Fichas de Colonia Dignidad revisadas hasta ahora no involucran a personajes públicos en violaciones a los DDHH

Las más de 45.000 fichas encontradas en 2005 en un búnker secreto de la Colonia Dignidad, en el sur de Chile, carecen de información sobre personajes públicos que hayan estado involucrados en violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Así lo aseguró hoy a Efe Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quien precisó que no han detectado información trascendente sobre personas, dirigentes políticos o sociales que hayan colaborado en los crímenes o conformado una red de apoyo del enclave alemán.

“En lo que hemos revisado no hay nombres de gente conocida públicamente que pudiesen haber colaborado en los crímenes, ayudistas o de alguna red de apoyo a la Colonia Dignidad, pese a que es una suposición que ha dado vueltas desde hace tiempo en la comunidad de derechos humanos”, precisó Fries.

La colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el exsuboficial nazi Paul Schaefer y se convirtió en un enclave que llegó a funcionar como “un Estado dentro de otro Estado”, según el expresidente de Chile, Patricio Aylwin.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el lugar, situado a unos 380 kilómetros de Santiago, fue usado por la policía secreta como campo de prisioneros y de tortura y hay antecedentes probados de presos hechos desaparecer desde el predio, de 16.000 hectáreas.

Las fichas fueron halladas en 2005 en tres contenedores ocultos en un búnker subterráneo en el que además se guardaba un poderoso arsenal, que incluía ametralladoras de alto calibre, cañones antiaéreos y misiles, además de armas químicas y potes de veneno.

Paul Schaefer murió en 2010 en la cárcel, tras ser condenado a casi treinta años de prisión por violación y abusos sexuales contra más de una veintena de niños y por transgresión a la ley de armas y explosivos.

El pasado abril el juez especial Jorge Zepeda, a cargo de la investigación, entregó al INDH un disco compacto que contiene 46.000 archivos, lo que desató entre los familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos esperanzas de conocer información clave sobre el destino de los desaparecidos.

La entrega de las fichas siguió a varios años de incertidumbre y de críticas al juez Zepeda por haber mantenido estos documentos bajo estricto secreto durante casi nueve años.

Lorena Fries aseguró a Efe que los documentos “se harán públicos una vez que finalice su análisis por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Su destino será el Museo de la Memoria, que concentra toda la información disponible sobre los crímenes ocurridos en Chile durante régimen militar, precisó.

Según Fries, las fichas contienen información muy dispersa. “Da la impresión de que no fueron construidas con un criterio de inteligencia, sino más bien de ir acopiando información de muy distintos tipos”, explicó.

“Hay fichas de prisioneros que sólo contienen su nombre y filiación política; otras entregan información acerca de cómo se produjo su detención y los lugares por donde pasó”, dijo.

Hay fichas que recopilan declaraciones de organismos internacionales vinculados a los derechos humanos; muchos recortes de prensa; algunos nombres de “amigos” de la Colonia Dignidad; listas con nombres de dirigentes sociales y políticos, “y hasta diez archivos con letras de canciones”, puntualizó.

También hay información cifrada, con palabras clave en alemán o siglas correspondientes a instituciones chilenas, continuó Fries, que aseguró desconocer si los archivos contenidos en el disco corresponden al total de las fichas encontradas.

“Tampoco sabemos si esos archivos se nos entregaron tal como fueron encontrados, o si el juez dispuso que se ordenaran de otra manera, y por lo tanto podría faltar información que el juez consideró mejor no entregar, por ser material que puede ayudar a identificar personas que pudiesen haber contribuido a cometer crímenes”, añadió.

Una traba que tiene el INDH para hacer públicos los documentos son las leyes chilenas que protegen la vida privada de las personas, explicó Fries.

“Las barreras que tenemos son la Ley de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública, que establecen la necesidad de entregar información pero tachada respecto de datos de filiación política, ideología, y otros de la vida privada de las personas”, precisó.

“Por eso estamos separando la información, pero dentro de la óptica de que estos documentos tienen que hacerse públicos”, sostuvo y aseguró que por el momento están entregando el máximo de información a las organizaciones de derechos humanos que tienen mandato respecto de víctimas.

También a los familiares que acuden a pedir fichas con información sobre sus víctimas, añadió y reveló que el INDH está requiriendo más recursos del Estado para acelerar el trabajo de análisis de la documentación