Ejército expreso su rechazo por el caso que involucra a un coronel y un cabo, ambos procesados y en prisión preventiva.
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Foto: Imagen de referencia
Parece que las factura truchas están de moda. Resulta que ahora hay un caso que se investiga en el Ejército, donde hay dos funcionarios investigados y detenidos por un fraude de unos $ 103 millones.
El asunto, que involucra a oficial de alto rango, se trata de facturas adulteradas por concepto de reparaciones ficticias de vehículos militares, recoge La Tercera.
“En el mes de abril de 2014, y como consecuencia del trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales, fueron detectadas irregularidades en el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios”, manifestó la institución a La Tercera.
Agregó que “esta situación irregular, que involucra a dos integrantes de la institución, fue informada inmediatamente a estamentos superiores”.
La investigación la lleva adelante la fiscal militar Paola Jofré.
Según La Tercera, la causa está radicada en la VI Fiscalía Militar y comenzó a ser pesquisada cuando un tesorero de institución castrense descubrió irregularidades. Esta situación ocurría en la unidad denominada Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).
“Se hizo una denuncia del Ejército, respecto de dos funcionarios públicos que estaban cometiendo fraude en relación con unas platas de la Ley del Cobre”, explicó la fiscal militar Paola Jofré.
La publicación agrega que los implicados serían un coronel (identificado con las iniciales C. M.) y un cabo (J. C. C), quienes habrían actuado en forma coordinada.
“Hasta ahora tenemos a esas dos personas, pero seguimos investigando (…). Ellos están confesos de 10 facturas, por las cuales los procesamos”, agregó Jofré.
Ambos involucrados “se encuentran en prisión preventiva y sometidos a proceso en calidad de autores de delitos de defraudación fiscal cometido por funcionario público y falsedad documentaria por la VI Fiscalía Militar de Santiago”, subrayó la institución castrense.
Si bien el procesamiento fue por $ 103 millones, la indagatoria arroja que el monto podría ser superior.
En la institución, en tanto, se indicó que “el Ejército expresa su más enérgico rechazo a esta situación y a todo tipo de acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente, al tiempo que contravenga los valores institucionales”.
“Una vez finalizada la investigación interna (ISA), -se añadió- no solo se adoptarán las medidas disciplinarias y administrativas correspondientes contra quienes resulten responsables, sino que se mantendrá un permanente apoyo a la investigación y al Consejo de Defensa del Estado, que se ha hecho parte en la causa”.