Sergio García Valdés, el censor que persigue a The Clinic

La última jugada de Sergio García Valdés fue hace una semana. Nadie sabía en un comienzo su real nombre. Se trataba de un abogado que había presentado una denuncia disciplinaria ante el arzobispado en contra del sacerdote jesuita Fernando Montes. García Valdés cuestionaba por qué el rector de la Universidad Alberto Hurtado había premiado al reportaje “La Partida de Hugo y Teresa”, publicado en nuestro pasquín, como la mejor pieza del año 2013. El relato de Jorge Rojas cuenta la difícil determinación de Hugo Gibbs: matar a su mujer con alzheimer y luego quitarse la vida al enterarse que su salud también se estaba deteriorando. Una suerte de eutanasia asistida y una lectura que, por supuesto, recomendamos.

-No quiero convertir esto en problema de la sociedad o la Iglesia, producto de una persona que se escandaliza porque nosotros premiamos un artículo. Que sea de la revista The Clinic, algunos lo consideran horroroso, y con esas posturas es difícil dialogar. Acá el problema es de un señor particular, así que pregúntenle a él, porque esto es casi ridículo- dijo el sacerdote Fernando Montes al ser consultado por la prensa.

La noticia apareció en La Tercera, tres días después del lío que se armó cuando se supo que la arquidiócesis de Santiago, liderada por Ezatti, había presentado al Vaticano recortes de prensa sobre el comportamiento mediático de Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate. Los argumentos para vetar el reportaje, y desde luego el premio, era que el trabajo ganador no representaba la postura de la Iglesia en torno a la vida. El censor estaba de vuelta. Su ampulosa retórica intacta. Ofensivo, inconveniente, innecesario. Palabras que nuevamente volvieron a sonar en nuestros oídos.

“Injuria larvada”
En “representación de Jesucristo y la Iglesia”. Así fue la presentación del recurso que interpuso un selecto grupo de abogados para censurar la exhibición de “La última tentación de Cristo” en 1997. Entre los siete firmantes estaba Sergio García Valdés, un reconocido abogado de la Universidad Católica, miembro del Instituto Probidad, amigo de Jaime Guzmán y excolaborador de Fiducia. “Fue uno de nuestros colaboradores, salía a la calle con nosotros cuando juntábamos firmas”, recuerda Maximiano Griffin, fundador de la ultraconservadora agrupación Tradición Familia y Propiedad. Años después, en una columna publicada en El Mercurio, García Valdés, quien no quizo hablar con The Clinic, agradecería al cardenal Medina, al sacerdote Raúl Hasbún y a John O’Reilly por haber apoyado la causa públicamente.

El libelo fue firmado también por Javier Donoso, presidente del grupo ultraconservador “El Porvenir de Chile”; Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco y Metrogas; el abogado de la Red Provida, Jorge Reyes Zapata, despedido en el gobierno de Piñera como asesor jurídico del Servicio de Salud de Concepción por sus dichos homofóbicos contra Daniel Zamudio; el abogado Joel González que intentó prohibir las tomas en el Instituto Nacional; el síndico de la quiebra de Inverlink Corredores de Bolsa, Cristián Heerwagen, y el abogado Vicente Torres Irarrázabal.
La cruzada por la honra y las buenas costumbres no terminó ahí. García Valdés, nuevamente impelido por las circunstancias, se transformó en el abogado defensor del sacerdote Raúl Hasbún, a fines del año 2005, luego que el diario La Nación publicara un reportaje sobre los cómplices civiles de la dictadura.

El requerimiento judicial de García Valdés terminó por someter a proceso a la periodista Ana Verónica Peña y el entonces director del medio Juan Walker Edwards.

-Fueron bien mercenarios. Pidieron como 30 palos para sacar la demanda. Pero el tema rebotó al tiro. No tuvo consecuencias- recuerda Walker.

Nuevamente García Valdés había perdido. Sus arremetidas públicas, sin embargo, continuaron. Tres años después fue el turno de la teleserie nocturna de TVN “El señor de la Querencia” a la que calificó como una “injuria larvada”, tendiente a denostar a los antiguos patrones de fundo. “Se está contribuyendo a crear odio de clases y haciendo un estereotipo del hombre de campo de esa época, en tiempos en que Chile vive un espiral de agitación laboral”, argumentó a la prensa aquella vez.

El reclamo, al parecer, tenía algo de resabio genealógico. El bisabuelo de García Valdés, Alejandro Valdés Riesco -abogado, agricultor y regidor de Providencia en los años 20- poseía una inmensa casa quinta ubicada en Pedro de Valdivia. En ella crió a sus siete hijos, entre ellos a su abuelo, Salvador Valdés Morandé, que fue excolmulgado de la Iglesia por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en 1969, luego de que publicara el libro “Compañía de Jesús: ¡Ay!, Jesús, que compañía!”, un libelo donde acusa a los jesuitas de sembrar el odio, acumular riquezas, burlar tributos, enseñar sexología y promover el marxismo y el ateísmo en universidades que se han “tomado”. Postulaba, sin ir más lejos, la expulsión inmediata de la orden. A la luz de las actuales denuncias del nieto en contra del sacerdote Fernando Montes, no parece extraño suponer que todo se deba a una vieja rencilla familiar. Las suspicacias, sin embargo, van más allá.
-Los jesuitas tienen la fidelidad al Papa y no se mueven de allí. Todo esto (las acusaciones) puede que sea una tentativa para demostrar a las nuevas autoridades de la Iglesia que la gente que está en contra es mucho más de lo que es- asegura Claudio di Girolamo, uno de los 106 firmantes de una carta abierta al Papa Francisco denunciando graves situaciones en la Arquidiócesis de Santiago.

La Iglesia por estos días está en llamas. Sabemos hasta ahora que la acusación en contra del sacerdote Montes fue realizada por García Valdés. Lo que no se sabe es si la denuncia realizada en contra de los sacerdotes Puga, Aldunate y Berríos proviene del mismo personaje o de un grupo de laicos conservadores bien posicionados en la Iglesia.

-Tenemos la intuición que las acusaciones que llegaron a la Nunciatura o al Arzobispado de Santiago, vienen de los defensores del padre John O’ Reilly, los mismos que aparecieron en la famosa lista de El Mercurio. Son empresarios, grupos económicos que están en desacuerdo con las palabras de estos sacerdotes en distintas materias. Poderes fácticos que han mantenido este sistema económico y social opresor- relata Jaime Escobar, editor de la revista Reflexión y Liberación.

Para Escobar la oposición a los dichos de Puga, Aldunate y Berríos tiene un claro sesgo político. De ahí que haya solicitado junto a otros laicos declarar al nuncio Ivo Scapolo como persona non grata y exigido al arzobispado dar a conocer quiénes fueron las personas que solicitaron los informes. “Sería una ayuda para detener la confusión, el descontento y el descrédito que tienen ciertas estructuras de poder en la Iglesia”.