Una denuncia por faltar a la ética profesional presentará ante el Colegio de Abogados Gonzalo Bulnes, el ex querellante de la familia de Hernán Canales, en contra de los defensores de Martín Larraín Hurtado.

La acción apunta a los destacados penalistas Hugo Rivera y Rodrigo Ávila, quienes han patrocinado al hijo del presidente de Renovación Nacional durante la investigación que llevó la fiscalía de Cauquenes, VII Región, por el atropello que costó la vida a Canales la madrugada del 18 de septiembre de 2013 en la zona de Curanipe.

La información fue confirmada a The Clinic Online por el propio Bulnes y es la respuesta al supuesto pago de 10 millones de pesos en efectivo que habría recibido Marisol Venegas, la viuda de Canales la semana pasada para que retirara la querella criminal presentada en contra Larraín Hurtado, gestión que se habría realizado sin informar a la familia del fallecido y que es negada por cercanos a Venegas y por la defensa de Larraín. El monto del pago, en cualquier caso, fue informado por La Segunda.

Bulnes, quien estuvo a la cabeza del caso desde el principio, argumentará que los profesionales violaron las normas éticas del Colegio de Abogados al participar directamente en la negociación con la mujer y no con el representante, cuestión que deberá ser probada en la indagatoria.

Asimismo, apuntará a las presiones que habría recibido la viuda para que le revocara el patrocinio y de esa forma evitar que ampliara la querella al delito de homicidio por omisión en contra de Larraín Hurtado.

Actualmente, la fiscalía tiene acusado a este último por conducción en estado de ebriedad causando la muerte pidiendo una pena de cuatro años. Junto a lo anterior también solicitó que anule de por vida la licencia de conducir de Larraín Hurtado.

Las pruebas del caso comenzarán a ser analizadas el 9 de mayo, cuando se inicie la audiencia de preparación del juicio oral en el tribunal de garantía de Chanco.

Doble lectura

El supuesto pago a la viuda generó una andanada de críticas y comentarios en las redes sociales, cuestión que derivó en que el fiscal regional de la zona, Mauricio Richards, saliera en defensa de la labor del Ministerio Público, para que el organismo no se viera contaminado por la negociación extraprocesal. Y esto, porque en el juicio oral no estará presente Bulnes en calidad de querellante de la familia y será la fiscalía la encargada de sostener la acción penal contra Larraín Hurtado.

Hay que recordar que el organismo perseguidor también acusó a Sebastián Edwards y Sofía Gaete -los acompañantes de Larraín Hurtado esa noche- por obstrucción a la investigación, ya que después del accidente le mintieron a Carabineros sobre el responsable del atropello, con el fin de protegerlo, debido a la relevancia social de su familia.

Hasta ahora, lo cierto es que Larraín Hurtado no irá a la cárcel por esta muerte, ya que lo beneficia su “irreprochable conducta anterior”. Y un segundo elemento que argumentarán en estrado es que al pagar los 10 millones a la viuda “repararon con celo el mal causado”, como se conoce esta figura en el argot jurídico.

En los pasillos de tribunales distintos abogados comentaron que el pago hecho a la viuda, bien podría convertirse en un problema para la defensa de Larraín Hurtado más que una solución, atendido el rechazo que ha provocado a nivel público. Por ello conjeturan que el tribunal oral podría aplicar la mayor de las sanciones que le permita la ley en contra del joven, como una forma de proteger la imagen de la justicia.

El bidón con pisco

Los problemas para Martín Larraín Hurtado comenzaron la madrugada del 18 de septiembre, luego de salir de las fondas, oportunidad en que conduciendo su jeep 4×4 atropelló a Canales en una curva de la zona de Curanipe, dándose a la fuga sin prestar ayuda a la víctima, como tampoco informar a la autoridad.

En el vehículo iban, entre otros, Edwards y Gaete, quienes nunca lograron contactarse con Carabineros y la asistencia pública, ya que sus llamadas sólo duraron unos cuantos segundos.

Luego de más de una hora llegaron hasta la comisaría donde dieron cuenta del hecho, señalando que había sido una camioneta blanca doble cabina la responsable del atropello. Al salir de la unidad policial, Larraín Hurtado los estaba esperando para dirigirse a una cabaña cercana.

Al día siguiente Larraín Hurtado intentó evitar la acción de la justicia, tratando de huir a Santiago. Sin embargo fue detenido por Carabineros, oportunidad en que confesó su participación en el hecho, siendo formalizado al día siguiente por cuasidelito de homicidio. En su testimonio reconoció que había tomado piscolas y ponche, versión que posteriormente modificó señalando no saber por qué lo había dicho.

La tramitación que dio la fiscalía al caso, como también las diligencias solicitadas por Bulnes derivaron en la exhumación del cuerpo de Canales. Ello permitió descubrir que el doctor Mario Peña y Lillo del Servicio Médico Legal (SML) había faltado a la verdad en las conclusiones de la autopsia a la víctima. Por ese hecho fue formalizado bajo el delito de falsificación de instrumento público y removido de su cargo.

No fue lo único, también la fiscalía logró acreditar que la noche del accidente el cuarto ocupante del jeep, Matías Villela llevaba un bidón con seis litros de pisco, tal como lo reveló este diario.

Lea la querella por homicidio contra Martín Larraín Hurtado

Lea las conclusiones del informe del perito Ravanal

Lea el informe completo del Servicio Médico Legal

curanipe
Además:

Lea todo sobre el atropello en Curanipe (Parte 1)

Lea todo sobre el atropello en Curanipe (parte2)

Lea la primera declaración de Martín Larraín

Lea la segunda declaración de Martín Larraín