La polémica por la tarjeta de crédito de ARCIS que el ex rector Leal usó para pagar el gas de su casa y comprar shorts y lentes

La frase se convirtió en un cartel habitual en las protestas de funcionarios y estudiantes de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis): “Y a la marcha vai con o sin shores” o “Préstame la Visa pal Súper”, fueron pancartas comunes este año que dan cuenta de cómo internamente trascendió una ácida polémica entre dos ex autoridades del plantel: Juan Carlos Orión Aramayo Baltra, quien fue hasta abril vicerrector de Gestión y Finanzas y René Leal, ex militante PC que se desempeñó como rector desde junio de 2013 a agosto de este año por el uso con fines personales de una tarjeta de crédito institucional.

La historia es la siguiente: El 7 de abril de 2014, Aramayo envió un correo electrónico a Leal, con copia a Elisa Neumann, ex decana de sicología y actual rectora; Ivan Reyes, miembro del director de la Universidad; Mauricio Weibel, ex académico y ex secretario del directorio de Arcis; y Claudio Lara, presidente del directorio.

En el email, al que tuvo acceso este medio, Aramayo Baltra bosquejó las denuncias que posteriormente oficializó el 9 de mayo de 2014 a través de una carta formal a Lara que publica íntegramente The Clinic Online y en la que enumera una serie de irregularidades en la institución que está siendo investigada por la Cámara Baja.

Entre las acusaciones de Aramayo figuraba una insólita: “ que la rendición de cuentas por el uso de la tarjeta de crédito corporativa de la universidad, por $1.742.420, solicitada por el Rector el 23 de diciembre de 2013, fue rechazada por los funcionarios de tesorería al encontrar el pago de la cuenta número 2648 de Metrogas por un monto de $122.888, correspondiente al domicilio particular de don René Leal”.

El texto también consigna que al solicitarse el reintegro de este dinero, “solicito pagarla en 18 cuotas, lo cual fue rechazado por la dirección de desarrollo de personas por estar fuera del reglamento de préstamos de dicha dirección. Si bien el devolvió íntegramente el valor de la cuenta, esto no exime de la falta la cual podría constituir desfalco y/o malversación de recursos de la corporación”. En la misma situación, “se encuentra una cuenta del supermercado Líder, por $69.747, efectuada el día sábado 19 de octubre de 2013. En la misma solicitud de los puntos anteriores hay 6 retiros de dinero por cajero automático por un monto de $530.000, lo cuales se le obligó a reintegrar. Este tipo de uso de tarjetas corporativas está prohibido y pueden constituir alguna falta grave a la probidad”.

Consultado por la polémica, Leal aseveró a este medio que nunca hubo una prohibición expresa de utilizar el plástico en situaciones de emergencia y que éstas fueron, durante su administración, tres: cuando debió pagar el gas domiciliario, a riesgo de corte; cuando encontrándose en Buenos Aires su tarjeta personal no estaba habilitada y quiso comprar shorts y lentes de sol; y cuando con ocasión de la visita de una delegación de Venezuela realizó una recepción para lo cual compró productos en supermercados Líder.

“Había dos tarjetas de crédito de la Universidad, una de Aramayo y otra mía y, ante cualquier emergencia que significara usar la tarjeta, yo debía rendir y fue lo que hice, tengo las boletas. Rendí en enero, es decir, no lo hice porque me acusó Orión, lo hice antes. Todo lo que fuera emergencia, como fue el caso del gas que me lo iban a cortar ese día y no tenía efectivo, se llevaba la boleta, se devolvía el dinero y ya. En Buenos Aires el gasto fue porque mi tarjeta personal no estaba activada. Toda la documentación muestra que los gastos personales fueron transparentados”.

Consultado respecto de si estaba autorizado a realizar compras personales, Leal asegura que preguntó telefónicamente a Aramayo y éste le dijo que “no había problemas”. Aún así, admite que en la época no estaba regulado por escrito y que en abril se dictó un reglamento para regular el uso de las tarjeta. Por lo mismo, afirma, la denuncia del ex vicerrector “fue de mala fe”.

PRÉSTAMOS
Aramayo perdió la confianza del directorio un día después de enviar el correo electrónico a Leal -según comunicó la propia Universidad hace unos meses-, apuntó tras irse a una serie de falencias relacionadas con el incumplimiento de Estatutos de la corporación universitaria.

Según Leal, los problemas se originan en que el personero se negó a factorizar los créditos de los alumnos, a través de los cuales funcionaba -con precariedad- la institución y optó por solicitar un crédito, lo que se tradujo, afirma, en que los sueldos no pudieran pagarse.

La versión de Aramayo, contenida en su carta, es otra: se refiere a los problemas de legitimidad de la asamblea de la corporación universitaria; la negación a firmar los contratos de arriendo para la ELAP y OTEC; las faltas a los Estatutos en el funcionamiento de la Universidad; y los conflictos sobre la responsabilidad financiera.

La documentación, establece, entre otras situaciones, que durante los meses de enero febrero y marzo, las actas del directorio fueron negadas por parte del asesor Jurídico del Rector Luis Villazón, al Secretario del Directorio, Mauricio Weibel -quien renunció a su cargo al igual que otros seis directivos este año-, pese a que Weibel era el encargado de llevar las actas del directorio y la asamblea de la corporación; y que “en la reunión sostenida por la asamblea de la corporación, el miércoles 23 de abril a las 13.00 horas, el Presidente del Directorio informo sobre la falsificación de actas y firmas, aunque no entregó los detalles, por si sola esa presunción es lo suficientemente grave como para hacer una investigación detallada de las actas de nuestra corporación e iniciar como corporación todas las acciones legales que correspondan”.

En cuanto a los contratos de arriendo, destaca que “el antiguo directorio dio un poder a través de mandato al ex Rector Carlos Margotta, en que lo facultaba a firmar arriendos de inmuebles (entre otras cosas) y por razones que desconozco el mandato que se elaboró para nuestro actual Rector excluye varias de esas facultades, entre las cuales encuentra la de firmar arriendos de inmuebles. Esto constituye una falta del Presidente del Directorio ya que o no le tiene confianza al Rector (por lo que habría que cambiar al Rector), o por desconocimiento u omisión no da el poder dañando seriamente la capacidad de gestión de la institución. Esto podría constituir notable abandono de deberes”.

Respecto de la responsabilidad financiera, destaca que “el Rector, determinó durante la primera semana de noviembre, en una negociación con parte de las organizaciones estudiantiles matrícula gratis durante las dos últimas semanas de noviembre, periodo durante el cual se matricularon aproximadamente 2.000 alumnos, lo que significó una pérdida patrimonial de aproximadamente $366 millones, los cuales estaban contemplado en el presupuesto 2014 para el pago de remuneraciones. Esta decisión fue tomada contra lo indicado por la vicerrectoría de gestión y desconociendo los acuerdos alcanzados con los centros de alumnos de nuestra casa de estudios. Este tipo de decisiones que afectan gravemente al patrimonio de la universidad deben ser aprobados por el directorio y la asamblea de la corporación, lo cual no ocurrió”.

Relata además que el “rector negoció con don Andrés Pascal Allende, el finiquito correspondiente a su desvinculación, el cual legalmente era de aproximadamente $28 millones, pero él accedió a pagar una indemnización de $40 millones de pesos. Esto contrariando lo indicado por su asesor legal, Luis Villazon, el Director de Desarrollo de Personas y el Vicerrector de Gestión, lo cual generó una pérdida patrimonial a la universidad es de $12 millones de pesos”.

Sobre este último punto, Leal destaca que es el directorio el encargado de aprobar o rechazar una indemnización de ésta índole y que él, como ex rector, no tuvo nada que ver.

Lee la denuncia y la rendición de cuenta de enero de René Leal.