos ambientales cuando se oponen, pero estudio revela que solo impugnan el 1% de las iniciativas

Un estudio del Laboratorio Municipal (LabMun) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) reveló que las municipalidades impugnan formalmente solo el 1% de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), planteando una realidad distinta al “mito” de que los municipios suelen ser un obstáculo para las inversiones.

La investigación revisó todas las iniciativas ingresadas al SEIA durante los últimos diez años y concluyó que la participación municipal en procesos de oposición formal es excepcional. Sin embargo,, el análisis también reveló que cuando las autoridades comunales deciden intervenir, su acción es altamente efectiva.

Según el informe, uno de cada tres proyectos cuestionados por municipios termina siendo rechazado, revocado, caducado o desistido por sus titulares.

Los resultados fueron presentados durante el seminario “Rol de los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos”, que reunió a representantes del mundo académico, municipal y empresarial para debatir sobre el papel de los gobiernos locales en la evaluación de proyectos de inversión.

Infraestructura portuaria y transporte concentran la mayor conflictividad

Uno de los principales hallazgos del estudio apunta a que la conflictividad no se distribuye de manera uniforme entre los distintos sectores productivos.

Aunque las áreas de Energía e Inmobiliario concentran el mayor número de cuestionamientos, al analizar la proporción respecto del total de proyectos ingresados, los rubros con mayores niveles de conflicto son la infraestructura portuaria, con una tasa de 11,7%, y la infraestructura de transporte, con un 6%.

La académica de la Escuela de Gobierno de la UAI e investigadora del estudio, Ana María Montoya, explicó que gran parte de estas tensiones se producen en obras de alcance nacional cuyos beneficios no necesariamente quedan en los territorios donde se desarrollan. “Muchas veces los beneficios son a nivel nacional, pero los costos son a nivel local”, señaló.

La investigadora agregó que el 77,6% de los proyectos conflictivos se encuentra por sobre la mediana de tamaño de las inversiones evaluadas por el sistema ambiental.

El estudio sostiene que una de las razones que explican la oposición municipal es la ausencia de mecanismos claros para que las comunas participen de los beneficios económicos generados por los proyectos.

A diferencia de sectores como la minería, que cuenta con fondos especiales para comunas mineras, la infraestructura portuaria y de transporte no posee herramientas legales equivalentes que permitan redistribuir parte de los beneficios en los territorios donde se ejecutan las obras.

Alcaldes advierten debilidades institucionales de los municipios

Durante el seminario, el alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión Técnica de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Radonich, sostuvo que los municipios enfrentan estos procesos en condiciones desiguales: “No somos actores principales, nuestro rol es como el de los invitados”, afirmó.

La autoridad planteó que el sistema ambiental asume capacidades técnicas similares entre todas las municipalidades, pese a las grandes diferencias que existenn entre comunas de distinto tamaño y recursos.

Asimismo, hizo un llamado a transparentar los mecanismos de compensación territorial para disminuir la incertidumbre jurídica y evitar negociaciones caso a caso. “Las compensaciones deben ser una cosa más transparentada y que no sea por una negociación uno a uno, como lamentablemente uno siente que quien tiene más capacidad de lobby, gana”, señaló.

El gerente general de ALOG Chile, Alexis Michea, afirmó al respecto que: “El futuro desarrollo productivo de este país se definirá en los territorios definitivamente”.

En esa línea, sostuvo que actualmente resulta fundamental contar con el respaldo de las municipalidades para impulsar proyectos de infraestructura y planteó avanzar hacia mecanismos que otorguen una participación más activa a las ciudades en los procesos de toma de decisiones.