Gajardo: el fiscal incómodo y el papelón del Ministerio Público

Gajardo no sólo era incómodo para la Alianza. En una de sus diligencias de Penta envió los antecedentes del ministro Undurraga al Servicio de Impuestos Internos a la espera de una denuncia que no llegó e intentó, cuando se dio cuenta de que Soquimich figuraba en los pagos truchos de campaña de Pablo Zalaquett, preguntar por el rol de esta empresa -lo que encendió las alarmas en el oficialismo-, pero ahí tampoco hubo luz verde. Entonces surgió el pago al exministro de Minería Pablo Wagner y se le permitió indagar la contabilidad de un mes en SQM: julio de 2009. Allí surgieron los políticos de la Nueva Mayoría, luego de lo cual la causa fue derivada.

Gajardo
“Uno se pregunta si de verdad no hay ninguna lectura política en la Fiscalía o si el verano ha afectado el juicio de algunos”, resume un parlamentario oficialista cuando es consultado sobre las consecuencias de la decisión del Ministerio Público de entregar la arista Soquimich del caso Penta -que involucra a parlamentarios de la Nueva Mayoría- al fiscal Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes, y poner al regional Alberto Ayala a la cabeza de las indagatorias sobre el holding Penta.

Según esta fuente, en el Ejecutivo no hubo conocimiento previo de la determinación -versión que es puesta en duda en la derecha- y, más aún, hubo molestia porque se generó un ruido innecesario para La Moneda en momentos en que el Gobierno busca reponerse del episodio amargo que generó el millonario préstamo del Banco de Chile, gestionado por Andrónico Luksic, a la nuera de la Presidenta. De hecho, al ser consultado por el tema, el portavoz Álvaro Elizalde reaccionó con evidente incomodidad y aseveró que “en un Estado democrático no corresponde que el Gobierno interfiera en una decisión de un organismo autónomo”

Pero más allá de si el Gobierno sabía o no de la decisión que comunicó anoche Solange Huerta, en términos concretos, asegura un diputado DC, el paso en falso podría convertirse en un zapato chino porque, tras todos los cuestionamientos a Montes “es muy difícil que él siga en el caso, porque tendría que estar dando prueba de blancura todos los días”.

En la oposición la versión es compartida. Si bien fuentes de la Fiscalía recalcan que fue una “señal de transparencia” el traspasar la causa Soquimich, ya que Ayala -jefe de Gajardo- trabajó por 12 años para el dueño de la empresa minera, Julio Ponce Lerou, en la entidad también admiten que hubo bastante tensión, y que a ello no contribuyó el poner énfasis en el comunicado de prensa de que Ayala sería el cabecilla de Penta.

Gajardo ayer salió a desmentir que se hubiera quedado sin respaldo. Adujo que “no es correcto que se me haya quitado el piso o que haya habido un golpe blanco” y explicó que no seguir con SQM es una decisión “correcta, porque dice relación con la inhabilidad del fiscal Ayala y es necesario que otro regional esté a la cabeza de la investigación (Andrés Montes)”.Durante la tarde, en tanto, se dirigió a la Fiscalía Centro Norte para “coordinar” los pasos a seguir con el fiscal José Morales, quien subroga a Montes.

La “coordinación” fue la salida que hubo en la Fiscalía para demostrar que no hubo quiebre, pero el daño en la opinión pública ya estaba hecho: la determinación fue sumamente comentada en las redes sociales y ayer hasta en el Metro los pasajeros comentaban “lo que le habían hecho al fiscal del caso Penta”.

Ayala, en tanto, argumentó que “no se ve mayor cambio, tengo que conversar con ellos (los fiscales) previamente. Se ha venido haciendo un trabajo bastante bueno desde el comienzo. Es un tema formal, nada más que eso”.
INCÓMODO

“¿A quién le hace caso Gajardo?”, se preguntaron una y otra vez los dirigentes de la UDI, en voz alta y en privado, durante 2014 cuando la bola de nieve del caso Penta no paraba de crecer y cada día se filtraban nuevos antecedentes sobre parlamentarios involucrados en la recepción de fondos del holding a través de boletas de terceros.

La interrogante no era casual: el partido de derecha buscaba una salida política a la investigación del jefe de los delitos de alta complejidad, pero ello sólo era viable si se daban garantías de hasta dónde iba a llegar Gajardo. Una y otra vez desde el gremialismo estimaron tener delineado el mapa por parte de Ayala a través de conversaciones informales -situación que él siempre ha negado-, pero Gajardo se encargaba entonces de avanzar en la causa y con ello eliminar cualquier atisbo de un pacto que salvara el pellejo a la tienda.

“Fue una época bien dura, porque aunque se sabía que podían aparecer antecedentes de otro partido, el pato de la boda era la UDI y Gajardo no nos soltaba. Nosotros no veíamos la misma actitud con figuras como el ministro (Alberto) Undurraga” rememora uno de los personeros implicados en la causa.

Pero Gajardo no sólo era incómodo para la Alianza. En una de sus diligencias Penta envió los antecedentes de Undurraga al Servicio de Impuestos Internos a la espera de una denuncia que no llegó. Además intentó, cuando se dio cuenta de que Soquimich figuraba en los pagos truchos de campaña de Pablo Zalaquett, preguntar por el rol de esta empresa -lo que encendió las alarmas en el oficialismo-, pero ahí tampoco hubo luz verde. Entonces surgió el pago al exministro de Minería Pablo Wagner y se le permitió indagar la contabilidad de un mes en SQM: julio de 2009. Ahí surgió que el hijo del diputado DC Roberto León, había entregando un documento por $2.500.000; una asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Mariela Molina, un documento por $4.444.444; y el exembajador Marcelo Rozas, militante DC y ex embajador, una boleta por $2.222.222. La esposa y el hijo de Rozas también tienen documentos implicados.

Luego, la historia es conocida: esta arista fue reasignada.

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