Si bien la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina en Chile, dio a conocer públicamente su satisfacción por el retiro del parlamento de la ley que busca privatizar la semilla chilena, también aseguró que el “peligro no ha terminado”.

Las organizaciones campesinas, entre las cuales se encuentra la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) recordaron que dicho proyecto de ley buscaba implementar en Chile que la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 91, tuviera plenas garantías para patentar semillas que son criollas, apropiándose de variedades originarias, lo que obligaría a los campesinos a comprar semillas que por décadas han circulado libremente.

“Como lo hemos afirmado, de haber sido aprobada la ley llamada Monsanto, se habría convertido en delito prácticas campesinas e indígenas milenarias, como es seleccionar, cuidar, guardar e intercambiar las semillas. Habría permitido que las empresas transnacionales se apropiaran de las semillas campesinas y eso habría provocado la destrucción de cultivos y la confiscación de las cosechas, tener un huerto familiar sin permiso de Monsanto, habría sido un delito”, afirmaron las representantes del mundo indígena y campesino.

“Debemos tener presentes que el peligro de UPOV 91 no ha terminado, el gobierno se ha comprometido a desarrollar un nuevo proyecto de ley, escuchando a los distintos sectores involucrados y afectados, no nos cabe duda que las empresas harán millonarias campañas de lobby y de desinformación, incluso de cooptación de organizaciones, a través de las cuales esperan seguir difundiendo sus mitos, amenazas y mentiras”, agregaron.