Hay una imagen que el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, suele utilizar en La Moneda para explicar por qué el Ejecutivo sigue con la bandera de los falsos exonerados a pesar de que la fiscal Ximena Chong, quien investiga el caso desde 2010, aún no formaliza a alguien por el delito de fraude al fisco que persigue el Gobierno y el Consejo de Defensa del Estado todavía no ha presentado ninguna querella al respecto: el caso Karadima.

Según ha explicado Ubilla a sus cercanos, en la indagación al otrora todopoderoso fundador de la Unión Sacerdotal no se logró establecer ninguna pena -porque los delitos estaban prescritos-, pero de todos modos se consiguió aclarar que existieron abusos sexuales y Fernando Karadima fue apartado de la labor sacerdotal. En el Gobierno quieren que lo mismo ocurra con los parlamentarios que certificaron -sin respaldo, según las autoridades-, la calidad de exonerados políticos a quienes no tenían esta condición, pero en especial que quede establecida la responsabilidad de los ex subsecretarios Felipe Harboe y Patricio Rosende, quienes, según La Moneda, habrían tenido un actuar negligente respecto del programa de exonerados.

“En el Gobierno de Bachelet se cambiaron las reglas para la calificación de exonerados, permitiéndose sólo el certificado de parlamentarios como prueba, y durante su mandato se califica a un tercio de las personas que actualmente tienen esa condición, entonces algo tienen que decir Rosende y Harboe respecto de qué pasó, por qué hubo un relajo del control. Al menos Rosende, por el caso 27/F, se sumergió, pero Harboe ahora quiere ser hasta senador”, explica una alta autoridad de Interior al graficar cuáles son los objetivos políticos tras la arremetida en el caso.

Rosende y Harboe le permiten al Ejecutivo acusar responsabilidad política de la ex Mandataria y actual candidata, Michelle Bachelet, quien los nominó en un cargo que, según sostienen en Palacio, desempeñaron de forma negligente.

De ahí que en las denuncia que interpondrá hoy el Ministerio del Interior en la Fiscalía Centro Norte -y que constituye la primera acción legal del Gobierno de Piñera- uno de los principales objetivos de los abogados externos contratados por el gobierno, Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, entre otros, será Marta Joignant , quien se desempeñó como jefa del Programa de Exonerados Políticos, y quien dependía directamente primero de Harboe y luego -cuando éste reemplazó a Carolina Tohá en el parlamento- de Rosende.

Según fuentes de La Moneda, las anomalías -que se sustentan en que la Contraloría detectó, en una auditoría al Instituto de Previsión Social, al menos 3.000 “casos de pensiones indebidamente pagadas” a personas que presentaron antecedentes para ser calificadas como exonerados políticos durante la dictadura- la mayoría de los casos irregulares se concentran en la administración bacheletista y por lo mismo Joinant debería dar explicaciones sobre su actuación y el control que realizaron de su trabajo sus superiores.

“Hasta 1999 las cosas se hicieron, según lo que nosotros hemos analizado, correctamente. Ese año ya comenzó a haber irregularidades, las que se acrecentaron durante el Gobierno de Bachelet”, destaca una alta fuente de Palacio que detalla que por lo mismo, el ministerio de Trabajo, producto del perjuicio causado al IPS, se querellará, todo ello en medio de una campaña electoral que el Gobierno asume como desfavorable y en la que es preciso recordar -recalca una fuente de La Moneda- “la corrupción en todas las áreas que implica el posible retorno de la Concertación al poder”.