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El comité ejecutivo de la CUT comenzó ayer a las 10. Durante tres horas conversaron sobre el detalle del Proyecto de Ley ingresado el lunes al Congreso para “modernizar las relaciones laborales”, como ha señalado el Gobierno. Hubo cuatro puntos que preocuparon a los dirigentes: el de la representatividad en los pactos de adaptabilidad, el de los servicios mínimos, el de las causales de desafuero y la aplicación de la Ley un año después de publicada. Los últimos dos fueron particularmente preocupantes porque, según señalan, no se conversaron nunca en las reuniones que la CUT mantuvo con el Ministerio de Trabajo y Hacienda: “se incorporaron cosas que no fueron conversadas”, señala Nolberto Díaz, vicepresidente de la multisindical. Por esa razón ya pidieron una reunión con ambos ministerios, lo que podría marcar un nuevo quiebre en la negociación por la Reforma Laboral.

La Central tenía la intención de que la ley tuviera una tramitación con debate pero rápida y que a principios del próximo año pudiera entrar en vigencia. El proyecto, sin embargo, detalla que entraría en vigencia el 2017: “La presente ley, entrará en vigencia el día primero del décimo tercer mes posterior a su publicación en el Diario Oficial”. Tanto del Ministerio del Trabajo como de Hacienda se negaron a hacer comentarios, se trataría de una de las concesiones hechas al empresariado desde Hacienda, tal como el ministro Alberto Arenas había prometido cuando habló de “gradualidad” en la aplicación. “Para nosotros esto es inaceptable, es una pelotudez”, dice Díaz.

El otro punto de la reforma, y uno de los más preocupantes, según señala, es el aumento de las causales por las que un dirigente sindical puede perder el fuero. El actual artículo 290 del Código del Trabajo establece cuáles son las “prácticas desleales” y las sanciona con multas de entre 10 y 150 UTM. Entre estas prácticas está el acordar con el empleador el despido de algún trabajador que no haya pagado su mensualidad al sindicato, el negarse a dar curso a una queja de algún afiliado contra un dirigente, difundir información confidencial entregada por el empleador, entre otras. El proyecto de ley, modifica el artículo agregando otras prácticas e incluso castigando una con la pérdida del fuero.

La más importante señala que es una práctica desleal “el ejercicio de fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el procedimiento de negociación colectiva, especialmente si obstaculizara el ingreso para prestar servicios del personal directivo y de trabajadores no involucrados en la huelga”. Es precisamente esa la que “atendida la gravedad de la infracción”, es sancionada con “la pérdida del fuero sindical”, como se lee en el proyecto. Según señalan, el agredir o atacar a alguien ya es un delito sancionado por el Código Penal. Además, el artículo 160 del Código del Trabajo entrega razones por las que un contrato individual puede terminar sin derecho a indemnización y se relaciona a “conductas graves” por parte del trabajador. Por eso no habría necesidad de incluirlo como práctica desleal y causal de pérdida de fuero. Esto indicaría que acciones tan comunes en las huelgas como bloquear las entradas con trabajadores paralizados, música y cornetas, podría ser considerado una práctica antisindical.

Otro punto que no cae bien en la CUT es el que señala como práctica desleal “el incumplimiento del deber de proveer el o los equipos de emergencia que fueron concordados por las partes o dispuestos por la autoridad competente, según corresponda”, referido a los llamados “turnos de emergencia”.

“Esta es como una Ley Hinzpeter adentro de la ley laboral”, señala Arturo Martínez, secretario general de la Central. “Nos pusieron un marco legal como si nosotros fuéramos delincuentes”, agrega. Para él uno de los principales problemas es que “hay demasiada intervención del Estado. Se le entrega mucha participación a la Dirección del Trabajo que hoy no está a la altura del proyecto y que necesita una reestructuración profunda”. Agrega que temas como los servicios mínimos o los turnos de emergencia deben quedar a criterio de “la ética sindical. Si nosotros no somos delincuentes”.

Más allá de los contenidos, la principal molestia tiene que ver con que hubo ocho meses de reuniones y trabajo técnico entre la CUT y el Ejecutivo en que estos temas no se mencionaron:

“Escondieron mucho la pelota”, dice Martínez. Acusa que hubo una actitud poco trasparente de parte del Gobierno y que “la CUT no se merece ese trato, precisamente por la forma responsable en que se comportó”. Díaz también señala su malestar: “Una cosa es que no íbamos a estar de acuerdo con todo, pero otra cosa es no decirlo”. Para Martínez, esta es la principal razón por la que el ministro Arenas, contrario a lo que se ha dicho hasta ahora “ganó en esta reforma. Él y los empresarios. No creo que esté disconforme con el proyecto”.

Por eso ahora los esfuerzos de la CUT están puestos en coordinar la exposición que les dará el espacio de dos horas para exponer frente a la Comisión de Trabajo de la Cámara el próximo lunes: “Ahí vamos a valorar las cosas buenas que trae el proyecto”, señala Martínez. Se refiere al fin del reemplazo en huelga, a la titularidad sindical, fin del descuelgue, entre otras cosas. “Pero también vamos a reconocer los temas que pueden ser perjudiciales, sobre todo lo relacionado a este guiño al empresariado”, dice. Los detalles de la presentación los verán el jueves durante el Consejo donde también definirán las indicaciones que presentarán al proyecto. Por ahora, Nolberto Díaz dice que los sindicatos deberían aplazar las negociaciones: “Yo llamaría a postergar para después de que entre en vigencia la reforma, porque durante este año vamos a ver un aprovechamiento del empresariado para hacer convenios y ese tipo de prácticas que después no se van a poder hacer”.