Columna de Juan Francisco Galli/ Operación Tokio: atacar los mercados ilícitos

Esta semana se conoció el resultado de una operación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur denominada Operación Tokio. El resultado: una organización criminal con largos tentáculos en Chile y en el extranjero desbaratada gracias al trabajo policial y de la fiscalía. La investigación comienza con un crimen muy publicitado. En julio de 2024, cinco personas morían asesinadas en una fiesta clandestina en Lampa. La fiscalía dio cuenta de presencia de drogas, armas y ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. De esa indagación deriva una arista importante. Una de las partícipes de la fiesta era mucho más que eso y en su celular se encontraron pruebas de una compleja trama delictiva que se escondía detrás de estos “carretes” ilegales.

Una organización criminal que extorsionaba locales comerciales en Bellavista para realizar eventos nocturnos en que el locatario extorsionado debía contentarse con el alcohol vendido y la organización se quedaba con todo lo demás: el cobro de entradas, la venta de drogas, la explotación sexual y toda otra prestación de servicios anexos que se dieran en el lugar. 

Luego venía la segunda parte de la organización: quienes recaudaban el dinero generado por las actividades ilícitas como la extorsión, luego las depositaban en cuentas corrientes de bancos chilenos y las remitían al extranjero a través de empresas ficticias o personas que “prestaban” sus cuentas bancarias.

De acuerdo a la información entregada por la fiscalía a la prensa, en total, en un período de tres años entre 2022 y 2025, transitaron por cuentas corrientes de los bancos Santander, BCI, BancoEstado, Falabella, Scotiabank y el Banco de Chile, más de 75 mil millones de pesos. Aproximadamente US$85 millones originados en ilicitudes de un peligroso grupo criminal circularon por el sistema financiero chileno sin ser detectados. Un ejecutivo del Banco Santander involucrado en la organización. Según lo señalado por el fiscal Barros, ninguna alerta preventiva del sistema financiero o de la UAF.

Tres implicancias de este caso:

Primero, la importancia de la creación y la implementación del Sistema de Seguridad Pública. La ley que creó el Ministerio de Seguridad estableció también la creación de un Sistema de Seguridad Pública. La señal era clara: garantizar la seguridad como bien público no es misión únicamente de la autoridad a cargo y de las policías, tiene que haber un enfoque de seguridad en casi todos los servicios públicos, incluso incorporando al sector privado y las municipalidades. El ministro Cordero avanzó decididamente en eso y en octubre de 2025 dictó el reglamento que establece todos los servicios, ministerio por ministerio, que pertenecen y deben contribuir a la seguridad. En este contexto, el sistema financiero es una parte relevante de la prevención en seguridad, porque tal como lo señaló el fiscal Barros, “esta es la única forma de tratar de destruir las organizaciones. No es solo deteniendo y encarcelando a los partícipes, que generalmente son las estructuras más bajas o medias, sino que derechamente seguir la línea de los dineros para que no lleguen a los líderes de la organización.”

Segundo, en 2003, como exigencia de la OECD para aceptar nuestro ingreso, se reguló en Chile el lavado de activos, se establecieron los delitos base de lavado y se creó la UAF.  Luego vinieron innumerables ampliaciones de esa norma y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas y de los ejecutivos que las lideran. Con ello surgieron consultores y modelos de prevención de delitos que pretendían justamente que las empresas previnieran que el desarrollo de sus negocios no se utilizara para la comisión de ilícitos. La Operación Tokio pone toda esta institucionalidad en cuestión. Las funciones preventivas no parecen haber funcionado, las alertas no llegaron oportunamente y nuestro sistema financiero fue utilizado por el Tren de Aragua para rentabilizar sus negocios ilícitos en Chile y remitir sus utilidades al extranjero. Y ya no lo podemos considerar un error aislado. En julio de 2025, las fiscalías de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos desarticularon otra red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que había logrado mover más de US$13 millones fuera del país a través de operaciones bancarias. Las instituciones bancarias y las públicas a cargo de su control, deben asumir un rol activo, identificar qué falló y tomar medidas para prevenir (y no solo para eximir a sus ejecutivos de responsabilidad).

Por último, quizás la implicancia más importante es que la violencia, los homicidios, la explotación sexual y cierta violencia extrema parece tener su origen en negocios ilícitos. El gran desafío que nos deja este caso es que además de investigaciones criminales profesionales, requerimos de una comprensión acabada del funcionamiento de los mercados ilegales. ¿Cómo funciona la oferta y la demanda? ¿Cómo funciona la economía ilegal? ¿Cuáles son sus mecanismos de cobro y cumplimiento? La estructura de cuatro niveles (recaudadores, “abonantes”, “presta-cuentas” y sociedades de fachada), el uso de criptoactivos, la extorsión a organizadores de fiestas para venezolanos, la explotación sexual de mujeres en situación migratoria irregular y las amenazas utilizando granadas, dan cuenta de un nivel de sofisticación organizacional que escapa a lo que conocíamos en Chile. Es justamente por esa complejidad delictual que hay que entender el mercado, no solo perseguir individuos. El Tren de Aragua es más que un grupo o una banda criminal, es el sustento fáctico de un negocio ilícito. Las cinco personas asesinadas en Lampa fueron la consecuencia visible de una disputa por el control de un mercado; mientras ese mercado siga siendo rentable, habrá quien dispute violentamente su control.