El Estado chileno jamás asumirá la deuda moral y material con las víctimas de la dictadura, aseguran los expresos políticos, convencidos de que si 40 años después del golpe militar aún se habla de las atrocidades que sufrieron es simplemente porque en noviembre próximo habrá elecciones.

“Continuar con nuestra vida ha sido duro y complejo. No hemos podido desarrollarnos, no hay condiciones para nosotros ni para nuestros hijos”, coinciden en señalar a Efe dos exprisioneros de una de las más cruentas dictaduras de América del Sur.

“Hoy todavía tenemos que cuidarnos porque seguimos estando vigilados; hay seguimientos e intervenciones telefónicas”, denuncian Víctor Cuevas y Eduardo Rojas, quienes apuntan a los servicios de inteligencia del actual Gobierno y especialmente a los de la Concertación (1990-2010).

Víctor ingresó en las Juventudes Comunistas a los 13 años y Eduardo, a los 22. La militancia política y la actividad sindical les enseñaron a vivir en la clandestinidad desde temprana edad.

El primero de ellos recuerda que el 11 de septiembre de 1973 marcó su vida para siempre, porque su padre, Héctor Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción y miembro del Partido Comunista, le advirtió de que el día menos pensado puede que no volviera.

“Eso querría decir que lo habían matado”, señala Víctor Cuevas, quien recuerda como si fuera hoy el día en que su padre fue expulsado de Chile, en 1982, para a partir de ahí recorrer todos los países de la órbita socialista hasta morir en 1986 en la República Democrática Alemana a causa de un cáncer.

Mientras tanto, él seguía en Chile, donde fue detenido varias veces, en un centro de tortura de la CNI (la policía política heredera de la temible DINA), en cuarteles policiales y en un centro penitenciario.

“Nos sacaban a pasear por la noche y no sabíamos si íbamos a volver. El miedo era mayúsculo, especialmente en las personas de más edad, lo veíamos en sus rostros”, recuerda Cuevas.

Víctor asegura que ni su vida ni la de sus compañeros volverá a ser igual que antes del golpe, porque el dolor ha hecho mella en ellos.

“Estos 40 años han servido para agravar el problema de los expresos políticos y de los familiares de las víctimas de la dictadura”, sostiene Víctor Cuevas, quien no duda en atribuir la responsabilidad a los sucesivos gobiernos de la democracia.

Es lo mismo que piensa su compañero Eduardo Rojas, a quién el golpe militar le pilló en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú, donde era el responsable juvenil de la Central Única de Trabajadores.

Rojas, también militante comunista, huyó a Valparaíso pero después regresó al norte, en marzo de 1981 fue detenidos por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

“Me vendaron los ojos, no veía absolutamente nada. Después me golpearon hasta que se cansaron y me llevaron a un cuartel donde me desnudaron y me metieron en una tina (bañera) para torturarme con un procedimiento que llamaban ‘el submarino'”, relata.

Después le llevaron a otra habitación donde le aplicaron electricidad durante cuatro días frente a otros hombres y mujeres, igualmente desnudos.

“Querían minarnos psicológicamente pero cuando vieron que no obtenían lo que querían, nos aplicaron la mayor degradación a la que pueden someter a un ser humano, a comer nuestro propio excremento”.

Eduardo Rojas estuvo un año y medio encarcelado en el norte y terminó de cumplir su condena relegado a la localidad sureña de Lautaro. El distanciamiento le hizo perder su trabajo, su esposa y su hijo.

Convencidos de que si un día estuvieran en juego los intereses económicos de los poderosos, podría haber de nuevo un golpe militar, los expresos políticos censuran la labor de los gobiernos democráticos por la falta de atención hacia las víctimas de la dictadura.

Y más que con la derechista Alianza por Chile, actualmente en el poder, son especialmente críticos con la Concertación, la coalición progresista que gobernó durante dos décadas.

“Nosotros le pedimos varias a veces a (la entonces presidenta y ahora candidata a la reelección) Michelle Bachelet que nos reuniéramos, pero jamás nos recibió”, se lamentan.

Ambos piensan que la solicitud de perdón hecha recientemente por la Asociación de Magistrados y por algunos políticos, así como el reconocimiento de la responsabilidad en lo sucedido durante la dictadura por parte de la Corte Suprema “no son reales”.

“Ya es muy tarde. Aunque ellos pidan perdón no nos vamos a olvidar de nuestros muertos, de todos los torturados y desaparecidos. No podemos hacer la vista gorda”, recalca Víctor Cuevas.

Eduardo Rojas desconfía de la sinceridad de quienes estos días han admitido su responsabilidad y han pedido perdón, entre los que están el senador derechista Hernan Larraín, el socialista Camilo Escalona y el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Y piensa que si después de 40 años “la gente por fin se ha atrevido a hablar y los medios de comunicación se han eco del problema es porque Chile está viviendo un año electoral”.