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Opinión

25 de Julio de 2026
Ilustración: Sandro Baeza
Ilustración: Sandro Baeza
Ilustración: Sandro Baeza / The Clinic

Columna de Marco Moreno: Victoria legislativa no es victoria política

Foto autor Marco Moreno Por Marco Moreno

"La aprobación de una ley cierra una etapa institucional. La validación política comienza recién cuando esa ley entra en la vida de las personas. Ese es el punto donde una victoria legislativa puede transformarse —o no— en una victoria política", sostiene Marco Moreno en su columna de esta semana en la que aborda el avance de la megarreforma y la estrategia que ha llevado adelante el Ejcutivo para dar viabilidad a su emblemático proyecto.

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La tramitación de la megarreforma durante las últimas semanas deja una enseñanza que trasciende ampliamente el contenido de la reforma. No se trata únicamente de impuestos, crecimiento o inversión. Lo que hemos observado es una demostración de cómo se gobierna —y también de las dificultades de gobernar— en un Congreso altamente fragmentado.

Primero fue la estrecha aprobación en el Senado por 26 votos contra 24. Luego, la Cámara de Diputados aprobó prácticamente todas las modificaciones introducidas por esa corporación con el respaldo del Partido de la Gente y parlamentarios descolgados, dejando pendiente únicamente el mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal. Sin embargo, cuando el gobierno intentó cerrar rápidamente el trámite legislativo regular, debió aplazar la última votación en el Senado al advertir que no tenía asegurados los votos necesarios para aprobar el informe de la comisión mixta. Más que una derrota, el episodio mostró una característica propia de los congresos fragmentados: las mayorías deben administrarse hasta el último minuto.

La primera lectura podría ser que el gobierno sufrió un revés. Mi impresión es distinta.

Lo ocurrido confirma, más que desmiente, la principal fortaleza que La Moneda ha mostrado durante toda esta tramitación: su capacidad para administrar mayorías variables aprovechando la ventaja de descoordinación de las oposiciones. La misma iniciativa consiguió avanzar en cada una de sus etapas gracias a una combinación de apoyos que fue cambiando a lo largo del proceso legislativo. Cuando esa mayoría comenzó a debilitarse en la votación final, el Ejecutivo optó por postergar la decisión antes que exponerse a una derrota parlamentaria. En un Congreso fragmentado, administrar una mayoría también implica saber cuándo no votar.

Precisamente por eso conviene distinguir entre una victoria legislativa y una victoria política.

En el debate público ambas categorías suelen confundirse como si fueran equivalentes. No lo son. Una victoria legislativa consiste en reunir y administrar las mayorías necesarias para que una agenda avance institucionalmente. Una victoria política supone algo bastante más complejo: fortalecer el liderazgo presidencial, modificar el clima político, recuperar apoyo ciudadano o alterar favorablemente la correlación de fuerzas.

David Mayhew mostró que buena parte de la política democrática se desarrolla precisamente en la construcción de acuerdos que permiten que una agenda avance en el Congreso. La experiencia chilena de estas semanas confirma esa lógica. La etapa decisiva de la negociación no estuvo encabezada por el Presidente, sino por ministros con trayectoria parlamentaria que entendieron que gobernar un Congreso fragmentado exige tanto capacidad de negociación como una lectura fina de las correlaciones de fuerza. El cambio de protagonismo desde el ministro de Hacienda hacia los ministros políticos en la fase final de la negociación no fue casual. Reflejó que el problema dejó de ser técnico para convertirse, definitivamente, en político.

Pero justamente aquí aparece el límite de esa eficacia.

Construir mayorías en el Congreso no equivale a construir mayorías en la sociedad. La gobernabilidad legislativa es una condición necesaria para gobernar, pero está lejos de ser suficiente para consolidar un liderazgo presidencial o mejorar la evaluación ciudadana.

Las personas no evalúan un gobierno preguntándose cuántos artículos fueron aprobados o cuál fue el margen de una votación parlamentaria. Lo que finalmente juzgan es si esas decisiones producen efectos concretos sobre su vida cotidiana. Si la economía vuelve a crecer. Si aumenta el empleo. Si mejora la inversión. Si disminuye la incertidumbre respecto del futuro.

Los ciudadanos no premian leyes en abstracto; premian —o castigan— los resultados que esas leyes producen. Por eso, incluso si la megarreforma completa su tramitación legislativa en agosto y supera el control del Tribunal Constitucional, el verdadero examen político seguirá pendiente.

La aprobación de una ley cierra una etapa institucional. La validación política comienza recién cuando esa ley entra en la vida de las personas. Ese es el punto donde una victoria legislativa puede transformarse —o no— en una victoria política.

Las leyes pueden aprobarse en el Congreso.

Las victorias políticas solo se consolidan cuando los ciudadanos perciben que esas leyes mejoraron efectivamente sus vidas.

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