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Poder

20 de Febrero de 2015

Diferencias en la Nueva Mayoría ante nombramiento de fiscal hijo del senador Montes (PS) en la arista SQM

Si bien la postura mayoritaria del oficialismo ha sido respaldar la decisión del Ministerio Público, hay quienes si bien destacan el profesionalismo de Andrés Montes, aseguran que "no es sano" que quede a cargo de la investigación, dado que "podría generar dudas en la opinión pública".

Por

fidel espinoza A1

Una serie de declaraciones divergentes entre parlamentarios de la Nueva Mayoría generó el nombramiento del abogado Andrés Montes -hijo del senador socialista Carlos Montes- como fiscal a cargo de investigar la “arista SQM” derivada del caso Penta, luego de que el Ministrador Público reorganizara la indagatoria.

El problema se origina dado que en lo asignado al persecutor está involucrada una ex asesora de prensa del también senador PS Fulvio Rossi, además de otros militantes oficialistas, entre ellos el hijo del diputado DC Roberto León.

Al respecto, el diputado PS Fidel Espinoza señaló en su cuenta de Twitter que si bien “el fiscal Montes es un gran fiscal, no es sano por ningún motivo que él quede a cargo de la investigación”.

Opinión distinta al presidente del partido, Osvaldo Andrade, quien aseguró que el cuestionamiento “es una tontería” y añadió que su nombramiento es “lo que corresponde”.

Misma linea siguió el PPD Felipe Harboe, quien destacando “el profesionalismo” de Andrés Montes dijo que conociéndolo no se inhibirá de indagar por su parentesco.

El diputado del mismo partido, Jorge Tarud, puso en relieve que el nombramiento es una decisión autónoma de la fiscalía y que a los parlamentarios no les compete “entrometerse en esto”.

Sin embargo, agregó a El Mercurio que “ciertamente, que sea hijo de un senador que es colega del senador Rossi, quien ha sido mencionado en este caso, podría generar dudas en la opinión pública”.

Consultado por The Clinic Online sobre las consecuencias de la decisión del Ministerio Público, otro parlamentario oficialista planeó: “Uno se pregunta si de verdad no hay ninguna lectura política en la Fiscalía o si el verano ha afectado el juicio de algunos”, misma fuente que aseguró que en el Ejecutivo no hubo conocimiento previo de la determinación.

Desde el Gobierno, el vocero Álvaro Elizalde manifestó que “esta es una decisión que fue adoptada por la fiscalía en el marco de su autonomía en un Estado de Derecho”, por lo que el Ejecutivo debe ser “muy respetuoso de los órganos autónomos constitucionales”.

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