La pelea de los mapuche de Lo Prado

“En el minuto que nosotros veamos a un solo culiao instalando lo que sea, nos vamos a ir a enfrentar con todo”. El que avisa es Sebastián Collonao Marilao, el Lonko de la comunidad mapuche de Lo Prado, que desde octubre pasado ve amenazado el lugar en donde hace 10 años celebran sus ceremonias y que además acoge al rewe, el tótem o altar sagrado que simboliza la conexión con el cosmos, un símbolo de vital importancia en celebraciones como el machitún, el guillatún y el we tripantu o año nuevo mapuche.

El motivo de su advertencia es que el Metro de Santiago pretende ubicar junto al lugar, siete torres de alta tensión para alimentar de energía las líneas 3 y 6. La instalación es rechazada por la colectividad indígena, ya que la presencia del cableado en las cercanías del terreno no permitiría que la Machi pueda realizar las ceremonias. “La onda de electricidad no nos va a dejar hacer nuestras ceremonias. Invadirán con cables y no van a permitir que la Machi entre en trance. Ya es complicado hacer la rogativa aquí en la ciudad, porque en un lugar sin naturaleza el espíritu de ella se enferma”, afirma el Lonko, quien además es hijo de María Marilao, la Machi que viaja regularmente desde Traiguén a celebrar las ceremonias de la comunidad.

El terreno en discordia corresponde al número 6100-A de la Avenida General Oscar Bonilla de Lo Prado, un sitio que a primera vista parece baldío. Tiene unos doscientos metros de largo, por sesenta de ancho y está exactamente al lado de la ruta 68, atrás de donde alguna vez estuvo emplazado Mundomágico. El espacio ha servido a la colectividad indígena desde hace una década, hasta que a finales del año pasado los lopradinos se enteraron que Metro de Santiago había encargado a la empresa de ingeniería eléctrica Transelec S. A. -la principal proveedora de servicios de transmisión entre los sistemas interconectados del norte grande y la zona central- la creación de una subestación eléctrica y una línea de arranque, que se conectará al tendido proveniente de Alto Jahuel y que contempla la instalación de siete torres de alta tensión del tipo monoposte, algo más pequeñas e invasivas que las normales.

Además de un vivero que sobrevive en la entrada, el terreno tiene escasa vegetación y hasta podría parecer abandonado. Rejas rotas, botellas quebradas y cajas de vino vacías acusan noches en que el espacio ha sido ocupado por bebedores clandestinos. Pero esa visión es solo a primera vista, porque un canelo en el centro del terreno, cobija al rewe, un tronco escalonado que se clava en la tierra, rodeado de ramas de canelo y adornado con banderas, que convierte a ese sitio en un lugar sagrado para toda la colectividad mapuche.

Aunque lo usaban informalmente desde antes, el espacio fue entregado de manera oficial por la municipalidad de Lo Prado a los mapuche el año 2005, a mediante un convenio que a grandes rasgos establece el comodato indefinido, tal como lo explica el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete (PPD): “cuando se les entregó el terreno para que instalaran el rewe, se hizo una ceremonia de sacralización que le dio el carácter de sagrado al lugar. La gente no entiende que para estos efectos esto es una iglesia, una catedral. Yo entendí eso durante el terremoto. En esa zona empezamos a botar escombros, y un día me llama el jefe de emergencia y me dice que los mapuche se habían tomado el lugar y no dejaban entrar al camión. Estos se pusieron gueones, dije yo. Llegué y me dicen que lo que estábamos haciendo era como si fuéramos a botar los escombros a una iglesia y estábamos a punto de llegar al altar. Ahí entendí que estábamos hablando de un lugar que es mucho más que jugar palín o donde los mapuche se juntan”, recuerda el jefe municipal, situación que confirma el Lonko: “pedimos este terreno porque como mapuche necesitábamos un espacio. Nosotros vemos diferente la vida, la vemos como mapuche y acá es difícil serlo porque no tenemos dónde ir para hacer nuestras ceremonias, nuestros rituales”.

Collonao organiza regularmente las grandes rogativas en los meses de junio y octubre. En el sitio se realizan además las ceremonias curativas en donde se enseña medicina originaria o se analizan los sueños. Durante el año también se practica regularmente el palín.

Porque no todo es ceremonia. En el espacio, la comunidad posee una cancha de chueca, en donde se celebra el campeonato de las comunidades. Bolonto Mapu, Quilaco, Bochoco, Lumaco, Chañil o Lago Budi son algunos de los equipos que juegan. “Nosotros nacimos como agrupación el primero de mayo del 2002, somos un organización deportiva que alberga diez equipos de palín. Si no fuera por el artículo 169 esto ya se estaría haciendo, porque nadie nos consultó”, asegura Marcela Huaiquipán, presidenta del club de chueca “Bolonto Mapu” y una de las organizadoras del torneo. Huaiquipán hace alusión al convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional vinculante, que tiene mucho que ver en este conflicto, porque trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que en parte de su contenido exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan y que además estos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afecten.

EL PROYECTO
En lo concreto, el proyecto consiste en la construcción y operación de la Subestación Eléctrica Neptuno y una línea de arranque que conectará la energía eléctrica proveniente del circuito ya existente en la zona de la línea que va desde Alto Jahuel a Cerro Navia. La creación de esta subestación responde a la necesidad de suministrar energía para el funcionamiento de las líneas 3 y 6. Contempla una línea de arranque de 2×220 kV de una longitud total de 867 metros, que implica la instalación de las siete torres de tipo monoposte. Ninguno de los cuales estaría emplazado dentro del terreno que defienden los mapuche, según asegura Transelec, que además sostiene que se analizaron varias opciones de trazado para la línea, buscando minimizar el impacto social y ambiental, utilizando una zona donde ya existen líneas eléctricas para aprovechar la infraestructura que ya existe y que el cableado no cruzará la zona de uso mapuche, si no que pasaría a varios metros del lugar.
Los vecinos de Lo Prado conocieron la noticia del proyecto que ejecutaría Transelec recién a finales del 2012. “En octubre del año pasado nos citaron del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) al Colegio Quillahue, ahí en Dorsal con General Buendía y nos dieron la noticia. Ahí ya estaba todo cocinado. Para los mapuche y no mapuche fue un balde de agua fría.

Por eso estamos luchando todos juntos para atacar el proyecto, porque no queremos más torres en Lo Prado”, afirma el Lonko, que el 24 de enero de este año le escribió al SEA una carta en donde invoca el convenio N° 169. “De acuerdo al convenio número 169 de la OIT, en especial los artículos 6, 7, 8 y 16, el Estado de Chile tiene el deber internacional de consultar a los pueblos originarios, pero además requiere del consentimiento de ellos, el cual debe ser libre, espontáneo e informado”, dispara el Lonko en uno de los puntos de la carta.

La solución que proponen los vecinos y la municipalidad es realizar el trazado de forma subterránea, un cambio de planes que obligaría a Metro a realizar una inversión muy superior a los 21 millones de dólares que considera actualmente. “El Metro, que se ha hecho el guéon, dice que no es su problema, que ellos contrataron a Transelec.

Pero resulta que los mandantes son ellos y son quienes colocan las reglas. Si ellos se preocuparan de asegurar un estándar en donde no se afecten a las comunidades, Transelec les va a cobrar más caro. Todo termina siendo un problema de lucas. Metro se lava las manos”, argumenta el alcalde Navarrete. “La responsabilidad de Metro no puede ser la respuesta que nos dieron al decir que este es un problema de Transelec. Metro es una empresa que tiene alta rentabilidad y que puede financiar esto en una comuna en la cual no existe otra gente, no puede cagarnos la comuna por ahorrarse unas lucas”, insiste el edil.

UN PROBLEMA DE TODOS

Pero no sólo la colectividad mapuche tiene problemas con las torres de alta tensión. Buena parte de la comuna está plagada de torres y antenas de radiotransmisión o repetidoras. Sólo en la Avenida Las Torres, entre General Bonilla y Mapocho, existe una veintena de ellas. Ahí se realiza una feria libre los días domingo, justo abajo del recorrido eléctrico. La calle Brujo de los Andes es otra avenida con una fuerte presencia de ellas.
“Este problema ha servido para unir a las comunidades mapuche y no mapuche. Porque es de todos. El rewe es un lugar en donde si alguien no mapuche se enferma, accede a nuestra medicina. Hemos tenido reuniones con la gente del SEA y nos dijeron que las torres y el cableado no provocan ningún tipo de daño. Pero eso para ellos nomás, porque la gente que es más adelantada dice que causa muchas enfermedades. Allá en las torres hay muchas personas que han muerto y que están muriendo de cáncer y es por eso. Nosotros vamos a cuidar la naturaleza, porque ese lugar es nuestro. Nadie nos puede quitar la autoridad del espacio, porque es un centro ceremonial”, afirma el Lonko.

La instalación original de las torres se realizó antes del asentamiento de las casas y poblaciones que existen allí. “Las torres estaban antes que los terrenos fueran habitados, el grueso del poblamiento de Lo Prado, en especial en esa zona, se produjo mediante tomas entre los años ’69 y ’72. Es cosa de ir a darse una vuelta a la Avenida Las Torres y escuchar el constante chicharreo de los cables las veinticuatro horas del día, una calidad de vida así es difícil de sobrellevar”, recalca el concejal Jimmy Arce (PS).

Es tanta la adaptación con los vecinos, que en la intersección de Avenida Las Torres con San Pablo, una de las antenas tiene dos de sus cuatro patas dentro del antejardín de una de las casas. Es la misma torre en la que en febrero pasado perdió la vida Miguel Vieytes Nerubia, un hombre de 34 años que acostumbraba a subirse a ellas, al parecer bajo los efectos de las drogas. En la ocasión, Vieytes subió treinta metros y cuando comenzó a descender rozó un cable y provocó una explosión que además de electrocutarlo, lo lanzó al piso desde lo alto, quitándole la vida. La escena fue registrada en video por los vecinos.

Los mismos vecinos acusan también algunos efectos de vivir bajo el tendido: “a veces, cuando uno toca una fruta en la feria, da la corriente; la señal de la tele es horrible, si no tienes cable no puedes ver y cuando llueve, el cablerío suena mucho más de lo habitual”, denuncia Patricia Barría, presidenta de la Junta de Vecinos N° 8 de Lo Prado y dirigente social de la Villa Arturo Prat, que perdió a su pareja hace un par de años, producto del cáncer. “Hay un montón de vecinos que han sufrido leucemia o han fallecido producto del cáncer”, agrega Barría.

El inicio de los trabajos se espera para el segundo semestre de este año, con una duración de veinticuatro meses. Actualmente no hay obras en curso, porque se está llevando a cabo el estudio de impacto ambiental, que esta vez incluye la participación de la comunidad de Lo Prado. Además, en cumplimiento con el Convenio N° 169, el SEA dio inicio a un proceso de consulta indígena, para lo que formó una comisión de expertos con el fin de definir cómo se realizaría aquella consulta. Esta comisión, que cuenta con un batallón de más de veinticinco profesionales (abogados, ingenieros, psicólogos, periodistas, todos dependientes del Gobierno a través de ministerios como los de Justicia, Minería, Desarrollo Social, Economía, Energía, Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas, Secretaría General de la Presidencia y hasta la CONADI), que en su totalidad representan un gasto superior a los setenta millones de pesos al mes, fue rechazada por la comunidad indígena, que manifestó su postura por medio de una carta enviada al mismo SEA, en la que expresan su rechazo a una planificación de una consulta que no cuenta con la participación de la propia comunidad mapuche de Lo Prado.

Frente a esta situación, la comunidad manifestó al SEA la necesidad de contar con un presupuesto que les permita la contratación de profesionales, tal cual lo hizo el Gobierno con su comisión de expertos, con la finalidad de encontrarse en igualdad de condiciones al momento de crear y formular la consulta indígena. Consulta que por lo demás será la primera que se realizará en Chile, sentando así un precedente importantísimo para futuros conflictos relacionados con las comunidades originarias en Chile.

“El tema de fondo que debemos resolver como sociedad es que las ciudades como Santiago necesitan crecer, desarrollarse para dar respuesta a los requerimientos de la población (…) siempre respetando a las comunidades y personas porque de lo contrario, en el largo plazo tendrá más costos para toda la región”, declaró Transelec a The Clinic.

Pero el lonko Sebastián Collonao Marilao agrega otra cosa a lo que dice la empresa:
-Es triste lo que quieren hacer, no pueden pasar a llevar así a la gente. ¿Harían lo mismo en el santuario de Lo Vásquez o en una iglesia mormona?