El motín que dejó en evidencia al sistema penal para inmigrantes en EEUU

Una semana después de producirse un motín en una cárcel privada del sur de Texas, los 2.834 presos que allí cumplían sus condenas ya han sido reubicados en otros establecimientos, pero el tumulto ha evidenciado las carencias del controvertido sistema penal estadounidense para inmigrantes.

El Centro Correccional del Condado de Willacy, foco de la protesta, es una de las 13 cárceles del sistema Exclusivo para Criminales Extranjeros (CAR), una red con capacidad para más de 25.000 internos a la espera de la deportación y presos, en su mayoría, por delitos migratorios (67 %) y tráfico de drogas (22 %).

Estos centros, seis de ellos en Texas, dependen de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), pero están gestionados por las corporaciones privadas Corrections Corporation of America (CCA), The GEO Group y Management and Training Corporation (MTC), esta última la encargada del penal amotinado.

Por los consejos de administración de estas tres empresas han pasado varios exfuncionarios del sistema federal de prisiones durante los últimos años, como es el caso de Harley Lappin, actual vicepresidente de CCA y director del BOP entre 2003 y 2011.

El motín en el Centro Correccional del Condado de Willacy, ubicado en el municipio de Raymondville, cercano a la frontera con México, empezó el viernes de la semana pasada cuando cerca de 2.000 internos tomaron el control de las instalaciones usando cuchillos de cocina y tuberías como armas.

Los reos protestaban por la falta de atención médica en el centro y el motín se alargó hasta el sábado en la noche, después de que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se hicieran cargo de las negociaciones con los líderes del motín.

Durante esos dos días, los presos quemaron tres de las diez unidades que componen el penal y los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación quedaron desmantelados, por lo que la prisión quedó “inhabitable”, según el propio BOP, y todos los internos fueron reubicados en otros centros.

El proceso terminó este sábado, según confirmó Issa Arnita, portavoz de MTC, con el traslado de los presos a “otras instalaciones del sistema federal de prisiones de la región”, aunque “por razones de seguridad” no especificó cuáles.

Hace menos de un año, la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) publicó un informe en el que alertaba de que el penal de Willacy estaba saturado y los presos vivían en condiciones de hacinamiento.

El informe de ACLU recogía el testimonio de varios internos que denunciaron insalubridad, alimentos en mal estado y abusos por parte de los guardias.

Uno de estos presos, Sergio, dijo entonces: “Tienen a demasiada gente aquí. A veces huele mal. Algunos incluso hablan de quemar el lugar. Es que no hay suficiente espacio para todos nosotros, a veces me vuelve loco”.

La advertencia se cumplió el pasado viernes, cuando algunos de los presos quemaron tres de las unidades que componen el penal, unas tiendas de Kevlar de 60 metros de largo en las que duermen unos 200 reos hacinados en literas.

“Un levantamiento era predecible, teniendo en cuenta cómo el BOP hace la vista gorda ante el maltrato y los abusos a los que son sometidos los prisioneros en su lucrativo sistema penal para inmigrantes”, afirmó en un comunicado Carl Takei, abogado de ACLU.

Su colega Terri Burke, directora de ACLU en Texas, agregó que el centro de Willacy “representa todo lo malo de criminalizar a la inmigración y del uso, por parte del BOP, de empresas privadas para operar un sistema en la sombra con fines de lucro”.

Esta cárcel abrió en 2006 como un centro de detención para inmigrantes dependiente del Departamento de Seguridad Pública, aunque en 2011 cerró por denuncias de abusos sexuales y reabrió al cabo de un mes bajo el paraguas del BOP y dentro del sistema Exclusivo para Criminales Extranjeros.

“Este sitio es duro para nosotros y nuestras familias. Ellos no saben lo que sufrimos, cómo nos tratan sin respeto y que a veces faltan mantas o comida. No se lo contamos, no quiero que mis hijos me vean así”, explicó Vicente, otro de los presos entrevistados por ACLU en 2014.