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-He escuchado rumores sobre Soquimich como para hacer una película. Lo concreto es que en el parlamento hay nerviosismo y ganas de un acuerdo político-, destaca el diputado Vlado Mirosevic (27) sobre cómo se mueven los tentáculos del gigante del litio en el Congreso y el partido de ajedrez que la empresa de Julio Ponce Lerou ha estado jugando para evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de los últimos seis años de la compañía.

El último movimiento de Soquimich fue el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que ayer paralizó por una semana la petición que hizo el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, al Octavo Juzgado de Garantía para allanar la empresa por sospechas fundadas de delitos tributarios, cohecho, apropiación indebida y contrato simulado. La acción se da en momentos en que cualquier ilícito cometido en 2009, sin acción penal de por medio, prescribirá en abril.

-Es bastante lamentable, porque mientras la investigación se dilata, probablemente hayan menos pruebas disponible, es bastante atentatorio contra la investigación- dispara el legislador que pertenece a la generación sub 30 de políticos que irrumpió en la Cámara de Diputados en la última elección y que espantó a los veteranos por no usar corbata y exigir cambios “descabellados” como transparentar el financiamiento de las campañas.

Sin embargo, el discurso de Mirosevic, que en su minuto fue rupturista, hoy es el natural en un Congreso tan golpeado por casos de corrupción que hasta la UDI -el partido símbolo del financiamiento irregular a través del holding Penta- se ha mostrado dispuesto a legislar y eliminar, por ejemplo, los aportes reservados.

-Antes del caso Penta, con Giorgio Jackson presentamos indicaciones en el debate sobre el binominal para que se eliminaran los aportes de empresas. Nos fue mal. Hoy el escenario en el Congreso es distinto: todas esas cosas que hace seis meses no tenían piso, hoy se dan por hecho. Osvaldo Andrade, por ejemplo, nos criticaba y hoy está en la misma línea. No es muy honesto de su parte, pero me alegra, porque se da por hecho que vamos a legislar para que las empresas no donen y por terminar con el secretismo en las campañas. En el fondo, la frontera se corrió con el caso Penta.

Fuiste el martes al Servicio de Impuestos Internos, con Giorgio Jackson y Camila Vallejos, a pedir que el SII se querellara contra SQM, ¿por qué crees que no ha habido alguna acción en esa línea?
La querella original del SII era amplia, era de 2009 a 2014. Pero después de que aparecieron personeros de la Nueva Mayoría, bajaron, a la semana siguiente, la querella al mes de julio 2009 y lo que estamos pidiendo es que vuelvan a la querella original, que se investigue, porque no puede quedar la sensación de que se está haciendo un encubrimiento, que se está queriendo tapar una parte de la investigación. La fiscalía está con ganas de investigar, probablemente tiene antecedentes fundados. Y hoy está quedando la sensación de que no puede investigar por discrecionalidad política y eso es raro. Independiente de que haya parlamentarios de la nueva mayoría, el Servicio no puede guatear, sobre todo porque hay también gente valiosa, René Saffirio, Claudio Arriagada, peleando en sus partidos para que el SII se querelle por SQM.

El TC acogió el recurso de SQM, en la práctica se paraliza la indagación.
Es bastante lamentable. Si hoy la justicia lo está haciendo bien en el caso Penta no hay razón para que SQM no se investigue. Lo peor es en un momento de crisis, de legitimidad, es esconder la basura debajo de la alfombra. Al menos yo no voy a ser cómplice de un acuerdo político para cubrir estos casos, por eso fuimos al SII, y vamos a seguir hinchando las pelotas para que se investigue a Soquimich, porque desde antes del caso Penta hemos creído que el financiamiento de la política está en el centro, porque de lo contrario tenemos un Congreso capturado por intereses económicos que financian campañas para tener cierta protección.

¿En qué se traduce esa “protección”?
Denunciamos que existe una negociocracia. Lo vimos en la ley de pesca. Quienes financian la política, ponen la música, ponen las reglas del juego, ven hasta dónde puede llegar la legislación, hasta dónde se los tiene que proteger. Lo que hay que hacer es darle independencia de los parlamentarios y aunque sea impopular creo, de verdad, que el financiamiento de la política debe ser de parte del Estado, porque si no ganan los que tienen más recursos, los que tienen de su lado a las empresas. Creo en las posibilidades más igualitarias de competir, no como hoy en que el que pone el dinero, decide lo que se legisla. El financiamiento público es la manera de saltarnos a los Penta, a los Soquimich, y que estos gallos no controlen el Congreso.

Con la mala reputación que tienen hoy los parlamentarios, ¿crees que tienes algún piso?
Lo voy a defender igual, antes y después del caso Penta. Las democracias sanas lo que hacen es financiar la política porque saben que los Penta y los Soquimich abundan. Me refiero a empresas que financian a la izquierda y la derecha porque lo que buscan es comprar protección en el Congreso. Hoy es un mal momento para decirlo, pero yo lo creo y creo que debe ir acompañado por cierto con medidas como la posible destitución de parlamentarios.

Eso se ha planteado por ejemplo respecto de los parlamentarios vinculados al caso Penta -Moreira, Von Baer, De Mussy-, por las dudas sobre legitimidad que tienen hoy para legislar.
La legitimidad de ellos es poca, muy poca. Alguien publicó que cada semana votábamos al menos cinco leyes que tienen relación con quien los financió de manera irregular, es decir, van a tener que estar absteniéndonse de manera permanente. Lo mejor sería dar un paso al lado, pero no pueden hacerlo porque la Constitución no los deja. Por eso propusimos con Marcos Enríquez el domingo el referendum revocatorio, para que la ciudadanía los pueda mandar para la casa. Necesitamos un mecanismo para solucionar estos temas. En Chile hemos tenido una derecha y una izquierda ultra conservadora que no ha querido modernizar la democracia. Tenemos la Constitución de Pinochet.

Mencionaste el tema de que el que pone las lucas, pone la música. Ernesto Silva, sin embargo, afirmó que respecto de las isapres, por ejemplo, en su caso había una defensa de ideas que compartía.
Sí, claro…jajaja.

¿No es creíble?
Para nada. El caso de Ernesto Silva es el mejor ejemplo de cómo esta élite chilena es tan pequeña y homogénea que el tráfico de influencia es algo normal. Es algo tan aceptado durante tanto tiempo que se confunde con las ideas propias. En lo de la ley de isapres se mezclan los interes de una empresa con las ideas de un partido que los representa a cabalidad, es decir, se ponen de acuerdo en los argumentos que se van a dar en contra de la ley. Hay que sacar lecciones más allá de Ernesto Silva, y legislar no a través de arreglines.

¿Sabes de algún caso tan grosero como el de las Isapres y Silva?
Sí, a mí me pasó con el software libre y con microsoft. Los de Microsoft me dijeron en la cara que ellos se han opuesto a este tipo de iniciativas por mucho tiempo y que por eso los proyectos como el mío no habían visto la luz ni la iban a ver. Y después Daniel Farcas presenta un proyecto contrario al nuestro. Entonces ¿es legítimo que las empresas representen sus puntos de vistas ante el Congreso? Sí, pero deben hacerlo en un marco muy regulado, sino se afecta el interés general. El software libre iba a ahorrarle al Estado $26 mil millones al año y no paso nada, entonces es claro como estas cosas afectan la vida de todos los chilenos.

Otro caso que causa revuelo es el préstamo a la nuera de la Presidenta, ¿crees que es verdad que ella no sabía de la transacción?
Es factible que no hubiera sabido, pero igual, todo el caso Caval es una tremenda frescura. Es un negocio inmobiliario especulativo que se aprovecha de la desregulación que existe sobre el tema del suelo. Además el tráfico de influencias es evidente: si él no hubiera sido el hijo de la Presidenta, no hubiera podido acceder ni a ese negocio ni a ese crédito.

¿Te sorprendió?
No hay de qué sorprenderse. Hace rato que las redes familiares funcionan así en Chile, no sólo en el caso Caval, sino en la élite. Hay cierta normalidad en usar las redes de poder para que a alguien le vaya bien en la vida. Me alegra que esto ahora se sepa, que podamos legislar, que regulemos también el paso del mundo público al privado, donde los reguladores de industrias pasan después al otro lado. ¿Qué es lo de Pablo Wagner si no es eso?

Pablo Wagner es como el niño símbolo de las malas prácticas.
Claro, él por años fue empleado de una empresa y cuando se va a trabajar al Estado lo hace en una especie de comisión de servicio. Él mimso lo explicita cuando dice algo así como “voy, pero vuelvo a trabajar para usted”. Eso es terriblemente peligroso para la democracia, debe existir una regulación porque no pueden los grupos económicos infiltrar al Estado para obtener ciertos beneficios.

Lo raro es que al parecer para nadie de Penta ni para Wagner era extraño recibir un sueldo extra.
Es porque esta élite es tan odiosamente homogénea que el tráfico de influencia le es natural, ven al Estado como un instrumento para que les vaya aún mejor en los negocios, en la vida. Entonces la gente va al Estado para obtener ciertos beneficios y le sigue prestando servicios al verdadero el patrón. Entonces creo que más allá de putear en twitter, debemos hacernos la pregunta en serio respecto de hasta dónde se pueden usar las redes de amistades e influencias para que nos vaya mejor en la vida.