Penta-presos: la señal de la Corte que sepultó al “choclo” Delano y Lavín

Penta-presos: la señal de la Corte que sepultó al “choclo” Delano y Lavín

El tribunal de alzada dejó en prisión preventiva a los dueños de Penta, al ex subsecretario Pablo Wagner y al ex SII y cerebro del fraude al FUT Iván Álvarez. Con arresto domiciliario a Hugo Bravo y al ex contador del grupo Marcos Castro. El gran perdedor -por segunda vez- fue Julián López el defensor de “los Carlos” y el ganador el fiscal Carlos Gajardo. La decisión de ayer marcó un hito en la investigación.

A_UNO_499359 (Al abogado de "los Carlos", Julián López, no se le movía un músculo) La señal que entregó ayer la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque en voto dividido, tiene un sólo alcance: validó totalmente los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en la formalización del 4 de marzo pasado. Y lo hizo porque la única modificación sobre las medidas cautelares de prisión preventiva fue en favor del ex director de Penta Hugo Bravo y el contador Marcos Castro. De estar en el anexo capitán Yaber, cumplirán el arresto en su domicilio las 24 horas. Estos últimos, cabe recordar, están formalizados por lavado de activos, soborno y delitos tributarios. De esta manera, además, la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, reconoció que es la fiscalía la que determina la “colaboración sustancial” de los imputados, desechando la decisión del magistrado del Octavo Juzgado de Garantía que había acogido la solicitud de prisión preventiva para Castro y Bravo formulada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Sin embargo, el golpe más duro y que confirma con mayor rigor la indagatoria que lleva el fiscal nacional Sabas Chahuán y Carlos Gajardo, es mantener en la cárcel a los dueños del grupo Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes enfrentan cargos de soborno y delitos tributarios reiterados. No son los únicos que continuarán tras las rejas. Seguirán acompañándose en el penal para sujetos de baja contaminación criminógena, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, también formalizado por lavado, cohecho e ilícito impositivo y el cerebro del fraude al FUT, el ex SII Iván Álvarez. JUICIO MEDIÁTICO Los alegatos de ayer, fueron una jornada de casi ocho horas atendido la gran cantidad de intervinientes. Comenzó con Julián López, el abogado de “los Carlos”. En sus argumentos sostuvo lo mismo que en el juzgado de garantía. Que no existió soborno, que han reparado con celo el mal causado al devolver más de 6 mil millones a las arcas fiscales, toda vez que no son “un peligro para la sociedad” y recalcó el currículum social y de blancura de los empresarios. Eso sin mencionar que Délano y Lavín, a su juicio, no sabían qué hacía Hugo Bravo a sus espaldas. Y al final, como ha sido su teoría del caso, insistió en que sus clientes cayeron en los tentáculos del sistema y la excesiva -a su juicio- publicidad y mediatización de la indagatoria. Y les dijo a los jueces: “Vengo a pedir que mis representados no sean juzgados por su condición social, convicciones y creencias". Esta última frase sería considerada por los magistrados horas después. Katherine Lathrop, patrocinante de Hugo Bravo centró su razonamiento en dos puntos: que la fiscalía había reconocido la colaboración de su cliente desde el primer día y que el encierro -aun cuando es atendido en el hospital penitenciario- podía afectar seriamente su ya alicaído estado de salud, ya que sufre una avanzada diabetes. De allí que la cana era innecesaria. Sebastián dal Pozzo, el abogado de Wagner, junto con señalar que su cliente no debía estar en prisión preventiva, porque tenía arraigo social y no había peligro de fuga, solicitó el cambio a arresto domiciliario. En la misma línea estuvo Rodrigo de la Barra, patrocinante del ex contador Marcos Castro. El abogado de Álvarez, Sergio Rodríguez Oro, no sólo criticó el actuar de Gajardo, sino que además aprovechó la oportunidad de compararlo con un interrogador de la inquisición. BOLETAS FALSAS DÍA POR MEDIO Para el caso del Ministerio Público, esta vez alegó sólo Gajardo, aún cuando en la sala estaba el fiscal nacional Sabas Chahuán que asumió la investigación en su totalidad hace unas semanas. Los jueces Juan Escobar, Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Mauricio Decap, escuchaban atentos. Conocido es que Gajardo siempre guarda un as bajo la manga. Esta vez no fue la excepción. Y refiriéndose a los delitos tributarios que recaen sobre “los Carlos”, dijo: "Son 1.065 documentos falsos que se incorporan a la contabilidad de Penta. Día por medio se incorpora una boleta falsa", apuntó. Haciéndose cargo de los dichos de López sobre el supuesto desconocimiento de los hechos, remató: "La defensa nos quiere convencer que Délano y Lavín no sabían lo que pasaba con sus empresas. Ni siquiera sabían lo que hacían sus cónyuges. Esa manera de argumentar es inadmisible y no puede ser creída en un tribunal". Para el caso de Wagner insistió en que era coimeado cuando era subsecretario de Minería a través de una fórmula falsa del pago de un finiquito hecho a la medida. También aprovechó la oportunidad para subrayar que si de mediatización y publicidad de la causa se trataba, aseguró que la fiscalía nunca ha dado una entrevista sobre el tema. “Fueron los abogados defensores los que se pasearon por todos los canales de televisión esta semana, no los fiscales”, explicó. Por último resaltó que “los Carlos” actuaron como una verdadera banda criminal, que nunca se había visto algo similar en Chile, que la reiteración de los delitos hacía necesaria la prisión de los imputados porque eran un peligro para la sociedad, toda vez que las penas que arriesgaban podían ser de cárcel. A continuación le siguió el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII) Benjamín Rios. Junto con recordar que no se trataba de irregularidades tributarias, como ha sostenido López, insistió en que lo que estaba acreditado eran “delitos”. Asimismo, aseguró que las únicas personas que habían recibido beneficios económicos por toda la maquinaria defraudatoria en que se había convertido Penta, fueron Lavín y Délano. En tanto, el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña y el querellante del PS, Enrique Aldunate, siguieron los argumentos de Gajardo, pero se opusieron a que se revocara la prisión preventiva a Bravo y Castro y se mantuviera la decisión de primera instancia. Sumatoria Al principio de la audiencia el ministro Escobar, quien fungía como presidente de la sala, había señalado que todos los intervinientes tendrían quince minutos y luego cinco para las réplicas. Los únicos que tuvieron 30 fueron López atendido que patrocinaba a dos imputados y Gajardo que debía resumir los meses de investigación. Pues bien, llegado el momento de las réplicas, los abogados insistieron en lo que habían argüido. Sin embargo, tres de ellos destacaron. Lathrop, insistiendo que “los Carlos” querían cargarle la mata a su defendido: “Aquí parece que nadie sabe nada más que Hugo Bravo”. López en tanto se quejó que el Ministerio Público hubiera sumado la totalidad de las boletas -más de 1.600- y se las imputara a Délano y Lavín, toda vez que insistió en que la proyección de una eventual pena indicaba que enfrentarían una condena sin cárcel. Fue esa frase que Gajardo aprovecharía después, citando un documento realizado por López con la “prognosis” de las sanciones que podrían enfrentar los dueños del holding. "La propia defensa dice su señoría, que la pena debería ser de 3 años y 800 días, ¿y cuánto es eso? Son cinco años y más de 100 días", remató. Ni un músculo Terminada estas alegaciones, Escobar explicó que era el momento de deliberar para resolver y fallar. Fue cerca de media hora de espera. El nerviosismo de todos los intervinientes se hacía sentir. Y cuando convocó, la atención de la prensa fue hacia los televisores que el Poder Judicial, junto a grandes parlamente, había instalado en el pasillo del palacio de tribunales. Acomodado ya en su silla, Escobar improvisó un razonamiento haciéndose cargo de lo dicho por López respecto a que no fueran consideradas las características sociales de “los Carlos” y que el fallo se apegara a derecho. A López no se le movía un músculo, cuando escuchó la frase: "Este tribunal no tiene en consideración la condición socioeconómica de los imputados, ni su creencia religiosa ni filosófica". La señal era clara. De inmediato Escobar dio a conocer la decisión de revocar la prisión preventiva de Castro y Bravo y modificarla a la reclusión domiciliaria total. En todo caso, su colega Pfeiffer, en su voto de minoría sostuvo que Bravo debía seguir en cana. Su dureza como juez en este tipo de casos quedó refrendada. Tácitamente su razonamiento fue que Bravo pertenecía a la misma línea delictual de los dueños de Penta. Y cuando Escobar siguió con Délano, Lavín, Wagner y Álvarez, Escobar enfatizó su tono de voz para señalar que todos seguirían en prisión preventiva. El fallo, en todo caso, fue por dos votos contra uno. El disidente fue el propio Escobar. En su decisión de minoría, citando al Quijote de la Mancha, indicó que la libertad era uno de los valores más importantes de la humanidad y de los hombres. López seguía con su rostro neutro. Era segunda vez que fracasaba en estrado. La sala, además, mantuvo el arresto domiciliario total para el ejecutivo de Penta Manuel Antonio Tocornal y el nocturno al fiscalizador del SII Juan Martínez. Gruesos muros Terminada la lectura no hubo aplausos ni risas. Sólo alegres comentarios en sordina entre periodistas y camarógrafos porque los imputados seguirían presos. “Por fin un poco de justicia”, comentó un reportero de televisión. Luego de abandonar la sala, López diría frente a las cámaras que solicitarían la revocación de las medidas cautelares las veces que fuera necesario para que sus clientes caminen libremente por la calle. Chahuán valoró la resolución, Piña del CDE dijo que habría preferido que Bravo siguiera preso. De la Barra salió rápidamente del edificio y Lathrop hizo breves declaraciones sobre el acertado criterio de la Corte de reconocer la colaboración de su cliente. Ambos debían llegar pronto al penal a buscar, respectivamente, a Castro y Bravo. Este último abandonó el lugar con el rostro demacrado y hasta el cierre de esta edición, sus abogados buscaban que el arresto fuera cumplido en una clínica por la descompensación que sufrió. Con todo, la señal de los ministros quedó clara. No importa la clase social ni los recursos económicos. Eso no es óbice si una persona ha cometido un delito. La igualdad ante la ley es, a contar de ayer, la marca indeleble del caso Penta y los gruesos muros de la cárcel y la estadía como reo, lo que separa a Délano, Lavín y Wagner de la preciada libertad. Esa misma de la que hablaba El Quijote.
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