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Opinión

27 de Febrero de 2015

Columna: la pobre dirección del Ministerio Público

Todo indica que si se hubiese pensado exclusivamente en lo mejor para la investigación del caso Penta SQM se debió haber dejado en la dirección de la causa al fiscal Gajardo, o se le debió entregar a cualquiera de los múltiples fiscales competentes con amplia y exitosa experiencia en la investigación de causas complejas que existen al interior del ministerio público, en vez de crear un escenario que genera más cuestionamientos que certezas.

Mauricio Daza
Mauricio Daza
Por

sabas chauan
El sentido común indica que una causa en la cual se investiga a numerosos dirigentes políticos de todos los sectores por haber recibido fraudulentamente aportes económicos de dos de los grupos empresariales más importantes de nuestro país, debe estar dirigida por un fiscal con una comprobada competencia y experiencia en delitos complejos, el cual no tenga ningún tipo de relación o interés vinculado con las personas o entidades que puedan ser afectados por su indagación. Lo anterior, ya que más allá del régimen de inhabilidades formales establecido por la ley, una investigación de este tipo será objeto de un escrutinio público intenso, en atención sus implicancias para la legitimidad del funcionamiento de nuestro estado de derecho, lo que determina que se deba tener especial cuidado en resguardar la investigación ante cualquier tipo de cuestionamiento innecesario.

Por otra parte, el mismo sentido común indica que si existe un equipo investigador a cargo de un fiscal que reúne esas características y que ha logrado avanzar de manera concreta en la indagación, no debe ser cambiado a menos que existan razones poderosas vinculadas con el mejor manejo de la investigación, las cuales en todo caso deben ser transparentadas a la opinión pública con la finalidad de no afectar materialmente su desarrollo y credibilidad. Asimismo, ese justificado cambio debe recaer en un fiscal que reúna las calidades y competencias ya indicadas para llevar con éxito la investigación.

Es del caso que nada de lo señalado ha ocurrido durante las últimas semanas en el caso Penta SQM, donde la Fiscalia Nacional cambió sin ninguna explicación razonable al fiscal Gajardo de la dirección de la indagación, no obstante que hasta ese momento se observaba que avanzaba de buena manera y sin inconvenientes, para entregársela respectivamente a un fiscal sin experiencia en la dirección inmediata de causas complejas pero con la ambición de ser nombrado fiscal nacional este año, y al hijo de un senador de la coalición política a la que pertenecen varios de los destinatarios de aportes irregulares que habría hecho SQM. Frente a las justificadas críticas de esta impresentable actuación, hace algunos días el fiscal nacional decidió dar otro giro y autodesignarse en la dirección de las causas señaladas, poniendo dentro de su equipo a propio Gajardo.

En este punto cabe preguntarse cual es la razón real de peso para sacar a Gajardo de la dirección de la causa para después volver a colocarlo en una posición subordinada. Además no existe un explicación concreta sobre como el supuesto legal que le permite al fiscal nacional del ministerio público asumir una investigación criminal concurre en la causa PENTA SQM, si se considera que la norma del artículo 18 de la ley orgánica constitucional del ministerio público contempla tal posibilidad de manera excepcional sólo cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que las tareas de dirección de la indagación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos se realicen con “absoluta independencia y autonomía”. En este punto cabe hacerse una serie de preguntas relevantes: Porque los múltiples otros casos donde han existido autoridades investigadas no se utilizó esta facultad y en esta causa sí?. Que hechos concretos determinan que en el caso Penta SQM sea necesaria la intervención del fiscal nacional a cargo de la dirección de la investigación, para garantizar que se lleve con absoluta independencia y autonomía?. La intervención concreta de Sabas Chahuan dirigiendo esta investigación garantiza realmente una absoluta independencia y autonomía?

Desde ya, el que estemos en este escenario demuestra una pobre dirección al mando del Ministerio Público en relación a una causa trascendente, ya que con las injustificadas y poco transparentes decisiones que adoptó durante las últimas semanas, el fiscal nacional ha generado un escenario de cuestionamiento innecesario que ha desgastado una investigación importante que se desarrollaba de manera normal. Además, para tratar de arreglar la situación derivada de una resolución firmada por una subrogante pero necesariamente decidida por él, Sabas Chahuan se autodesignó a cargo de las dirección de una causa donde aparecen investigados grupos políticos y parlamentarios que integran el actual Congreso, donde el propio Chahuan está gestionando actualmente la obtención de más recursos, sin que paralelamente se establezcan controles externos efectivos a las decisiones del fiscal nacional sobre su uso. Además tendrá que intervenir en la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo sobre establecimiento de una carrera funcionaria para fiscales y trabajadores que ponga fin al sistema de designación potestativa de cargos y funciones por parte del fiscal nacional, y en el proyecto impulsado por él que establece una Fiscalia de delitos de alta complejidad, concebida como una suerte de ministerio público paralelo cuyo titular sería designado por el propio fiscal nacional, y el cual ha recibido fuertes críticas de la asociación de fiscales además de la federación de funcionarios del ministerio público, varios de cuyos dirigentes incluso han señalado de que se trata de una iniciativa cuyo trámite está siendo apurado por Chahuan a fin de poder nombrar antes del termino de su periodo a sus integrantes y así asegurar su continuidad y la de sus personas de confianza al interior de la institución.

Sin perjuicio de todo lo señalado, la autodesignación referida no parece ser la medida más adecuada para garantizar la integridad de la investigación, si se consideran las graves denuncias en contra de Chahuan hechas por altos ex funcionarios del ministerio público sobre su eventual participación en el caso metas, consistente en la falsificación de registros para mostrar como artificialmente cumplidas metas institucionales que tienen impacto en los bonos de gestión institucional que recibe el Ministerio Público anualmente. A lo anterior se suman las graves y reiteradas denuncias en su contra por abusos laborales, las que incluso llevaron a la Federación de Funcionarios de la Fiscalía junto con la ANEF a colocar una denuncia a la OIT, la cual fue recientemente acogida a trámite, debiendo el Estado de Chile responderla dentro de las próximas semanas; conflicto para el cual el actual fiscal nacional también requiere de apoyo político.

Todo lo anterior se da en un contexto en que no existe ninguna institución externa que pueda fiscalizar de verdad la actuación del fiscal nacional en el uso de los recursos cuya administración se le confía, habiéndose negado Chahuan de manera permanente a cualquier cambio en esta materia, lo que ha impedido indagar sobre los graves cuestionamientos realizados a su gestión.

Si todo lo anterior no fuera poco, Sabas Chahuan deja su cargo en noviembre, lo que determina que la continuidad de todos los cargos directivos de la institución, donde designó sin mayor justificación a innumerables personas de su círculo más cercano, podrán ser cambiados libremente por quien asuma en su reemplazo, lo que determina un interés objetivo del actual fiscal nacional en la persona de su sucesor, materia que debe ser decidida con intervención de la Presidenta de la República y del Senado, integrado por personas que aparecen como investigadas en el caso Penta SQM.

Asimismo, al establecer que el fiscal nacional es quien está a cargo de la dirección de una causa con claros ribetes políticos como Penta SQM, cuya indagación seria y consistente requiere de un tiempo extenso, se genera un efecto perjudicial en la designación del próximo fiscal nacional, ya que cuando la Presidenta y el Senado decidan sobre este nombramiento también lo estarán haciendo respecto de quien resolverá el destino del caso, lo que provoca una distorsión perjudicial e innecesaria en una designación trascendente.

Finalmente, tampoco parece razonable colocar a cargo de la dirección de una investigación compleja a una persona que se ha desempeñado los últimos 15 años en cargos más bien administrativos al interior del ministerio público, como lo son los de fiscal regional y de fiscal nacional, sin que haya participado en más de una década en una investigación criminal ni litigado en tribunales. Lo anterior no se ve compensado efectivamente por el hecho que se haga asesorar por un equipo que tenga las competencias de las que carece, ya que finalmente las decisiones más relevantes que definirán el destino de la investigación, las tomará el propio Chahuan.

Todo indica que si se hubiese pensado exclusivamente en lo mejor para la investigación del caso Penta SQM se debió haber dejado en la dirección de la causa al fiscal Gajardo, o se le debió entregar a cualquiera de los múltiples fiscales competentes con amplia y exitosa experiencia en la investigación de causas complejas que existen al interior del ministerio público, en vez de crear un escenario que genera más cuestionamientos que certezas.

En definitiva, toda esta absurda e innecesaria trama de cambios sucesivos de fiscales da cuenta de una deficiente dirección del Ministerio Público precisamente en una causa cuyo destino no sólo tendrá un impacto profundo en las partes que intervienen en ella, sino que también en la legitimidad de nuestro sistema de persecución penal y de nuestra democracia en general.

*Abogado. Magister Derecho Penal y Procesal Penal.

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