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La Fiscalía Militar sometió a proceso a dos miembros de Carabineros por el delito de violencia innecesaria causando la muerte de un menor de edad y un adulto, hecho ocurrido en diciembre de 2011, tras una persecución por el robo de un vehículo.

La justicia castrense encausó a la carabinera Valeria Ibáñez González por la muerte a tiros de Emilio Ulloa, que a la fecha tenía 17 años. Junto a ella su colega Ivan Olivares Placencia por el baleo a Pedro Erazo Artigas de 18 .

De acuerdo a la resolución que publica The Clinic Online, el fiscal (J) Marcelo Venegas, ordenó la reclusión de ambos en el Centro Transitorio de Detención de Carabineros ubicado en la calle Sucre.

El auto de procesamiento estableció que ambos jóvenes, quienes tenían antecedes penales, no portaban armas al momento del hecho, a diferencia de los dichos del general director de la institución Guillermo González Jure. Este último aseguró que “los ladrones estaban armados” y que los efectivos “fueron objeto de permanentes disparos en la persecución”.

De hecho, en la oportunidad, personal del GOPE buscó armas en el lugar y nunca fueron halladas, tal como consigna la resolución, como tampoco se encontraron huellas de pólvora en las manos de los fallecidos.

El expediente

Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2011, cuando en la comuna de Vitacura fue visto un vehículo encargado por robo. Comenzó entonces la persecución, que se prolongó hasta la comuna de Cerro Navia en el puente Petersen. Hasta allí perseguía sólo una patrulla, que detuvo a dos de los cinco ocupantes del auto. Sin embargo, llegó otra que era conducida por el carabinero Iván Olivares. Este último se bajó al mismo tiempo con Valeria Ibáñez.

Olivares, con su arma de servicio disparó “en al menos tres oportunidades”, dos en las piernas y una en el tórax que finalmente le causó la muerte. Ibáñez, en tanto, percutó su arma hiriendo a Ulloa en la parte posterior de la cabeza, falleciendo en el lugar, señala el procesamiento, es decir .

En diciembre de 2011, se sostuvo que los jóvenes delincuentes había sido baleados sin razón, aún cuando se hallaban desarmados, pero fueron apoyados institucionalmente. Los efectivos verdes debieron declarar ante la Brigada de Homicidios de la PDI, porque su versión era verosímil en relación al baleo.

El fiscal Marcelo Venegas inició entonces la investigación, luego que la familia presentara una denuncia en enero de 2012, patrocinada por el departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, dirigida por el abogado Nelson Caucoto.

De allí en adelante, Venegas tomó declaraciones a oficiales y suboficiales. Analizó las cámaras de la autopista Costanera Norte, las grabaciones de la Central de Comunicaciones e informes periciales de la PDI, construyendo un expediente que supera las 1.100 fojas en los que basó su convicción procesal.

Consultada la institución se indicó que en su oportunidad los carabineros, al ser identificados como los autores de los disparos colaboraron con le investigación de la fiscalía castrense.

Lea el auto de procesamiento