Opinión
6 de Febrero de 2014Ossandón niega sobresueldos en Puente Alto y afirma que Contraloría, que inició sumario, sólo plantea observaciones
"No acepto bajo ningún punto de vista que se ponga en tela de juicio el profesionalismo de mi gestión, y es más el haberme jugado por entero, durante doce años, como alcalde de Puente Alto, particularmente por los más pobres demuestra que la tesis es errada. Es precisamente esa gente la que entendió que como nunca antes la municipalidad invirtió en ellos, creando condiciones para mejorar su calidad de vida y poniendo a Puente Alto como un polo de desarrollo ejemplificador", destaca el senador electo. The Clinic Online, que publicó el informe de Contraloría, argumenta que es el organismo fiscalizador quien pone en duda la gestión al señalar que "seleccionada una muestra de 46 prestadores de servicios a honorarios contratados para dicho programa, se verificó que no se satisfacen a su respecto las condiciones copulativas exigidas por la jurisprudencia vigente para imputar gastos al Subtítulo 21.04.004, 'Prestaciones de servicios en programas comunitarios', como tampoco consta la realización efectiva de las labores contratadas".
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A través de una carta, que The Clinic Online publica de forma íntegra, el senador electo y ex alcalde de Puente Alto refutó la publicación periodística hecha por este medio sobre pagos cuestionados por Contraloría a funcionarios municipales.
“A propósito de la nota publicada por su prestigioso sitio web en la edición del martes 4 de febrero, donde se acusa que bajo mi gestión hubo pago de sobresueldos a funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto, tengo el deber y la responsabilidad de decir lo siguiente.
La nota periodística no se condice con el informe elaborado por la Contraloría (y que se adjunta en un PDF en la nota) la que descarta de plano el pago de dichos dineros a funcionarios municipales. El título de la crónica y el desarrollo de la misma que habla precisamente de “sobresueldos” comete, por tanto, un error objetivo , que no tiene asidero con la realidad.
Lo único que observa el informe es la acreditación de las labores que algunos de nuestros funcionarios desarrollaron en virtud de un contrato de prestación de servicios a honorarios, lo que a juicio del organismo contralor, no está “suficientemente acreditado”, lo cual bajo ningún aspecto significa que no se hayan ejecutado.
Es precisamente por esto que la Contraloría propone la realización de un procedimiento sumarial que permita establecer con mayor certeza lo realizado por estos funcionarios. De este hecho se desprende que mientras dicho proceso no se encuentre terminado, no se puede, tan livianamente, imputar conductas o intenciones dolosas.
El mismo documento de la Contraloría niega otra tesis de la nota periodística en cuanto a que es ilegal el pago a funcionarios municipales dentro de un programa de carácter social. Quiero decir que eso no es así: los programas sociales no consisten siempre en repartos de dinero o beneficios materiales para las personas o las organizaciones sociales. También hay programas de ese tipo que buscan fomentar distintos aspectos de la vida social de las personas, capacitaciones, asesorías legales, cursos varios, información de los beneficios municipales, que para ser ejecutados requieren de la contratación de profesionales.
En este programa particular llamado de “Fomento Social” precisamente se buscaron técnicos y profesionales con experticia, que fueran capaces de cumplir con el objetivo de origen que es ayudar a implementar y mejorar profesionalmente otros muchos programas de carácter social que tiene el municipio.
Quiero insistir que a mi juicio la nota busca la idea de generar dudas sobre mi gestión, sobre todo cuando se insiste en la idea que se trataba de platas destinadas a personas vulnerables. Se pone énfasis incluso que fueron precisamente los sectores populares, esos que yo habría perjudicado con este programa, los que me dieron la victoria en mi contienda senatorial del pasado 15 de noviembre.
No acepto bajo ningún punto de vista que se ponga en tela de juicio el profesionalismo de mi gestión, y es más el haberme jugado por entero, durante doce años, como alcalde de Puente Alto, particularmente por los más pobres demuestra que la tesis es errada. Es precisamente esa gente la que entendió que como nunca antes la municipalidad invirtió en ellos, creando condiciones para mejorar su calidad de vida y poniendo a Puente Alto como un polo de desarrollo ejemplificador.
Las observaciones de la Contraloría nos condujeron a realizar modificaciones en la ejecución de los programas sociales y en ese sentido, aun cuando estuviéramos en desacuerdo, las acogimos y los
cambios se implementaron inmediatamente, incluso cuando se estaba realizando la investigación y luego cuando se recibió el preinforme..
En esta fiscalización, como en muchas otras, hay aspectos que la propia Contraloría ha acogido de nuestros planteamientos, encontrando razonable nuestra defensa. Es así como el preinforme de esta fiscalización señala que no hay pago de sobresueldos. Insisto en este tema porque es el que más se enfatiza en la nota de The Clinic. Recalco también que el ente contralor ha fiscalizado en numerosas ocasiones a la Municipalidad y ha señalado que es procedente contratar para desempeñar una labor a honorarios a funcionarios del mismo municipio, siempre que “lo hagan fuera de su horario normal de trabajo, y se enmarque dentro de los parámetros de las labores propias de dichos contratos”
Lamento que se hayan expuesto hechos que no son las conclusiones finales de la Contraloría porque dañan la trayectoria no sólo de un ex alcalde, sino también la de decenas de funcionarios municipales que trabajan diariamente para hacer de Puente Alto una comuna más eficiente y menos desigual.
Muchas gracias,
Manuel José Ossandon
Senado electo
Ex alcalde Puente Alto”.
*NOTA DE LA REDACCIÓN: Si bien Contraloría no califica de “sobresueldos” los pagos efectuados, ello es lo que se indaga, dada las impugnaciones efectuadas a la contratación vía honorarios de funcionarios de planta para programas comunitarios.
En uno de sus puntos el informe destaca que “del estudio de los antecedentes relativos a los pagos asociados a dichos contratos se ha establecido que no cuentan con el respaldo que acredite cabalmente la ejecución de los trabajos encomendados, por cuanto solo se acompañan informes que consignan aspectos generales asociados a un programa comunitario, sin realizar una descripción detallada que refleje la actividad ejecutada, en cuanto a individualizar a personas, organizaciones, lugar y horario del trabajo realizado, mes y día, entre otros. Igualmente, cabe hacer presente que los contratos suscritos han sido dispuestos en forma genérica, sin indicar obligaciones concretas”.
Además destaca “en lo relativo a que los servicios que se contraten tengan por objeto el desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en alguna de las materias a que alude la glosa presupuestaria antes citada, cabe señalar que en ninguno de los contratos revisados aparece la realización de actividades en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia”.
Y puntualiza que “seleccionada una muestra de 46 prestadores de servicios a honorarios contratados para dicho programa, se verificó que no se satisfacen a su respecto las condiciones copulativas exigidas por la jurisprudencia vigente para imputar gastos al Subtitulo 21.04.004, “Prestaciones de servicios en programas comunitarios”, como tampoco consta la realización efectiva de las labores contratadas, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por lo que se observaron los pagos correlativos, por la suma de $ 79.382.089.”
Si el senador Ossandón estima que las imputaciones de Contraloría no son efectivas, su problema es con el organismo fiscalizador.