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Opinión

11 de Agosto de 2014

Bombas de humo

* El debate público generado a partir de los últimos atentados explosivos han puesto de manifiesto las debilidades institucionales que impiden que estos delitos sean investigados y sancionados de manera efectiva. El primer problema es el uso político contingente de la ley de conductas terroristas, al ser utilizada como un elemento simbólico en el debate […]

Mauricio Daza
Mauricio Daza
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bombas
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El debate público generado a partir de los últimos atentados explosivos han puesto de manifiesto las debilidades institucionales que impiden que estos delitos sean investigados y sancionados de manera efectiva.

El primer problema es el uso político contingente de la ley de conductas terroristas, al ser utilizada como un elemento simbólico en el debate público entre gobierno y oposición, sacando provecho a la errónea idea de que “delito terrorista” es sinónimo a “delito extremadamente grave que causa conmoción pública”; de manera tal que si no se le invoca indiscriminadamente en esos casos se ataca a la autoridad señalando que es timorata en defender adecuadamente a la comunidad. Lo anterior no se hace cargo de que los delitos terroristas corresponden a una criminalidad que se da en forma excepcional, la cual exige que sus autores tengan la voluntad precisa de causar miedo en la población, además de que el acto sea idóneo para ese fin.

Actuaciones como las de ETA, Al Queda o IRA, están muy por sobre el marco material y jurídico de los últimos atentados explosivos, lo que no significa en caso alguno restarles gravedad o sostener no sean constitutivos de delito, sino que sencillamente importa colocarlos en su debido lugar. En este contexto cobra sentido la afirmación de que, en estricto rigor, en Chile no hay terrorismo.

El segundo problema es la falta de competencia de quienes están a cargo de las investigaciones, siendo especialmente grave lo que ocurre con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, DIPOLCAR, que ha liderado la indagación de estos hechos, la cual frente a cualquier fenómeno de criminalidad que va más allá de lo habitual formula una hipótesis estandarizada y pre establecida que intenta de probar a toda costa: se trata de ex miembros de movimientos subversivos de los años 80 y 90 quienes están infiltrando y usando a diversos grupos, que pueden ir desde estudiantes secundarios hasta anarquistas o veganos, según sea el caso.

Esta práctica impide que exista un proceso objetivo en la recolección y análisis de las pruebas que permita desarrollar líneas investigativas fundadas en hipótesis consistentes que sirvan para obtener resultados concretos y veraces. Por otra parte, los equipos de fiscales que están a cargo de dirigir estas investigaciones tampoco han demostrado contar con competencias suficientes, lo además se explica por un problema estructural consistente en que la definición de los cargos y tareas de mayor relevancia al interior el Ministerio Público se hacen a partir de decisiones discrecionales del Fiscal Nacional de Turno y de su grupo más cercano, determinadas en la práctica a partir de consideraciones de cercanía personal más que de mérito. Lo anterior explica que dentro de la prueba que se usó por la Fiscalía en el caso bombas para acreditar la existencia de una organización terrorista se encontraran “una bolsa de plástico vacía”, “una bolsa azul con pasas”, “un poster de Guns N’ Roses” y “una caja con diverso material de índole insurreccionalista” que terminó siendo una colección de ejemplares del The Clinic, entre otras mucha otra “evidencia” del mismo tenor.

La solución real en esta materia exige la difícil tarea por parte del Gobierno de enfrentarse con jefaturas de órganos de inteligencia policial quienes han logrado subsistir y reproducirse durante largo tiempo sin mayores problemas a pesar de no lograr resultados, además de la predecible oposición del Fiscal Nacional ante cualquier cambio que altere su engañosa y conveniente noción de autonomía.

Así las cosas resulta una explicación burda e insólita la que entrega el Fiscal Nacional y los Jefes de las Policías al afirmar que el problema radica en que la ley no les concede las facultades necesarias para investigar casos de terrorismo, cuando de la simpe lectura de la ley 19.974 que establece el sistema de inteligencia del Estado, se constata que se les permite de manera expresa a los organismos policiales usar medios tales como agentes encubiertos e interceptaciones telefónicas, de bases de datos y correos electrónicos, entre otros. Todo lo anterior a partir de un control mínimo y bajo parámetros que no se condicen con una democracia en forma, lo que da pie a toda clase de abusos.

Pero la autoridad de gobierno parece haber aceptado esta explicación del Fiscal Nacional y de las policías la que finalmente, más que buscar una solución, pretende salir al paso de las fundadas criticas sobre la ausencia de investigaciones serias y veraces que terminen en resultados concretos, además de aprovechar la conmoción pública y la perplejidad del gobierno para poder conseguir más facultades y más recursos sin que les exija a cambio mayor transparencia y control efectivo en el uso de las enormes atribuciones que ya tienen, las cuales además han dado lugar a toda clase de abusos.

En definitiva la disyuntiva real de nuestras autoridades en esta materia es optar por uno de dos caminos: tomar la decisión de enfrentar de manera seria estos graves y reiterados atentados, haciendo los cambios necesarios para que personal competente pueda investigar un fenómeno de criminalidad diverso a los de décadas pasadas, a través de medios proporcionales y efectivos propios de un Estado democrático de Derecho; o sencillamente seguir lanzando bombas de humo mediáticas para salir del paso, con discursos llenos de frases hechas que dan pie a discusiones inútiles a partir de una retórica vacía. Lamentablemente el pronóstico en este ámbito actualmente, y como ha sido siempre hasta ahora, es reservado.

*Mauricio Daza Carrasco.
Abogado.
Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal.
Abogado defensor “Caso Bombas”.

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