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Nacional

20 de Junio de 2013

Contraloría detecta al menos seis tipos de irregularidades en empresas relacionadas con universidades estatales

En visita la comisión del Lucro 2 de la cámara de diputados, el contralor Ramiro Mendoza señaló que algunas universidades estatales contratan sin licitaciones y transfieren recursos sin control -entre otras faltas- a corporaciones asociadas, anunciando que tiene bajo la lupa a varias fundaciones adjuntas a la Universidad de Chile, de la cual ya están preparando informes. Asimismo, explicó que no tiene facultades para fiscalizar el destino de los recursos públicos que se entregan a las universidades privadas, los que representan un 30% del total de los recursos públicos destinados a todo el espectro de la educación superior.

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Inexistencia de control financiero, desembolsos por servicios propios de la universidad y transferencias de recursos sin objetivos específicos. Estas son algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en diversos informes realizados a universidades estatales, que el contralor denunció ayer en el Congreso.

En visita a la Comisión Lucro 2 (Investigadora encargada de revisar a fondo el sistema de la educación superior chilena), Ramiro Mendoza entregó una lista de las empresas y fundaciones relacionadas a las universidades estatales chilenas y detalló lo que anteriormente él mismo había señalado como “fuga administrativa” para huir de la fiscalización de Contraloría.

Según el ente contralor, son 43 las sociedades relacionadas de las 16 universidades estatales que fueron informadas por las universidades con transacciones el año 2011 al Mineduc. De ellas, las universidades de Chile, Usach y La Serena -6, 6 y 7, respectivamente- son las entidades que más corporaciones tienen asociadas.

Y según el jurista, la mayoría de ellas además tiene falta de control sobre el personal con funcionarios destituidos en los planteles que luego son contratados en las empresa relacionadas vía Código del Trabajo y omiten el régimen de contratación pública, sin pasar por licitaciones ni informar a Chile Compra.

La Usach y la U. de Chile en la mira

Uno de los ejemplos más citados por Mendoza correspondió a fiscalizaciones realizadas a la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Como ejemplo detalló irregularidades detectadas en contratos con la corporación Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT), entre los que se cuentan contratos sin obligaciones ni metas estipuladas y otros conflictos de interés.

Entre ellos, el de asegurar que ninguna persona tenga la autoridad suficiente para ejecutar dos o más cargos claves en una misma organización. “Una persona puede estar con dos sombreros y ser encargado de finanzas de una universidad y a la vez de una corporación”, dijo al explicar el contralor.

Mendoza detalló que también existían contratos por servicios universitarios de posgrado, aranceles, capacitaciones y asistencia técnica por los cuales la corporación emite facturas propias. “Los cursos son realizados por la Usach en su recinto, por lo tanto esos ingresos deberían corresponder a la Usach, por ende deberían figurar en sus registros contables porque se ha utilizado en más de un momento”, dijo.

También tuvo palabras para las fundaciones de la U. de Chile, uno de las planteles que mantienen más corporaciones asociadas. Mendoza explicó que la CGR ya ha emitido dos informes sobre el accionar de varias fundaciones y se encuentra en elaborando otros cuatro, que corresponden a las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias, Ciencias Físicas y Matemáticas y de Servicios Centrales.

Eso, además de estudios sobre la Facultad de Economía y Negocios de la casa de Bello.

“Hay ahí un conjunto de cosas que a nosotros nos preocupan porque lo de ajustarse a la ley tiene que ser especialmente a las universidades estatales. Ya detectamos que en las universidades privadas hay lucro pero eso no significa que hagamos vista gorda respecto de lo que pasa en las estatales”, señaló el diputado Mario Venegas, presidente de la comisión investigadora.

Además, el parlamentario señaló que existe una debilidad de la Contraloría para fiscalizar los recursos públicos que van a dar a las universidades privadas. Algo bastante importante tomando en cuenta que el 30% del financiamiento total de la educación superior -entre ellos el 65% de los fondos del CAE- se va a esos planteles.

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