Comandos de la Armada murieron por bomba fabricada con bol de cocina y un celular viejo para eventual guerra con Perú

El 29 de julio de 2013, en la zona costera de Laguna Verde, V Región, una explosión submarina mató a tres comandos de infantería de marina. La institución lamentó lo ocurrido, asegurando que se habían tomado las medidas de seguridad y que las víctimas eran expertas en la materia.

Sin embargo, a poco más de un año de ocurrido el hecho que terminó con la vida del teniente segundo Miguel Casas-Cordero, el sargento primero Marcos Llancavil y el cabo José Luis Valenzuela, comienza a conocerse una verdad incómoda para la institución y que vincula a varios miembros del alto mando institucional.

Sucede que hasta el año pasado la marina carecía de las llamadas bombas “limpet”, artefactos que se pegan -gracias a un imán- bajo la línea de flotación de los buques enemigos. Dichos explosivos se vencieron al no haber sido usados y la institución no había comprado otros.

Para suplir el déficit y ante un eventual conflicto con Perú -por el juicio en La Haya- el Comando de Fuerzas Especiales de la Armada (Comfues) le ordenó al sargento Llancavil la fabricación casera de una “limpet”, pese a que no era un experto en la materia.

La orden provino del comandante del Comfues, capitán de navío Cristian Fassier, previa anuencia del jefe del Comando de Operaciones Navales, vicealmirante José Romero Aguirre y el director de Ingeniería y Sistemas Navales, contraalmirante Giovanni Yuvini Jeame.

Pues bien, Llancavil usó -por increíble que parezca- un bol de cocina como recipiente para los 900 gramos de explosivo de alto poder destructivo. Luego lo selló con silicona y usó como fuente de poder y temporizador un celular Nokia antiguo. De hecho, parte del trabajo con el explosivo, Llancavil lo realizó en su propia casa.

Así las cosas, Llancavil, Valenzuela y Casas-Cordero, se dieron a la labor de probar esta bomba hechiza bajo el agua actuando como buzos tácticos sin tener la especialidad, en vez de utilizar un robot especialmente diseñado para ello. Sin embargo, al celular le entró agua, lo que produjo una explosión anticipada, muriendo los tres comandos.

La información aparece en un recurso presentado por las viudas de Llancavil y Valenzuela ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que la investigación que hoy sustancia la fiscalía naval – donde aún perduran prácticas secretistas- quede radicada en el Ministerio Público. De hecho a más de un año de ocurrido los hechos aún no hay imputados en la causa.

Falsedades

La presentación fue ingresada el pasado 7 de octubre por el abogado y ex analista de inteligencia de la marina Humberto Palamara, el mismo que fuera expulsado del servicio en 1993, al intentar la publicación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), entidad que condenó al Estado chileno.

En el libelo, Palamara detalla un intento de la Armada por esconder los verdaderos alcances de la situación y cita, por ejemplo, el comunicado que emitió la institución el 30 de julio de 2013, después de la explosión. “Claramente se intenta ocultar que la muerte de los tres infantes de marina, se produce a consecuencia de que estaban probando una bomba hechiza y no de un accidente o de un caso fortuito”, escribió Palamara. Y asegura que nunca se cumplieron los protocolos de seguridad “que se exigen para las pruebas de bombas”·

El profesional explicó que ninguno de los tres fallecidos carecían del conocimiento “que se requiere para fabricar bombas, ni eran especialistas en buceo”.

“La muerte de los tres comandos no se habría producido si la Armada hubiese tenido bombas limpet y si ante su ausencia se hubiese confiado fabricación la Asmar y no al Comfues, que ni siquiera tiene autorización municipal para fabricar bombas… y no se hubiese encargado a sargento Llancavil su fabricación, que ni siquiera tenía la calificación para instalarlas”, sigue el recurso.

Palamara detalló también que el expediente de la fiscalía naval carece de información y la existente se encuentra en un cuaderno reservado. Además, asegura, ha solicitado diligencias que nunca son proveídas. En suma falta de acceso a la justicia y al debido proceso, toda vez que las viudas de los fallecidos tampoco pueden actuar como querellantes en el caso. “Así lo que protege el cuaderno… es la responsabilidad de los altos mandos navales que no adquirieron bombas limpet”, se lee en la presentación.

A juicio del abogado esta situación vulnera lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos y el criterio que ha sostenido la COIDH en distintos fallos condenatorios contra el Estado chileno.

El TC acogió a tramitación el recurso, por lo que la Armada deberá evacuar un informe donde dará cuenta de los hechos contenidos en la investigación.

Este diario se contactó con la Armada, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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