Política
23 de Julio de 2026Las observaciones que realizó la ONU a la megarreforma de Kast y que provocaron el rechazo de la senadora Vanessa Kaiser
Cinco carillas contiene el documento que la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la organización internacional envió al Senado, con el fin de que sus integrantes consideraran sus aprensiones sobre temas tributarios, medioambientales y derechos indígenas, en el marco del proyecto de ley de Reconstrucción, el que consideraron "sostenible" solo si se aseguraba que no quedara "nadie atrás". La acción fue cuestionada por la senadora libertaria, Vanessa Kaiser, quien afirmó a propósito del escrito que la "soberanía institucional está amenazada".
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Un documento con la estampa de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llegó la semana pasada a la mesa del Senado, el que es conducido por Paulina Núñez (RN).
Se trataba de una carta de cinco carillas —a la que tuvo acceso The Clinic— que la oficina regional para América del Sur del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, envió en vista del mandato que le otorga la asamblea general del organismo, que “promueve y protege el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Anteriormente la oficina ya se había manifestado para el estallido social de 2019, así como también durante el gobierno de Gabriel Boric por el conflicto indígena en La Araucanía.
La oficina esta vez hizo unas cuantas observaciones, todas vinculadas al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que impulsa la administración del Presidente José Antonio Kast, el que para la fecha en la que fue enviado el escrito estaba siendo debatido en el Senado.
Los comentarios tenían la finalidad de hacer presente que el crecimiento económico que propone la iniciativa matriz del Gobierno tiene que ser consistente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La lupa de la ONU sobre medidas tributarias de la megarreforma
En ese sentido, desde la oficina recordaron que el Estado debía utilizar el máximo de los recursos disponibles para que los derechos económicos, sociales y culturales sean efectivos sin caer en medidas regresivas. Lo anterior sujetándose en lo firmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Por ello es que señalaron que “resulta relevante analizar cuidadosamente los efectos distributivos y
fiscales de las medidas tributarias contempladas en el proyecto“. Así, apuntaron a que los parlamentarios evaluaran si una reducción de la tributación empresarial —reflejada en la reducción del impuesto corporativo desde un 27% a un 23%—, la eliminación de gravámenes a rentas de capital y la invariabilidad tributaria de 20 años en grandes inversiones tendrían un efecto sobre los recursos fiscales que se destinan para fines sociales.
Lo anterior “con el objeto de determinar sus efectos netos sobre los ingresos públicos, su distribución entre distintos grupos de contribuyentes y su compatibilidad con la obligación de movilizar el máximo de los recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos“.
Aprensión en temas de medio ambiente
Por otro lado, desde la oficina también destinaron un par de páginas para conversar sobre “protección ambiental y desarrollo sostenible“. Allí reconocieron que la megarreforma también tiene como propósito “agilizar procedimientos regulatorios y ambientales con el propósito de facilitar la inversión y acelerar la ejecución de proyectos“.
No obstante, señalaron que “es importante recordar que la búsqueda de una mayor eficiencia institucional debe desarrollarse en equilibrio con la protección de los derechos humanos, y del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible“. Así, se remitieron a lo que se ha establecido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del pacto internacional homónimo y al Acuerdo de Escazú.
Por ello es que dijeron que “la oficina estima particularmente relevante que las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) las limitaciones a la revisión administrativa de autorizaciones ambientales y otras medidas de simplificación regulatoria sean examinadas considerando sus posibles efectos acumulativos sobre la protección ambiental, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la prevención de impacto en comunidades potencialmente afectadas“.
Pueblos indígenas
Otro tema al que destinaron atención guarda relación con el asunto medio ambiental, en vista de que aquello también podría “tener incidencia sobre territorios, recursos naturales o formas de vida de los pueblos indígenas”, por lo que, dijeron, “estimamos importantes recordar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile en esta materia“.
Allí se remitieron al convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En esa línea, señalaron que era “relevante que la discusión legislativa considere los posibles efectos que las medidas propuestas pudieran generar sobre dichos derechos“, los que están relacionados a la libre determinación, el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han tenido, junto a las prioridades que los estos grupos tengan sobre sus procesos de desarrollo.
“A la luz de estos estándares, y en la medida en que las disposiciones contenidas en el proyecto pudieran constituir medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los Pueblos Indígenas, corresponde considerar las obligaciones internacionales del Estado en materia de consulta previa”, señalaron, a la vez que recordaron “el deber de consultar a los pueblos indígenas a través de procedimientos apropiados” cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas “susceptibles de afectarles directamente“.
Asimismo, recordaron que los Estados deberán cooperar de “buena fe” con los pueblos indígenas en por medio de las instituciones representativas.
“esde esta perspectiva, alentamos respetuosamente a esa Honorable Corporación a considerar los
potenciales impactos del proyecto”, escribieron en el último párrafo del escrito, con un comentario que decía que “una reconstrucción verdaderamente sostenible es aquella que sitúa a las personas y sus derechos en el centro de las decisiones públicas y asegura que los beneficios del desarrollo alcancen a todas y todos, sin dejar a nadie atrás“.
Vanessa Kaiser: “Nuestra soberanía institucional está amenazada”
El documento provocó debate en los últimos días en el Senado.
De hecho, la senadora Yasna Provoste (DC) solicitó en el hemiciclo que la discusión de la megarreforma se pausara hasta que todos los senadores tuvieran acceso a las observaciones de la ONU.
Aquello fue repudiado por la senadora libertaria, Vanessa Kaiser, quien subió un video a su cuenta de Instagram para cuestionar a Provoste y, además, el documento emanado del organismo internacional.
“¿Qué creen ustedes que puede ser de tal relevancia de que hubiésemos tenido que suspender el proyecto más importante del Gobierno?”, planteó la parlamentaria, militante de un partido que propone la salida de Chile de la ONU.
La parlamentaria difundió un video de seis minutos en el que objetó los puntos propuestos desde la institución con sede en Nueva York.
