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Poder

7 de Enero de 2014

La Corte Suprema condenó a tres ex oficiales de Ejército por acribillar a seis personas en 1973

Tres ex oficiales de Ejército fueron condenados por la Corte Suprema por el asesinato de seis personas el 16 de octubre de 1973, incluidos un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos turistas argentinos y un militante de derecha. El fallo que los condenaba fue ratificado hoy de forma definitiva por el máximo tribunal. […]

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Tres ex oficiales de Ejército fueron condenados por la Corte Suprema por el asesinato de seis personas el 16 de octubre de 1973, incluidos un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos turistas argentinos y un militante de derecha.

El fallo que los condenaba fue ratificado hoy de forma definitiva por el máximo tribunal. Según informaron fuentes judiciales, la segunda sala sentenció a diez años de presidio para cada uno los ex oficiales del Ejército, Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil. Con este dictamen, la Corte rechazó un recurso presentado por la defensa de los milicos y ratificó lo decretado en primera instancia del juicio por el magistrado Jorge Zepeda respecto de la causa.

Como se describe en el expediente los tres funcionarios del Régimen de Pinochet, habrían detenido a seis personas en uno de los edificios de la “remodelación San Borja” en la madrugada del 16 de octubre, a las que asesinaron al día siguiente a 30 km de Santiago. Las víctimas fueron Ricardo Montecinos Slaughter, un alto funcionario FMI,los turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Diaz Agüero, el comerciante Víctor Garretón Romero, militante del derechista Partido Nacional, que legitimaba el régimen del dictador. También el estudiante universitario Jorge Salas Paradisi y el cirujano dentista Julio Saa Pizarro. A todos ellos se les obligó a correr y simular una fuga, para luego acribillarlos con ametralladoras.

Este caso cruzó las fronteras cuando en 1976 el FMI lo calificó como una violación a las derechos humanos y encargó una investigación a la ONU, la que recomendó al Estado chileno iniciar una indagación con el fin de dar con los autores del crimen.

El máximo tribunal además al Estado a pagar una indemnización a las familias de las víctimas de 100 millones de pesos a cada una.

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