Los terrenos de Macul que guardan un secreto de hace 50 años: salen a la venta predios donde se investiga el destino de hasta 30 víctimas de la dictadura

Un secreto a voces se vivió entre los vecinos de Lomas de Macul durante casi 50 años. Desde septiembre de 1973 hasta inicios de 1974, residentes del sector aseguran haber presenciado cómo agentes del Estado depositaron varios cuerpos de ejecutados en el ex vertedero Departamental.

Los rumores fueron parte del relato en el barrio durante décadas, en dónde se ha creído que el sitio, hoy hogar de la abandonada discoteca Luxor, sirvió como lugar de ejecución, desecho y ocultamiento de cadáveres. La mayoría de los vecinos que presenciaron los sucesos, en ese entonces eran niños y adolescentes, y recién en el 2022 pudieron testificar ante la justicia en una acción penal presentada por la Unidad Programa de Derechos Humanos. 

Uno de los testimonios que ha ayudado a esclarecer lo que ocurrió fue el de Carlos (nombre anonimizado), quien para el comienzo de la dictadura tenía ocho años e iba siempre al ex vertedero a jugar entre los neumáticos con sus amigos. Estando allí, días después del Golpe de Estado, él y su vecino vieron camiones y soldados uniformados con fusiles y cargados de bolsas negras. Si bien estaba acostumbrado a ver cómo los camiones botaban basura a una fosa de cerca de 20 metros de profundidad, esta vez observó algo que lo conmocionó: de los bultos negros caían personas sin vida. Según su relato, los cuerpos tenían perforaciones de bala.

Los niños se quedaron inmóviles, la pérdida de inocencia los paralizó. Pero la llegada de más camiones cubriendo los restos con basura los alertó, y corrieron a esconderse en unas zarzamoras cerca del Zanjón de la Aguada, contiguo al ex vertedero. Pronto, escucharon ráfagas de balazos que caían al agua. El pánico los atacó, y Carlos, esa vez, optó por el silencio: tapó la boca de su amigo con su mano. 

“¡Sigan disparando! ¡Sigan disparando!”, gritaban los soldados.

En tal escenario, de balas perdidas y de órdenes para matar, los niños se quedaron quietos durante horas. Estaban mojados, con frío, el temor se les aferraba al estómago y las espinas de las zarzamoras se les habían clavado en el cuerpo. Al caer la noche, los soldados se retiraron, y los niños corrieron por el borde del canal hasta su casa. Carlos recuerda que llegó llorando y le contó lo que vio a su mamá. 

“Me dijo que esto no se lo dijera a nadie. [Después] trataba de esconderme y no salir para afuera”,  cuenta Carlos hoy.

Si bien los años han pasado, el hombre de 60 años aún se emociona al recordarlo. Le tiemblan las manos, mira alrededor nervioso y suspira entre palabras. “Me costó mucho superarlo, porque no dormía muy bien, tenía pesadillas, lloraba por cualquier cosa. Tenía miedo de salir para afuera, pensaba que me reconocieran y me vieran. No salía”, relata Carlos.

El hombre cree que pudo retomar una vida sin temores muchos años después, aunque el recuerdo lo persiguió siempre. “Lo que yo vi quedó aquí”, dice tocándose el pecho. “Quedó en mí”. 

El relato se mantuvo en su corazón durante 50 años. Como él, otros vecinos del sector también guardaron silencio sobre lo que vieron. Sin embargo, lo que pasó durante los primeros meses de la dictadura se hizo parte del relato popular de la comuna. Algunos rumores hablaban de fusilamientos, cuerpos cubiertos con basura y camiones militares.

Pero esto cambió en 2022, cuando Inmobiliaria Departamental impulsó un megaproyecto que contemplaba intervenir parte del antiguo vertedero. El plan consistía en la recuperación del suelo y la eventual construcción de nueve edificios con más de dos mil departamentos.

La noticia movilizó a los vecinos de Macul, quienes conformaron la “Coordinadora No al Mega Proyecto Departamental – Por la Memoria pasada, presente y futura”. En sus reuniones, surgió el primer indicio de esta historia, en la que alguien afirmó que en el ex vertedero Departamental habrían restos de ejecutados. Poco a poco, empezaron a aparecer relatos que describían escenas similares a las vividas por Carlos.

“Fue un compromiso social, de recuperar una memoria de hechos que, probablemente son muchos más y que tampoco tienen voz. Y así fuimos dándole voz poco a poco a esto, todos [integrantes de la agrupación] sin experiencia en este terreno de derechos humanos”, explica su motivación Christine Kachadourian, presidenta de la Agrupación DDHH y Sitios de Memoria Macul. Ella, al igual que todos sus integrantes, no son familiares de detenidos desaparecidos y no tienen vínculo con los eventuales ejecutados que podrían estar enterrados en el ex vertedero Departamental. 

La recopilación de los testimonios tomó meses. La coordinadora difundió convocatorias en el barrio, entrevistó a vecinos, protocolizó sus relatos ante notario y acompañó a quienes aceptaron declarar ante la Policía de Investigaciones. Después, la organización obtuvo personalidad jurídica y pasó a constituirse como la Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria Macul. Con esos antecedentes, los testimonios fueron entregados al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Estos últimos los derivaron a la ministra en visita Paola Plaza, dando origen a la investigación judicial que continúa hasta hoy. 

El relato de Carlos se presentó a la causa, pero finalmente no pudo integrarse a la querella. Sin embargo, forma parte del expediente que se ingresó al Consejo de Monumentos Nacionales, realizado por el historiador Pablo Seguel. Este sería un antecedente para convertir al ex vertedero Departamental en un Monumento Histórico. 

Sin embargo, cuatro años después del inicio de la investigación, las excavaciones que podrían confirmar o descartar esos testimonios aún no se han realizado. 

Las revelaciones 

Una vez que la querella se presentó, el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) realizó sus propias diligencias para corroborar los testimonios, examinar la posibilidad de que hubieran restos de personas en el terreno y saber cómo podrían excavarlo. Cuatro años después, la institución emanó un informe cuyos resultados principales fueron revelados por Ciper. Allí, se identificó que podrían haber hasta 30 ejecutados y desaparecidos en el ex vertedero Departamental.  

Una de las revelaciones cruciales del documento fue las posibles identidades de las víctimas: un niño de once años, tres integrantes de la guardia armada secreta del expresidente Salvador Allende, un militante del MIR y otro del PC, y varios civiles sin afiliación política. El PNB llegó a estas conclusiones a través de un cruce de datos entre personas desaparecidas durante septiembre y octubre de 1973, y ejecutados a los que no se les conoce su paradero final. Sin embargo, la agrupación de Macul estima que la cifra podría ser mayor.

La imposibilidad de establecer de manera concluyente quiénes serían las víctimas es uno de los factores que afecta la decisión de iniciar las excavaciones. Aunque el informe propone posibles personas ejecutadas, estas se basan en coincidencias temporales, territoriales y circunstanciales, y no constituyen identificaciones definitivas. Esto debido a que los testimonios sitúan que los hechos habrían ocurrido justo después del Golpe de Estado y comienzos de 1974, un período marcado por las ejecuciones y registros incompletos sobre el destino final de varias víctimas. 

“Durante el año 73’, la forma en que se operó fue a través de las ejecuciones. Por eso existe la Caravana de la Muerte, las ejecuciones sumarias (…) Entonces, claro, los testimonios hablan del año 73’ y nosotros no teníamos víctimas desaparecidas en ese año. Algunas, pero también tenían que ser del sector, que fuera cercano. Entonces, por eso hay tan pocas víctimas del período que señalan los testigos”, explica Paulina Zamorano, exencargada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. La funcionaria fue desvinculada con la llegada del actual gobierno. 

A ello, se suma la cantidad de personas enterradas en el lugar. Fuentes anónimas y conocedoras de la causa señalan que existen reparos relacionados con la cantidad de cuerpos descrita en los relatos. Además, el tiempo transcurrido antes de la entrega formal de los testimonios, dificulta su corroboración y complejiza las diligencias. 

La decisión de intervenir el terreno recae en la ministra en visita de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza, quien está a cargo de la investigación. La magistrada investiga de forma exclusiva las causas de violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron entre 1973 y 1990. Entre su experiencia hay indagatorias emblemáticas de la época, como el caso de Colonia Dignidad, Pablo Neruda y el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. 

A los desafíos probatorios de los testimonios se suman las complejidades técnicas. Se ha presentado más de una propuesta de excavación a la causa. Verónica Baeza, arqueóloga que apoyó a la Agrupación DDHH y Sitio de Memoria Macul, fue parte de la elaboración de una de estas propuestas. Dentro de sus diligencias, se consiguieron imágenes satelitales del Servicio Aerofotogramétrico de las Fuerzas Armadas (SAF), para ver observar cómo era el sitio en la época. Esto mismo fue clave para establecer la topografía del sitio, y entender de qué manera habrían ocultado los restos en el lugar.

También se han identificado otras problemáticas asociadas a las excavaciones, como las medioambientales. En un principio, el lugar funcionó como un pozo arenero durante 1940 y 1960, y a finales de esta última década se convirtió en un vertedero. Hasta finales de los 80’, cuando se clausuró y se cubrió con material de relleno. 

“Es un lugar difícil de abordar desde la perspectiva arqueológica, porque es una tremenda excavación que hay que hacer en la ciudad. Entonces, requiere una serie de medidas de seguridad que la encarecen (…) En la época que esto era un basural y se veían llamas, entonces deben haber gases. Hay que tener una serie de consideraciones para hacer este trabajo”, explica Baeza. “Sin embargo, siempre planteamos que, debido a que ya existía un proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental [el de la Inmobiliaria Departamental], ese terreno sí se puede excavar. Sí podemos llegar al nivel en el que habrían sido inhumadas las personas”. 

Los costos también complejizan una futura obra. El informe del Plan Nacional de Búsqueda también realizó una propuesta de trabajo central en el área, en dónde se especificó cuál serían los lugares de máximo interés para iniciar las excavaciones y que contenía la aprobación presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas.

“Costó mucho, además, buscar un consenso político de los ministerios en ese momento para poder gastar en lo que se requería para poder hacer estos trabajos en terreno. Había que hacer una redistribución presupuestaria en el ministerio, se hizo la distribución, se acordó, se hizo el informe y se presentó”, explica la abogada Zamorano. 

Sin embargo, con la llegada del gobierno del Presidente José Antonio Kast, se presume que ya no existe la voluntad política para realizar las excavaciones. Según consignó La Tercera, la Subsecretaría de Derechos Humanos tuvo un recorte de presupuesto del 9,8%. Así, el Programa de Derechos Humanos, quienes llevan la querella, tendrá que operar con aproximadamente $65 millones menos. 

El proyecto inmobiliario que “excavó” el pasado

En el 2022, el megaproyecto de la Inmobiliaria Departamental consistía en dos etapas: la primera tenía el objetivo de recuperar el suelo que antiguamente se utilizó como vertedero, mientras que la segunda apuntaba a la construcción de edificios de departamentos. Aunque Inmobiliaria Departamental figuraba como titular del proyecto ambiental, el polígono de recuperación de suelo también comprendía el terreno que Tanner Leasing había adquirido en 2019. La coincidencia fue constatada al comparar las coordenadas incorporadas en la Declaración de Impacto Ambiental con la ubicación del inmueble. 

Sin embargo, la situación alertó a los vecinos. Ellos sostenían que la remoción del terreno —que contemplaba excavaciones de 25 metros de profundidad—, y una eventual construcción de nueve torres, afectaría la calidad de vida de los residentes.

“Cuando tú haces una declaración, por defecto, estás declarando que tu proyecto no tiene impactos ambientales. Porque cuando los tienes, tú debes hacer un Estudio de Impactos Ambientales, que considera mitigar los impactos y también compensarlos (…). Estos proyectos inmobiliarios, que traen muchos nuevos habitantes a una zona, implican siempre una serie de consecuencias negativas para el barrio. O sea, estás trayendo mucha más población a la misma presión de agua, alcantarillado. Entonces, es un colapso para la zona”, explica Baeza.

Por lo mismo, la coordinadora solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental la apertura de una Participación Ciudadana. Esta última, permite a los vecinos afectados presentar observaciones al proyecto inmobiliario mientras se evalúa su impacto ambiental. La instancia logró recaudar cerca de 500 observaciones, lo que paralizó el proyecto.

Además, en mayo del 2023, la coordinadora presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente por un eventual fraccionamiento del proyecto. A su juicio, la Inmobiliaria Departamental habría presentado la recuperación del terreno y el posterior desarrollo inmobiliario como iniciativas independientes, pese a que ambas formarían parte de un mismo desarrollo. 

La Ley N.º 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente prohíbe dividir proyectos con el propósito de evitar que sean evaluados en su conjunto o de eludir exigencias ambientales más estrictas. En este caso, la denuncia buscaba que la autoridad determinara si esa situación se configuraba o no.

Meses antes de que se realizara la fiscalización, la empresa desistió del proyecto en agosto del 2023. Aún así, la superintendencia entregó una respuesta en febrero del 2024: al constatar la inexistencia de faenas de construcción y la renuncia de la empresa, la institución concluyó que no hubo indicios de elusiones y/o fraccionamiento del proyecto. 

Sin embargo, la agrupación volvió a ponerse en alerta durante los últimos meses, luego de que dos terrenos vinculados al antiguo vertedero fueran ofrecidos en el mercado. Los predios, que suman más de 3,3 hectáreas, tienen propietarios y antecedentes diferentes. Uno pertenece a Tanner Leasing S.A. y fue identificado por el Plan Nacional de Búsqueda como un área de interés investigativo. El otro pertenece a Inmobiliaria Departamental y es señalado por la agrupación a partir de testimonios que ubican posibles ocultamientos en distintos sectores del antiguo vertedero. Ninguno ha sido excavado.

El predio de Tanner Leasing S.A., se ofreció a través de Urbac Propiedades. La empresa adquirió el inmueble en 2019 y, años después, ese mismo terreno quedó comprendido dentro del polígono del proyecto de recuperación de suelo presentado por Inmobiliaria Departamental. Aunque esta última figuraba como titular de la iniciativa ambiental, no está claro qué vínculo contractual o autorización le permitía proyectar obras sobre un terreno perteneciente a Tanner.

Consultada por The Clinic, Urbac Propiedades señaló que no manejaba información más allá de la intermediación de la venta y declinó entregar mayores antecedentes. La publicación del inmueble en Portal Inmobiliario fue eliminada después de que este medio se comunicara con la corredora.

El segundo terreno, perteneciente a Inmobiliaria Departamental, fue ofrecido mediante una subasta este 15 de julio. Sin embargo, no se presentó ningún comprador. The Clinic se contactó con la empresa, quienes no entregaron una respuesta al cierre de esta investigación. El inmueble registra una hipoteca, una prohibición de gravar o enajenar en favor de Scotiabank y tres embargos vigentes, según consta en el certificado del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Este medio se contactó con la casa de subastas, Macal, quienes al cierre de esta investigación aún no han respondido. 

Se consultó a la ministra de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza, si el terreno cuenta con alguna medida que proteja su modificación o venta. Su respuesta fue negativa. Sin embargo, explicó que  en caso de que se produzcan movimientos de tierra, el tribunal deberá evaluar si corresponde adoptar alguna resolución o enviar peritos para monitorear los trabajos.

La venta tampoco restringiría las facultades del tribunal para continuar con la investigación. “Las diligencias se ordenan con indiferencia de quien sea el dueño del terreno”, afirmó la magistrada Plaza.

Ex vertedero Departamental: un intento de memoria para los ejecutados desaparecidos 

Si bien la venta, por sí sola, no afectaría a la investigación relacionada a las personas ejecutadas, la agrupación sí se preocupa por sus efectos. En 2022, sus integrantes solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales reconocer al ex vertedero Departamental como un Monumento Histórico. Sin embargo, el proceso aún se encuentra en espera de una resolución. En caso de tenerla, el lugar quedaría bajo la protección del Estado. 

En el expediente técnico, realizado por el historiador Pablo Seguel, se describe la historia del lugar a principios del siglo XVI hasta la actualidad. A pesar de la posible existencia de ejecutados desaparecidos en el ex vertedero Departamental, el documento hace hincapié en que un sitio de memoria iría más allá de recordar esos eventos. “Es un enclave para comprender la evolución de Santiago, desde su origen rural hasta su consolidación como metrópoli moderna, así como las formas en que la exclusión social, la represión política y la lucha popular se materializaron en su territorio”, consigna el expediente. 

Para la Agrupación DDHH y Sitio de Memoria Macul, sería una oportunidad de reconocer oficialmente un secreto a voces que vivió en su comuna durante años. Desde que iniciaron su trabajo para preservar el sitio, han realizado acciones públicas y actividades comunitarias. Por ejemplo, en noviembre de 2025, inauguraron el mural “Lomas de la Ausencia”, en plena comuna de Macul. Ese día, cuando lograron inmortalizar su incansable búsqueda, dijeron a Meer: 

“En este parque estarán las voces de los que están, las historias de quienes no están, las interrogantes de qué se quiere olvidar. Su corazón será la experiencia vivida por las personas en el territorio, construyendo un espacio de reparación y de no repetición”.